¿Por qué un Estado federal?
En torno al federalismo y al modelo de Estado federal se está hablando últimamente con excesiva ambigüedad y, en muchas ocasiones, con verdadera frivolidad. En otras, y desde planteamientos que compartimos en buena medida, como impulsores del reforzamiento del poder político de las autonomías, se incurre en la contradicción de defender una fórmula de federalismo cooperativo, que llevaría en la práctica, según nuestra interpretación del término, a una delegación en los. entes autónomos de la capacidad de ejecución, pero no de la de desarrollo legislativo.La confusión que casi siempre origina la utilización del término federal, cuando nos referimos al modelo de Estado, no es, sin embargo, casual y gratuita. Su raíz cabe encontrarla tanto en la actitud egoísta de un nacionalismo conservador, incapaz de asumir el compromiso de solidaridad que Sustenta el modelo federal, como en la falta de coherencia de una izquierda centralista y burocratizada, que, sin embargo, traslada el término federal al seno de sus organizaciones políticas, sin asumir el compromiso de respeto a la libertad de todos los pueblos, que constituye también la esencia de este modelo de Estado.
Conviene explicar, por tanto, desde la congruencia de la nueva izquierda progresista y radical que auspiciamos, cuáles son las ideas-fuerza que sustentan el modelo de Estado federal; por qué optamos por esta fórmula de organización política. para nuestro país y cómo será posible alcanzar este objetivo en el marco de la Constitución española.
Federación es pacto. Pacto efectivo y duradero entre iguales y libres, para asumir un proyecto común y solidario. Pacto que, sin renuncia a la personalidad, intereses y expectativas propias de los pueblos, implica una cesión de parte de sus soberanías en un ente surgido de la fusión de éstas, el ente federal, como instrumento eficaz para la resolución de las diferencias y en el contexto de una política equilibrada y decidida entre todos.
La libertad, la solidaridad y el pacto entre los pueblos constituye, por tanto, el sustrato ideológico del modelo de Estado federal. Modelo claramente lejano a la fórmula de la confederación, aunque a veces se utilizan indistintamente, con evidente error. No es lo mismo federación que confederación. Confederarse es agruparse, unirse sin pérdida alguna de soberanía, para resolver problemas comunes; no implica, pues, un pacto político en sentido estricto, ni un proyecto solidario; aunque bien es cierto que la confederación entre pueblos ha propiciado posteriormente, en ocasiones, la federación, como es el caso de la Confederación Helvética.
Ese acercamiento generoso entre los pueblos, ese fundirse en un compromiso que desde la libertad supera las barreras del individualismo defensivo constituye el mejor proceso de vitalidad y participación democrática que pueden asumir todos los pueblos de España en este momento histórico. Por ello optamos desde la nueva izquierda por la fórmula del Estado federal.
La estructura federal que propugnamos no está reñida con las precisiones y el propio mensaje implícito en el Título VIII de la Constitución Española de 1978. En realidad, la única forma de dar un sentido al Estado de las autonomías consiste en crear las condiciones de una organización federalizada, en el sentido de considerar que no se trata ya de discutir concesiones del Gobierno central a las autonomías.
Las decisiones del poder político
La idea de concesiones debe ser sustituida por la de un sistema federal, en el que los distintos niveles se interrelacionen mediante verdaderos pactos. Del mismo modo, las autonomías no pueden ser simplemente un estrato administrativo más, entre la esfera central y las provincias, con todo lo que de duplicaciones y derroche comporta esta concepción. Por el contrario, han de ser instancias para transmitir a todo el tejido social, en su nivel territorial, las decisiones del poder político y de la capacidad administrativa, en todo lo que no sea necesariamente decisión a nivel general (asuntos exteriores, defensa, etcétera).
Y, sin embargo, existen serias dudas de que el modelo autonómico camine en esta dirección. Hay que insistir en el hecho de que, a pesar de la descalificación rotunda que de la LOAPA hizo el Tribunal Constitucional, despojándola de sus pretendidas categorías de ley orgánica y armonizadora, hoy su espíritu pervive con terquedad mediante todo tipo de mecanismos. Y de seguir así las cosas, las perspectivas se concretarán aún más si cabe. En primer lugar, estaremos perdiendo la oportunidad histórica de transformar radicalmente la administración heredada, haciéndola más eficaz y realmente más próxima al ciudadano. Por otro lado se están ya duplicando administraciones miméticas sin contenido político; y, por último, vemos día a día cómo se esfuman las expectativas de una mejor y más democrática distribución del poder político y, sobre todo, delimitar el crecimiento, ya asfixiante, del poder real de la burocracia, que seguirá imperando en los tres niveles básicos de la Administración del Estado.
Si de verdad queremos avanzar hacia el Estado federal, tendremos que actuar decididamente en tres frentes claramente complementarios entre sí.
Primeramente será necesario tejer socialmente un consenso que refleje la preferencia social y la voluntad generada entre todos los pueblos de España para ir a la implantación del sistema federal. En esta línea será fundamental recuperar la doctrina federalista, principalmente en cuanto que, en el proyecto de configuración del Estado, es preciso plantear el pacto eficaz y duradero, basado en la igualdad entre partes y su libertad, y no en conciertos parciales posibilistas a corto plazo.
En segundo término, será preciso adecuar la estructura jurídica y política de las organizaciones que se pretenden federales a los principios e ideas básicas. al inicio comentadas, que conforman la idea de federación. Llamarse federal y no serlo es bastante más que una frivolidad. Por otra parte, no parece creíble que se pueda alcanzar un modelo de Estado federal desde una praxis política contrafederal.
En tercer lugar, es necesario simplificar la Administración, tendiendo hacia pocas estructuras orgánicas y a la diversidad de dependencias funcionales. Pero eso hay que hacerlo, como viene reiterando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, dotando a cada ente de todas las competencias propias y exclusivas que sean necesarias para la satisfacción de sus intereses respectivos. En este sentido, convendrá interpretar la Constitución y los estatutos de autonomía, con la inspiración permanente de sus preámbulos, para que así tengamos poderosos instrumentos de avance democrático y progreso. Asimismo, será necesario profundizar en la política de transferencias, concretando los legisladores autonómicos y estatales el valor práctico de los principios de prevalencia y supletoriedad, y acabando con las técnicas legislativas complejas, que, en el fondo, posibiliten el mantenimiento del poder a quien no le corresponde, y retrasándose sine die la inaplazable reforma de la Administración central. Habrá que avanzar hacia un mayor equilibrio y capacidad económica de los tres niveles de interés, ampliando cuantitativa y cualitativamente las competencias y la gestión de los poderes locales. Todos los entes autonómicos deberán asumir el mayor nivel de competencias políticas, manteniendo el poder central la definición de los proyectos comunes; y sólo la capacidad de gestión para la aplicación práctica de la política en las materias básicas derivadas de los principios del pacto federal, y no de acuerdos circunstanciales o de reticencias jacobinas.
Por último, cabría exigir una nueva asignación de tareas al Senado, como auténtica Cámara de representación territorial, donde, además de entender de todas las disposiciones que afectan al poder autonómico, se controlase la gestión del poder central, desde el, punto de vista de quienes delegan por parte de sus recursos y soberanía para un quehacer solidario y progresista. De esta forma estaríamos desarrollando nuestras cartas magnas con un método federal, en el que sería necesario también institucionalizar conferencias sectoriales, entre los departamentos autonómicos y central, más que para coordinar desde arriba, para complementar racionalmente ambas actuaciones.
Desde el federalismo de la nueva izquierda que auspicia la Federación Progresista ofrecemos estas reflexiones como aportación a un debate político necesario.
