Los impuestos a la riqueza impulsan a repartir mayores dividendos

Beneficios y dividendos suelen ir de la mano: cuando una compañía va bien y gana dinero acaba repartiendo parte de las ganancias entre sus accionistas. ¿Y puede que el pago de impuestos influya en la cantidad de este pastel? En algunos casos, sí, según un estudio recién publicado que analiza el comportamiento de más de 4.300 empresas cotizadas de 26 países europeos. El documento concluye que, cuando hay un generoso incremento en el precio de las acciones, los pagos de dividendos son mayores si los socios tienen que abonar algún gravamen sobre el patrimonio. Un fenómeno que suele darse con mucha más intensidad en las empresas donde la propiedad está muy concentrada y los socios poseen las acciones de manera directa, de acuerdo con el trabajo Individual Wealth Taxes and Corporate Payouts (Impuestos sobre el patrimonio individual y pagos corporativos, en castellano). Esta dinámica, a su vez, va aparejada a un menor nivel inversiones tras el reparto de beneficios.

“Nuestra evidencia es coherente con la hipótesis de que un número importante de accionistas principales que enfrentan necesidades de liquidez debido a impuestos sobre el patrimonio inducen a sus empresas a aliviar estas necesidades distribuyendo una cantidad anormal de dividendos”, señala el estudio, elaborado por Gaizka Ormazabal (IESE), Raùl Barroso (IESEG School of Management) y Donald N’Gatta (MDE Business School). Por ejemplo, en las compañías cuyos directivos se enfrentan a un aumento del gravamen sobre la riqueza, los dividendos son aproximadamente un 3,5% superiores.

El trabajo académico analiza el impacto de los impuestos sobre el patrimonio en los dividendos y la inversión en Europa en un arco temporal de casi dos décadas, de 2000 a 2017. Las 4.381 empresas que forman parte de la muestra, objeto de 39.503 observaciones totales a lo largo del periodo, pertenecen a distintas ramas, desde la agricultura a la biotecnología y la industria química, excluidas las sociedades financieras y las que ofrecen servicios públicos, ya que sus políticas de dividendo son muy distintas a las demás por su alto nivel de regulación.

“Si el precio de la acción sube mucho, automáticamente el patrimonio del accionista crece y puede enfrentarse a un problema de liquidez para pagar el impuesto” sobre la riqueza, explica por videollamada Gaizka Ormazabal, profesor del IESE y coautor del estudio. “La causalidad es siempre difícil de demostrar con las estadísticas. Para ver si nuestra tesis es creíble, enfocamos el análisis en cada empresa y vimos la evolución en el tiempo de su comportamiento para asegurarnos de que no había factores terceros que podían mover los dividendos o las acciones. El fenómeno se observa de forma particular en las empresas familiares —en el sentido de que la propiedad está concentrada en las manos de un solo individuo o de pocas personas de la misma familia—, en inglés llamadas closely held, y en empresas en las que las personas físicas tienen una propiedad directa de las acciones”.

“Las empresas familiares son particularmente sensibles a los impuestos sobre el patrimonio, ya que la riqueza de sus accionistas mayoritarios está estrechamente ligada al valor de mercado de la empresa”, concluye el documento. “Esos pagos”, añade, “reducen el efectivo disponible para inversiones rentables”, lo que a largo plazo puede comprometer la salud de la compañía.

Más incidencia en el norte

El impuesto sobre el patrimonio ha sido derogado en muchos países en los últimos años, aunque la discusión en torno a su conveniencia está más que viva. La pandemia ha servido de mecha para volver a encenderla y la crisis energética le ha echado encima más gasolina. España es, hoy en día, el único Estado de la UE que mantiene un tributo a la riqueza en su totalidad —dos, en realidad: el autonómico sobre el patrimonio y el estatal a las grandes fortunas—. Otros países, como Francia, lo tuvieron en el pasado y lo han suprimido. En el espacio europeo, también Noruega y Suiza cuentan con un tributo a los más ricos.

El trabajo de los tres economistas no baja al detalle de cada país, salvo para cuantificar el número de compañías que forman parte del estudio y su tipo —en el caso de España son 128 sociedades, de las cuales 68 tienen una propiedad muy concentrada y 19 están catalogadas como empresas familiares—, pero Ormazabal afirma que, a la luz de los datos manejados, se pueden trazar diferencias geográficas. El hecho de que suban los dividendos cuando los accionistas se enfrentan a una considerable alza fiscal es más frecuente en los países del norte, como Noruega. “Es posible que sean más estrictos en materia impositiva. En Francia y en España el efecto es menos pronunciado”, señala, una circunstancia que puede estar vinculada con la existencia de herramientas exentas del pago del impuesto sobre el patrimonio.

El docente, sin embargo, puntualiza que esta dinámica puede estar subestimada en términos generales, porque solo tiene en cuenta un canal, por importante que sea, a través del cual el impuesto de patrimonio afecta a las decisiones empresariales: los dividendos. “Es solo un tipo de activo financiero. Los contribuyentes pueden tener bienes inmuebles, fondos... Si hay un subidón del mercado inmobiliario puede incrementar el patrimonio y ser necesaria más liquidez para pagar el impuesto”.

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