El Gobierno holandés y las petroleras primaron los beneficios del yacimiento de Groningen sobre la seguridad de la población

El Gobierno holandés y las compañías petroleras Shell y ExxonMobil antepusieron los intereses económicos a las necesidades de los habitantes de la provincia de Groningen, al norte de Países Bajos, donde la explotación de un yacimiento de gas natural causa seísmos. A esta conclusión ha llegado una comisión parlamentaria, que ha calificado de “fallo sin precedentes del sistema”, el hecho de que el sector público y privado incumplieran sus obligaciones en busca del mayor rendimiento económico. Desde 1986, ha habido en la zona más de 1.600 sacudidas de tierra de hasta 3,6 grados de magnitud en la escala de Richter. Unos 85.000 edificios han resultado dañados, pero solo un 30% de las casas han sido apuntaladas. “Países Bajos tiene una deuda de honor con Groningen y debe a sus habitantes dinero, perspectivas de futuro y atención”, dice el informe.

El yacimiento holandés es el mayor de Europa, y su explotación comenzó en 1963. Desde entonces, ha proporcionado más de 363.700 millones de euros al Estado. Shell y ExxonMobil explotan a medias la veta, y la empresa que lo gestiona (NAM, en sus siglas neerlandesas) recibió 64.700 millones de euros en dividendos para sus accionistas, en cifras confirmadas por el ministerio de Economía. Según el informe presentado ahora, “la gente no fue escuchada a tiempo, y los ministros del ramo recibieron información inadecuada sobre los riesgos de la extracción”. “El Congreso tampoco dispuso de todos los datos e incumplió su obligación de representar los intereses de la ciudadanía”. El trabajo señala en particular al primer ministro, Mark Rutte, “por haber subestimado la gravedad del problema durante largo tiempo”. Cuando se dio cuenta, “nada cambió”, añade.

Los temblores se remontan a 1986, debido a que el gas se extrae de una capa de arenisca —que se asienta— a unos 3 kilómetros de profundidad. El Real Instituto Neerlandés de Meteorología (KNMI), explica que se crea una diferencia de tensión a lo largo de las fracturas de esa capa, “y en un momento determinado hay un cambio repentino, un seísmo”. Hasta la fecha, se han presentado 267.000 reclamaciones por daños en los edificios, de las cuales se han atendido 230.000. En 85.000 casos, los inmuebles han sufrido daños en varias ocasiones. El Gobierno no es ajeno a las presiones derivadas de la reducción del flujo de gas de Rusia, pero en septiembre pasado aseguró que mantenía su decisión de no utilizar el yacimiento. Las instalaciones serían una reserva y solo en caso de emergencia de suministros abrirían de nuevo la llave.

Para la comisión parlamentaria, el modelo de explotación de la veta de gas explica en parte lo ocurrido. Desde 1963, el Gobierno trabajó con Shell y ExxonMobil en lo que denominan “un acuerdo silente entre socios”. El resultado era muy provechoso, porque el dinero obtenido por las autoridades con el gas iba a parar a las arcas del Tesoro. Luego contribuía a la prosperidad nacional, pero Groningen pagó el precio. Cuando los seísmos fueron más intensos, sobre todo uno, en agosto de 2012, que llegó a una magnitud de 3,6, las cosas no cambiaron. Al contrario. Ese año, la producción incluso aumentó, dando pie a partir de entonces a un debate nacional. “Las petroleras debían asegurar el suministro, y para ello era preciso que no se supiera lo que ocurría. No fueron los políticos, sino los funcionarios quienes cooperaron con esas compañías en nombre del Estado”, reza el informe. Esa colaboración es descrita como un “sistema cerrado” que retrasó el debate público. Hans Vijlbrief, secretario de Estado de Minería, ha admitido que las conclusiones “cortan la respiración y siento vergüenza; hay que hacer algo”. “No se trata solo de una deuda de honor, es también moral”. Por su parte, Coert Fossen, de la organización Movimiento por la tierra de Groningen, ha dicho que “por fin nos sentimos escuchados, reconocidos”. Como otros afectados, pide que se completen las labores de refuerzo de los edificios dañados. Un punto del informe critica “los vaivenes en estos trabajos”.

La compañía NAM quiere estudiar a fondo las conclusiones antes de responder. Marjan van Loon, máxima ejecutiva de Shell -dejará el cargo el 1 de abril- ha saludado que se hayan centrado en la gente de Groningen. También ha reconocido que “no se les escuchó lo suficiente cuando expresaron sus temores acerca de la seguridad”. Desde ExxonMobil, se espera que haya mayor claridad a partir de ahora “en el papel y responsabilidades de los encargados de obtener el gas”.

El concepto de seguridad aplicado es también criticado por la comisión parlamentaria. Primero, dicen, se ciñó a “la de los empleados”. Cuando los daños en las casas fueron cada vez mayores, se habló de “la seguridad de los inmuebles”. Sin embargo, “la sensación de inseguridad por parte de la población, las muertes prematuras por el estrés causado, no han contado en la ecuación de ningún modo”. “El sufrimiento de los residentes ha sido ignorado de forma sistemática, y ello equivale a una negligencia hacia la gente de Groningen, atrapada en un bosque burocrático”. En las conclusiones, subrayan que “las palabras de los que deciden y las de la población afectada difieren por completo”, en este caso.

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