Las patronales CEOE y Cepyme piden a Trabajo que recupere las bonificaciones a la formación obligatoria

Las patronales CEOE y Cepyme han arremetido este miércoles contra el Ministerio de Trabajo por retirar la bonificación que venían recibiendo las empresas por la formación obligatoria que imparten por mandato normativo o porque así lo recoge el convenio colectivo del sector al que pertenecen. La decisión de eliminar las compensaciones fue anunciada por la Dirección Provincial del SEPE el pasado 28 de julio, y su aplicación entró en vigor el 1 de septiembre.

“La bonificación de la formación obligatoria para las empresas se ha venido admitiendo por el Ministerio de Trabajo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) y el Tribunal Supremo (Sala de lo Social), desde que este sistema de ayudas fue implantado en 2004, por entender que estaban plenamente incluidas en el sistema de formación para el empleo y reconocidas como tales en los informes jurídicos del Ministerio y de la Fundación”, recuerdan las organizaciones empresariales en un comunicado conjunto.

En el texto lamentan que el cambio de criterio en algunos casos se pretenda aplicar “con efecto retroactivo” y con “exigencia de intereses y sanciones”; algo que “afecta gravemente a la seguridad jurídica de las empresas, en especial a las pymes y aquellas de menor tamaño”. En vista de esta variación, tanto CEOE como Cepyme reclaman “la adopción de medidas normativas y administrativas urgentes” que “corrijan esta situación” y “restablezcan la seguridad jurídica de las empresas”.

Fuentes del Ministerio de Trabajo niegan que se haya producido un cambio de criterio, ni que se hayan trasladado “nuevas instrucciones” respecto de la bonificación de la formación obligatoria. Y defienden que el Ministerio se mantiene en contacto con los interlocutores sociales “para abordar la mejora de la formación en materia preventiva y el buen uso de los fondos de formación”.

Jurisprudencia

Para recordar la magnitud de las cantidades que rodean la formación en las empresas, las patronales detallan en que de los 2.556 millones de euros que se recaudaron en 2022 como cuota finalista de formación, “el 85% fue aportado por las empresas, y el 15% restante, por los trabajadores”. Esta cantidad sale por el 0,60% de la base de cotización que paga la empresa a la Seguridad Social por cada empleado, mientras que este aporta el 0,10%.

Las organizaciones empresariales se muestran sorprendidas porque esta decisión se haya dado “en el Año Europeo de las Competencias y cuando nuestro país ostenta la Presidencia del Consejo de la UE”.

La Audiencia Nacional dictó a finales de 2002 una sentencia en la que establecía que la formación de carácter obligatorio en prevención de riesgos laborales no podía ser bonificable al considerar que no se encuentra dentro del marco regulador de la formación profesional para el empleo. Así, la Audiencia entiende que solo pueden beneficiarse del régimen de bonificaciones las acciones que puedan calificarse como formación para el empleo, criterio que también defiende la Inspección de Trabajo en contra de lo que se ha venido admitiendo por parte del Ministerio, el SEPE, la Fundae y la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

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