Países Bajos se despide de su joya gasística entre temblores

Un terremoto de 3,6 grados en la escala de Richter sacudió Huizinge, una localidad de 129 habitantes en la provincia de Groningen (noreste de Países Bajos), en la noche del 16 de agosto de 2012. Fue el temblor más fuerte registrado hasta la fecha en la región, inducido por la extracción de gas natural. Situado a tres kilómetros de profundidad, en esa zona se encuentra el mayor yacimiento europeo de su clase. En uso desde 1963, es la joya de la corona del suministro holandés de energía y ha financiado en gran parte el Estado de bienestar. Sin embargo, el colapso de la capa de arenisca de la que se obtiene el hidrocarburo —una operación a cargo de las petroleras Shell y ExxonMobil— ha provocado desde 1986 más de un millar de movimientos telúricos. Hasta este domingo, la fecha escogida por las autoridades para cerrar la válvula, que solo podrá reactivarse de haber una ola de frío. En 2024 el campo será desmantelado.

Concluyen así seis décadas de actividad que han generado en total, ajustada la inflación, cerca de 429.000 millones de euros de ingresos. El coste humano es de otra índole. El pasado febrero, la comisión parlamentaria encargada de investigar los seísmos señaló que el Gobierno y las petroleras primaron los intereses económicos y Países Bajos “tiene una deuda de honor con Groningen”. “Debe a sus habitantes dinero, perspectivas de futuro y atención”, señalaba un informe. El Ejecutivo ofreció 22.000 millones de euros repartidos en 30 años, y un organismo oficial atiende las demandas por desperfectos materiales y el sufrimiento padecido por la población. Comparados con otros seísmos, estos parecen pequeños. Pero el efecto es mayor porque no ocurren a mucha profundidad y el suelo es arcilloso.

Con una superficie de 900 kilómetros cuadrados, y descubierto en 1959, el yacimiento servía también para exportar gas a Bélgica, Francia y Alemania. En Groningen, aunque no ha habido que lamentar víctimas mortales, el estrés causado, la pérdida de valor de los inmuebles y las diferencias en las compensaciones recibidas por los vecinos han dañado el tejido social. Es una historia de largo recorrido con una señal de alerta temprana, en 1986. Ese año se produjo el primer terremoto, y poco después un geógrafo social, Meent van der Sluis, alertó de que podía deberse a las extracciones. “Tanto el Gobierno como las petroleras refutaron su teoría y, aunque a partir de 1993 admitieron una posible relación con daños pequeños, la seguridad solo se tuvo en cuenta con la arremetida de Huizingen”, explica, al teléfono, Coert Fossen, experto en gestión del suelo y presidente de Groninger Bodem Beweging (GBB por las siglas neerlandesas de Movimiento por la Tierra de Groningen). Esta organización regional que agrupa a 4.000 socios y afectados.

Los temblores se producen en una llanura con granjas y casas, muchas centenarias, habitadas por vecinos de varias generaciones y otros llegados en busca de tranquilidad y cercanía a la naturaleza. Hasta la fecha, se han presentado cerca de 400.000 informes de desperfectos y han sido demolidas 880 casas. Se estima que pueden llegar a ser 3.300. En el inventario hay unos 27.000 inmuebles necesitados de inspección. También hay 101 escuelas que no se consideran seguras y nueve ya derruidas. Por otra parte, alrededor de 20.000 residentes tienen problemas de salud debido a la situación, y uno de cada diez se siente inseguro en su hogar, según el GBB. “Casi todo el mundo en la zona tiene problemas, y a los retrasos en las ayudas se suma la inquietud mientras esperas el siguiente golpe”, asegura Fossen.

Para Merel Jonkheid, portavoz del GBB y también vecina, el efecto sobre los niños es muy grande. “Cuando hay que reparar una casa, tienen que mudarse y pierden su entorno y no están con sus amigos”, apunta. “Para los mayores también es duro. Y encima necesitan manejar el ordenador para las solicitudes y no reciben el apoyo necesario”. El Ministerio de Economía y Clima señala que “quedan por reforzar 13.000 casas y el ritmo actual debe triplicarse para completar esta labor en 2028, como está previsto”. Dado que las diferencias de presión en el terreno “siguen causando fracturas a niveles profundos, el número de terremotos disminuirá, pero se notarán incluso después del cierre del 1 de octubre”, añade.

La localidad de Overschild, de unos 500 habitantes, es una de las más perjudicadas. A 15 kilómetros de Groningen, la capital de la provincia del mismo nombre, cerca del 80% de sus edificios serán echados a tierra. “Si la situación ya es mala, los cambios operados en el cálculo de perjuicios y riesgos han enrarecido el ambiente vecinal porque no todos reciben la misma suma”, explica Fossen. Mientras una familia puede tener una casa nueva, otra, con deterioros similares, solo percibe un refuerzo. “Eso crea fricciones innecesarias. Yo he tenido grietas en las paredes, escapes de agua en el sótano y ladrillos rotos”, asegura.

En la Asociación Eigen Huis (Mi propia casa) que tiene miles de miembros con problemas, describen el malestar de este modo: “La sensación general es que los habitantes del oeste del país [donde se concentra la riqueza y las grandes ciudades] se ha beneficiado durante décadas de la extracción del gas de Groningen, mientras que el norte ha soportado la mayor parte de la carga”. En esta organización resaltan la lentitud de la Administración en abordar los casos, y añaden el hecho de que muchos de los daños se detectan en los cimientos, “y esos raramente se compensan”.

Un lucrativo negocio

En 1959, las reservas originales de gas de Groningen sumaban 2,8 billones de metros cúbicos. Shell calcula que quedan ahora 500.000 millones de metros cúbicos. Hay además otros 240 yacimientos pequeños, en tierra y en el Mar del Norte. En el denominado “edificio del gas”, donde se planifica el suministro para el país, colaboran el Gobierno holandés —que decide cuánto debe obtenerse— y la empresa pública de energía, junto con Shell y ExxonMobil. Las dos multinacionales participan, a partes iguales, a través de la Sociedad Holandesa del Petróleo y el Gas (NAM, en su acrónimo neerlandés) y son las extractoras.

Hace diez años, cuando la tierra tembló en Huizinge, el Servicio de Supervisión Estatal de Minas, organismo regulador, aconsejó reducir la extracción porque los seísmos podían ser mayores en el futuro y provocar víctimas mortales. La advertencia fue analizada por representantes del Ministerio de Economía y también de NAM. El Ejecutivo, sin embargo, decidió correr el riesgo. “Debo prolongar la inseguridad ciudadana un año más. Lo asumo y me hago responsable”, dijo Henk Kamp, ministro de Economía en 2013, causando enojo y asombro a partes iguales entre la población damnificada.

Las cifras que sostenían sus palabras son abultadas. El Tesoro holandés ha invertido los beneficios del gas de Groningen en infraestructuras, educación, sanidad o seguridad social. Concretamente, el yacimiento ha reportado 363.700 millones de euros para el Tesoro y 64.700 millones para los accionistas de las multinacionales, según los datos confirmados por el Ministerio de Economía. El recuento de los terremotos es igualmente grueso: desde 1986 ha habido en la provincia más de 1.600.

En 2015, el Gobierno holandés acordó limitar la explotación anual a 30.000 millones de metros cúbicos. En septiembre de 2022, se anunció que los almacenes de gas del país estaban llenos y eran suficientes para dar respuesta a los cortes impuestos por Rusia debido a las sanciones por la guerra en Ucrania. Ese mismo año, el Instituto Nacional de Meteorología constató 52 temblores de diversa intensidad en la región. “Bajaremos a cero este año y en 2024 será el final: desmantelaremos los pozos y los cegaremos con cemento”, ha declarado Hans Vijlbrief, secretario de Estado de Minas. Pero en Groningen, tras décadas de demandas ignoradas, desconfían: “En noviembre habrá elecciones y un nuevo Gobierno. ¿Quién nos asegura que mantendrá la decisión?”, se preguntan en el GBB.

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