La asociación de grandes propietarios de alquiler intenta fichar a la ex número dos de Vivienda

La Asociación de propietarios de vivienda en alquiler (Asval) quería que su próxima presidenta fuera Isabel Pardo de Vera, quien en la anterior legislatura ocupó el puesto de secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Era, por tanto, la número dos del ministerio donde recaían las competencias en Vivienda. Según ha adelantado El Confidencial, y confirman fuentes conocedoras del proceso, el nombramiento debía producirse el próximo 20 de diciembre. Ese día Asval celebrará una junta de representantes y una asamblea con sus más de 6.000 asociados (entre los que destacan grandes fondos de inversión propietarios de viviendas como Blackstone). Pero el revuelo causado tras conocerse la decisión ha causado que esta rechace esa posibilidad, según han indicado fuentes de su entorno a Cinco Días.

El nombramiento estaba pendiente de un escollo. Como Pardo de Vera ha ocupado un cargo público recientemente, es necesario que para fichar por una organización privada la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, se pronuncie sobre una posible incompatibilidad. La solicitud a la oficina gubernamental había sido enviada y estaba pendiente de informe, pero fuentes al tanto del proceso relacionan la decisión con la probabilidad de que ese pronunciamiento fuera negativo.

Pardo de Vera dimitió el pasado 20 de febrero como secretaria de Estado en el marco del escándalo de los trenes de cercanías para Cantabria y Asturias. Cuando Renfe solicitó a los fabricantes unos convoyes que, por las dimensiones especificadas, no podían caber en los túneles de la red de ancho métrico, Pardo de Vera ocupaba la presidencia de Adif, la compañía pública que gestiona las líneas ferroviarias y en la que tiene una plaza como empleada pública a la que podría reincorporarse si lo solicitara. Los trenes nunca llegaron a fabricarse porque se descubrió en el proceso de diseño, pero el asunto provocó una tormenta política en plena precampaña de las elecciones autonómicas, que hizo que los presidentes asturiano (el socialista Adrián Barbón) y cántabro (Miguel Ángel Revilla, del PRC, quien perdería en los comicios de mayo) pusieran el grito en el cielo.

Desde su creación en 2020, la presidencia de Asval la ha ostentado Joan Clos, exalcalde socialista de Barcelona y exdirector ejecutivo de ONU-Hábitat. En el entorno de la asociación se señala que el relevo de Clos se decidió en buenos términos, tras la reflexión por parte de los asociados de que “hacía falta un cambio”. Aunque formalmente Asval está abierta a todos los propietarios de vivienda de alquiler en España, y de hecho cuenta con muchos caseros particulares, la organización fue impulsada por fondos de inversión con miles de casas como Ares y Blackstone. La asociación presta asesoramiento jurídico y otros servicios, pero de facto funciona también como un lobby de defensa de los intereses de los arrendadores y correa de transmisión de sus propuestas.

Su némesis son los sindicatos de inquilinos, que tras conocerse el asunto se han apresurado a denunciar “las puertas giratorias entre el gobierno y la patronal inmobiliaria”. En un comunicado, el Sindicat de Llogateres catalán y su homólogo de Madrid han asegurado que el posible nombramiento de Pardo de Vera era “intolerable” y “un verdadero insulto para los millones de personas que viven ahogados por los abusivos precios del alquiler”. Y añadían que les parecería “ilegal” porque la ley “establece que los altos cargos no pueden prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado durante los dos años siguientes a la fecha de su cese”.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal