‘Ninis’ sin noticias de las oficinas públicas de empleo

Erika es de Barcelona, tiene 26 años y es licenciada en Literaturas Comparadas por la Universidad de Granada. Tiene también un máster en edición digital de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) y cuando terminó de estudiar estuvo algo más de un año buscando empleo. Como muchos jóvenes, al primer sitio al que acudió fue a las oficinas del Servicio Público de Ocupación de Cataluña (SOC), pero le sirvió de poco. “Pasaron meses sin que me llamaran para nada. Luego me enviaron algunas ofertas que no se correspondían con mi currículum o exigían experiencia que no tenía”, explica esta barcelonesa, que asegura que en este tiempo también recurrió a diario a los portales habituales de búsqueda de empleo e intentó, sin éxito, hacer cursos de formación del SOC.

Desde mayo del año pasado Erika tiene un empleo en una empresa de autoedición de libros ¿Quién la ayudó a encontrar este trabajo? “Mi hermana me habló de unos cursos subvencionados que realizaba Fomento del Trabajo (la principal organización empresarial catalana incluida en CEOE): uno sobre personal branding (para mejorar la marca personal) y otro de community manager; los hice y me sirvieron bastante”. Pero fue acudiendo a estos cursos cuando vio que desde esta misma organización la podían ayudar a hacer la propia búsqueda de empleo. “Me entrevisté cuatro días durante una hora con una orientadora profesional y fue ella quien que me enseñó a buscar trabajo, que es un trabajo en sí mismo”, dice Erika, aunque suene a tópico.

“Solo cuatro horas centradas en lo importante bastaron para que yo aprendiera cómo buscar trabajo y lo encontrara”, insiste esta joven. El caso de Erika es uno de los que forma parte una de las pocas evaluaciones académicas que se han hecho sobre el papel de los servicios públicos de empleo en la búsqueda de trabajo en general y, en particular, de uno de los colectivos más difíciles de colocar: los jóvenes que, por las circunstancias que sean en cada momento, ni están estudiando ni trabajando, conocidos como ninis.

Los investigadores de la Universidad de Girona Óscar Prieto-Flores, Omeed Agahi y María Isabel Pell han puesto cifras a este drama juvenil. Estos tres académicos han formado parte del proyecto TR@CK-IN, cuyo objetivo ha sido ofrecer un modelo de evaluación de la efectividad de los Servicios Públicos de Empleo en la activación en general de jóvenes de entre 25 y 29 años que ni estudian ni trabajan y, en particular, en entornos rurales. Los resultados de esta investigación, que ha sido presentada esta semana en Bruselas, no dejan precisamente bien parados a estos servicios regionales (ni al estatal, que debe evaluarlos para hacer el reparto de las políticas activas, pero que no ha facilitado las cifras de intermediación de estos servicios).

Investigación europea

El estudio, que se ha realizado a través de convenios con el SEPE y los servicios regionales que han participado, ha analizado los apoyos recibidos por estos jóvenes por parte de sus oficinas públicas de empleo simultáneamente en los seis países europeos con tasas de paro juvenil más altas: Portugal, Italia, Estonia, Lituania, Bulgaria y España. Así, para evaluar la efectividad de estos servicios con los ninis de más edad, se formaron dos grupos de trabajo. El primero, en colaboración con el SEPE y cinco servicios de empleo autonómicos —Aragón (INAEM); Andalucía (SAE) Cataluña (SOC); Castilla La Mancha (Empleo JCCM); y Asturias (Trabajastur)—, consistió en contactar con más de 6.700 jóvenes (de 24 a 29 años) inscritos en estas oficinas, resultando que 3.385 eran ninis, a los que se dirigió un cuestionario sobre su relación con los servicios de empleo de sus respectivas comunidades; y seis meses después, un segundo cuestionario, con el que evaluar su situación pasado ese tiempo y el papel que habían tenido dichos servicios. El segundo hizo un seguimiento más exhaustivo de jóvenes concretos en tres zonas rurales de Cataluña, Andalucía y Extremadura.

“Nos interesaba ver el grado de activación de estos jóvenes —explica Oscar Prieto-Flores, uno de los coordinadores de este estudio— y observamos que, en general, el 60,5% de los jóvenes que eran ninis en el primer contacto ya se habían activado seis meses después”. Esto significa que estaban trabajando o bien realizando alguna actividad formativa. Esto podría explicar que España registrara en 2022 la tasa de ninis más baja de su historia, un 12,7% de quienes tenían entre 15 y 29 años, solo un punto más que la media comunitaria, según las últimas cifras cerradas de Eurostat.

Sin embargo, dicha activación no se produjo en la mayoría de los casos por la interacción de los servicios públicos de empleo, sino por la propia iniciativa del joven u otros canales de búsqueda de empleo y formación. De hecho, el dato más llamativo de esta investigación es que el 58,1% de los jóvenes afirman no haber sido contactados por estas oficinas durante los seis primeros meses inscritos en los que se llevó a cabo el estudio, o incluso desde que se registraron más tiempo atrás. Esto significa que prácticamente seis de cada diez no recibieron en todos estos meses ni una oferta de empleo ni de formación del servicio público, algo que contraviene de lleno los compromisos de España con Bruselas, ya que “de acuerdo con el Sistema de Garantía Juvenil plus, los servicios públicos de empleo tienen que haber ofrecido trabajo o cursos formativos a los jóvenes, especialmente a los ninis, en el plazo máximo de cuatro meses”, explican los autores del estudio.

Esta desconexión se concentra en mucha mayor medida en las comunidades más pobladas. Por ejemplo, en Andalucía el porcentaje de ninis que dijo que no había recibido noticias de las oficinas de empleo de su territorio rozó el 70% y en Cataluña superó el 60%. Mientras que en el caso de los jóvenes consultados en las comunidades menos pobladas que participaron en el estudio, estos porcentajes se invirtieron. En Aragón, aquellos que sí recibieron una oferta de empleo o formación en el plazo estudiado fueron el 60,3%; en Asturias, el 62,7%; y en Castilla-La Mancha, el 62,7%.

El plan andaluz

En el Servicio de Empleo de Andalucía (SAE) —donde han facilitado la realización de este estudio, al igual que en el resto de las comunidades que han participado en esta evaluación— son muy conscientes de esta situación. Por ello, llevan ya dos años desplegando un nuevo modelo de atención integral a las personas demandantes, pero también para las empresas, explica la secretaria general de Empleo Público y Formación de la Junta de Andalucía, María Victoria Martín-Lomeña, responsable del SAE, quien hace mucho hincapié en que la Administración tiene que mirar también al sector empresarial para mejorar los grados de intermediación pública entre ofertas y demandas.

El SAE ya ha hecho los cambios pertinentes por el lado de los demandantes, a los que aplica un sistema de perfilado individual con dos objetivos: ajustar más a sus aptitudes y experiencia las ofertas de empleo que se envían desde las oficinas y, por otro, ofrecer formación de la que carezca el parado, pero pueda ser útil para encontrar empleo en su zona, por ejemplo, porque exista una alta demanda de otras profesiones. Si bien, falta que este año se termine de implementar este modelo, “adecuando, entre otras cosas, el lenguaje administrativo y las ofertas a las necesidades de las empresas, que requieren de mucha más rapidez y de acciones más diligentes a la hora de facilitarles los candidatos”, indica Martín-Lomeña.

Pero donde se ha evidenciado más la falta de eficiencia de la gestión pública en materia de intermediación en el empleo es en los entornos rurales. Para ello, se llevó a cabo la segunda parte de este trabajo, que ha puesto de manifiesto que el porcentaje de jóvenes que vive en zonas rurales y que no fueron contactados por las oficinas de empleo se elevó al 62%, frente al 51% de las áreas urbanas. Es más, los jóvenes que habitan en el campo español y pequeñas localidades, explican los autores de esta investigación, también reciben menos ofertas de formación, ya que el 17% dijo haberlas recibido frente al 24% de los jóvenes urbanos.

Experiencia en el Pirineo

Albert tiene ya 30 años, pero hace más de dos que perdió su empleo y decidió acudir a las oficinas del Servicio de Ocupación de Catalunya, donde “en los dos años que estuve cobrando la prestación, me llamaron solo tres veces y nunca me cuestionaron que rechazara esas ofertas, ni me quitaron la ayuda”, asegura. Además, cuenta que él se había apuntado en una primera ocasión, cuando tenía 18 años, y las tres ofertas que le ha remitido más recientemente tenían que ver con la formación y experiencia que dijo tener entonces, a pesar de que informó a los funcionarios de que debían cambiar su currículum, explica muy decepcionado.

Este joven catalán, que ya ha optado por el autoempleo en una explotación agrícola, habita en Sant Romà d’Abella, un pequeño pueblo leridano de unos 40 habitantes y participó en esta segunda parte del estudio de la Universidad de Girona centrada en la problemática del entorno rural. En conversación telefónica con este periódico relata su “nefasta” experiencia buscando empleo o formación con los servicios públicos: “Además de no enviarme ofertas adecuadas, tuve que estar yo detrás de ellos para pedirles cursos de mecánica que necesitaba para la maquinaria del trabajo en el campo y los tuve que buscar yo en la web del SOC. Mi sorpresa fue que lo que encontré en Tremp (la localidad más poblada cercana a su pueblo, con unos 5.000 habitantes) fueron solo dos cursos de turismo y uno de sanidad”. Su búsqueda no cesó ahí, y el SOC terminó ofreciéndole el curso que pedía, pero en Lleida, de cuatro horas diarias durante seis meses y presencial, algo incompatible con sacar adelante su explotación agraria.

”Lo primero que debían ofrecer los servicios públicos es cursos relacionados con las actividades de la zona. Además del turismo en los Pirineos y el hospital, esta área es fundamentalmente agraria y tendría que haber formación en actividades como mecánica o energías renovables, que serían de gran utilidad”, opina Albert, quien además cree que podrían ponerse en marcha soluciones como profesores itinerantes para entornos rurales, o cursos intensivos en fines de semana si se necesitara desplazamiento; e incluso concertar el uso de instalaciones en centros educativos reglados. Y es que este estudio ha detectado un problema común a las zonas rurales de toda España: la regulación de la formación para desempleados exige que los centros cumplan unos estándares de tamaño, y maquinaria u otro tipo de infraestructuras, además de ratios en el alumnado, que difícilmente pueden cumplirse en zonas poco pobladas.

Ante esto, este joven catalán no anda desencaminado con las propuestas que sugiere, porque desde el propio servicio público al que él acudió sin éxito están empezando a ponerlas ya en práctica. Así lo explica el subdirector de Ocupación juvenil y cualificación del SOC, Miquel Carrión: “En la zona de Pallars —a la que pertenece el pueblo de Albert—, por ejemplo, no hay centros que cumplan los requisitos para realizar algunos de los cursos necesarios en esta área, por eso hemos firmado un convenio con la red pública de Institutos para hacer un proyecto piloto que de soluciones en lugares como este”. Se trataría, según explica este responsable, de hacer una especie de centros de formación itinerantes, en los que instalar los equipos o maquinaria que se requieran de forma temporal, durante un año, por ejemplo, y luego trasladarlos a otra zona.

Carrión, asegura además, que las cifras de intermediación del SOC son muy bajas porque también existe una red de otro tipo de entidades, que colaboran con los servicios de empleo, como asociaciones, ONG o ayuntamientos, entre otros, que también ofrecen empleo y formación a los jóvenes. Por ello, muestra especial interés por conocer los perfiles de ese 40% de jóvenes que, según el estudio, aún no se han activado pasados seis meses, ni a través de los servicios de empleo ni por su cuenta. “Ese colectivo es al que más queremos llegar ahora”, concluye.

Dicho todo esto, los servicios públicos de empleo tienen también una cara amable y efectiva. La muestra el caso de Daniel, un joven programador de 21 años proveniente del campo extremeño, que ahora vive en Badajoz y que también ha participado en esta investigación académica: “He tenido mucha suerte, a los pocos días de estar inscrito en la oficina de empleo, ya me llamaron para trabajar en mi sector en un buen empleo en el que estoy ahora”. Aun así, asegura, por lo que ve en su grupo de amigos, “si te quedas en el campo, ahí solo se encuentra trabajo si tienes una red de contactos muy pegada al terreno”.

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