Hacia el federalismo fiscal

La Constitución de 1978, lo más sensato que ha construido este país en el último medio siglo, habla de comunidades autónomas para referirse a las entidades políticas que forman parte de un modelo de estado que en todas partes se denomina federal. En España, la participación de los gobiernos autónomos en el ingreso y, sobre todo, en el gasto público total se aproxima cada vez más al de países federales como Alemania, Austria o Bélgica. De facto estamos en un sistema federal, aunque pendiente de completar. En todas partes, la construcción de modelos federales ha sido un camino lento basado en pactos.

En España el sistema de financiación de las autonomías vigente fue acordado en 2009. Significó un importante paso adelante consensuado. Tenía que haberse renovado en 2014 y desde entonces se encuentra bloqueado, lo que ha agravado las tensiones políticas territoriales.

En un reciente acto organizado por el Ayuntamiento de Vilassar de Mar (Barcelona) se celebró un diálogo sobre La reforma de la financiación de las Comunidades Autónomas: la enésima oportunidad, en recuerdo del 23 aniversario del asesinato de Ernest Lluch. Intervinieron dos de las personalidades con más conocimiento sobre la materia: el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia Francisco Pérez García, y la profesora titular del departamento de Economía de la Universidad de Barcelona Maite Vilalta. Sus mensajes fueron nítidos. Pérez García: “No se puede menospreciar lo que se ha conseguido en este país” y “la retirada de Catalunya de las negociaciones multilaterales ha sido un desastre”. La profesora Vilalta experta en el sistema federal canadiense recordó que hay que “en Canadá han tardado 100 años en construir su sistema”.

Una guía útil para entender dónde estamos en la descentralización del estado y su comparación internacional es el esclarecedor libro Models de finançament. Una inmersió rápida. Sus autoras, Vilalta y Núria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona, sintetizan los principales fallos de nuestro sistema: falta de transparencia, (“los ciudadanos no disponen de la información adecuada, ni saben identificar qué pagan a quién y qué reciben de quién”); deslealtad institucional, (“no se cumple lo pactado, por ejemplo, todavía no se ha producido la revisión quinquenal del modelo”) y falta de estabilidad, (“los recursos que corresponden a los gobiernos autonómicos y que proceden de la Administración central son transferidos mediante anticipos hasta que, al cabo de dos años, se liquidan definitivamente, y esto da lugar a un complicado procedimiento de pagos a cuenta que provoca poca estabilidad y con frecuencia problemas de tesorería a las haciendas autonómicas”).

Como se aprecia, las dificultades no están en inextricables cálculos matemáticos sino en aspectos tan básicos como la transparencia y la lealtad que dependen de la voluntad política. El federalismo ha resuelto este tipo de problemas eficazmente en muchos países a base de pactar y esto implica que todos tienen que ceder.

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