La Generalitat valenciana anuncia una deducción del 30% en el gasto en gimnasio para las rentas más bajas

El presidente valenciano, Carlos Mazón, ha presentado este jueves un paquete de medidas fiscales que incluye deducciones fiscales en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) del 30% hasta un máximo de 150 euros en los gastos asociados a la práctica deportiva (como el pago de gimnasio o de monitores para rehabilitación), a la salud bucodental o a los generados por algún miembro de la familia con problemas de salud mental. Los beneficiarios serán las personas con declaraciones individuales de hasta 33.000 euros y conjuntas de hasta 48.000, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2023. En total, 2,1 millones de valencianos, según la estimación de la Generalitat.

En este paquete se incluyen también deducciones del 30% hasta 100 euros en gastos para adquisición de cristales graduados, lentes o soluciones de limpieza; para los originados por un familiar que sufre una patología rara o de alta complejidad, o para los generados por un familiar con alzhéimer o daño cerebral adquirido. El impacto económico de esta medida se cifra en 180 millones de euros. El apartado más costoso es el de salud bucodental, con 80,3 millones de euros, seguido del óptico, 63 millones.

Además, Mazón ha presentado una rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el llamado impuesto a la vivienda, que incluye un tipo superreducido del 6% (estaba en el 8%) para la adquisición de una vivienda de un precio inferior a los 180.000 euros para los jóvenes menores de 35 años, para todo tipo de rentas; un 6% para vivienda habitual de protección oficial hasta 180.000 euros (también sin discriminación de ingresos), y un 3% para vivienda de protección oficial hasta 180.000 de régimen especial y para vivienda para familias numerosas, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género. Estas reducciones tendrán un coste en los ingresos de 19 millones de euros y podrían beneficiar a unos 15.000 jóvenes, de acuerdo con los cálculos del Gobierno valenciano, formado por el PP y Vox.

En total, las deducciones de ambos paquetes suman 200 millones de euros. Estas medidas están incluidas en el borrador del anteproyecto de ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2024, que ha sido publicado este jueves. Mazón ha destacado que se trata de ayudas para aliviar “la presión fiscal” de las personas con rentas más bajas y que más están sufriendo el alza de los precios. Ha añadido que “el anteproyecto está abierto al diálogo” para introducir propuestas y modificaciones. Además, ha destacado la importancia de promover la “vida saludable”, algo que “va a ayudar a rebajar el gasto sanitario a medio plazo”.

“Este es el primer gran paso de una reforma fiscal que irá a más. Los objetivos los conseguiremos, e iremos incentivando el bolsillo de los ciudadanos, siempre de manera complementaria a la reducción fiscal”, ha apuntado, antes de referirse a “ese círculo virtuoso en el que bajando impuestos se acaba recaudando más”, ya que los ciudadanos tienen “más dinero en su bolsillo” que “revierte en la economía”. Ha insistido en que la recaudación no se resentirá por estas deducciones —ni por la bonificación ya anunciada del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que ha cifrado en 166 millones para el próximo ejercicio—, sino que se ampliará.

La reforma fiscal del PP y Vox tiene un impacto total de 366 millones de euros, de acuerdo con sus cuentas, que dejará de ingresar la segunda comunidad autónoma más endeudada de España tras Cataluña.

Observaciones del CES

En este sentido, el Comité Económico y Social (CES) de la Comunidad Valenciana, órgano consultivo de la Generalitat, dio ayer a conocer su dictamen sobre la primera medida fiscal del nuevo Consell, que fue la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En él, señala que “la memoria económica incluida en el expediente completo que acompaña al Anteproyecto de Ley cifra en 231,53 millones de euros el impacto económico de la reforma. Atendiendo a los datos de ejecución presupuestaria, la recaudación global del impuesto ha sido sustancialmente superior en los dos últimos años, por lo que el CES CV emplaza a su revisión”, dice una de las observaciones.

Esta cifra de 231,53 millones de euros del impacto económico que supondrá suprimir este impuesto es distinta a la que ha proporcionado hoy Mazón: 166 millones. La consejera de Hacienda, Ruth Merino, que ha comparecido junto al presidente, ha explicado a este periódico que la diferencia radica en que la memoria utilizada por el CES no está actualizada hasta septiembre, como sí lo está la cifra de 166 millones.

El Comité ha constatado en sus memorias socioeconómicas anuales que “existe una insuficiencia global de recursos para cubrir los gastos de las comunidades autónomas, con las consecuencias que ello tiene, sobre todo, en la provisión de los servicios públicos fundamentales”. En este sentido, “el CES CV considera que la aprobación de la norma supondrá una merma de ingresos de la Comunitat Valenciana derivada de la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”, apunta.

El viceportavoz parlamentario socialista y exconsejero de Hacienda, Arcadi España, ha calificado de “cortina de humo” la política fiscal del Consell de Mazón. “El diablo está en los detalles”, ha dicho. “El Consell de Mazón perdona 350 millones de euros a 24.000 valencianos mientras le sube el recibo del agua a 2 millones de valencianos y valencianas”. Cuestiona los cálculos del Consell y recuerda, en alusión a la supresión del Impuesto de Sucesiones, que “el propio CES de la Comunidad Valenciana ha dicho por unanimidad que las rebajas fiscales a las rentas altas ponen en riesgo los servicios públicos”.

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