Una treintena de países imponen tributos sobre los beneficios extraordinarios por la crisis energética

Los gobiernos de medio mundo han echado mano a la política fiscal para proteger a sus empresas y trabajadores de las dos últimas crisis económicas. Tras el varapalo de la pandemia, que disparó el gasto en redes de protección, la crisis energética volvió a revolucionar las haciendas nacionales con nuevos tributos, subsidios y topes de precios Según la OCDE, una treintena de países, entre ellos España, introdujeron en 2022 también un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. “Estas medidas son poco comunes en la historia reciente, pero se introdujeron excepcionalmente para recaudar ingresos para gastos fiscales adicionales, limitar las desigualdades y fortalecer la cohesión social”, apunta el organismo con sede en París en su último informe sobre Reformas de la política fiscal 2023, que también aprecia un aumento de los impuestos sobre la riqueza neta.

La crisis energética, agravada por los ataques rusos a Ucrania, llevó en 2022 a niveles de inflación jamás vistos desde los años ochenta. Los bancos centrales respondieron con subidas de tipos abruptas, mientras que los gobiernos introdujeron medidas fiscales, elevando aún más la deuda pública. Esta, según el Banco Mundial, llegó a tocar el 100% del PIB global en 2020.

Ante la escalada de los precios, los países decidieron revisar su fiscalidad, empezado por el IRPF y las contribuciones a la Seguridad Social. Multitud de las 75 jurisdicciones cuestionadas por la OCDE admitieron haber tocado esas figuras tributarias para apoyar a hogares y empresas, en especial a los más vulnerables. A pesar de la introducción de nuevos tributos, estos ingresos siguen suponiendo el grueso de la recaudación fiscal de la mayoría de los países analizados. En Bélgica, España, Alemania y Estados Unidos son, según la OCDE, más del 60% del total.

Las reformas consistieron sobre todo en la subida del tipo más elevado (Indonesia, Japón, Noruega, Singapur o Suecia) o bien de otros eslabones (República Checa, Noruega, Países Bajos). La mayoría de los países (hasta 63), sin embargo, decidieron estrechar la base para proteger a las clases medias y bajas. Así se decidió en Alemania, España, Corea del Sur o Noruega. “La mayoría de las reformas de reducción de la base del IRPF tenían como objetivo ayudar a las personas de ingresos bajos y medios, en particular a las familias con niños, a los trabajadores autónomos y a las empresas no constituidas en sociedad, a hacer frente a aumentos significativos en sus costes de vida”, explica el documento presentado este miércoles.

Sin embargo, la necesidad de obtener más ingresos para las nuevas medidas en un entorno de subidas de tipos hizo mirar a los países hacia otras actividades. “Algunos negocios experimentaron grandes incrementos de crecimientos a finales de 2021 y a lo largo de 2022, en particular los que operan en el sector energético”, apunta el informe de la OCDE. El documento indica que muchos países europeos y algunos de América Latina respondieron con tasas temporales a los beneficios extraordinarios, contribuciones de solidaridad y otras medidas sobre ese sector, considerado uno de los claros ganadores de la crisis energética. Entre esos Estados están la mayoría de la UE, Reino Unido, Argentina, Brasil o Colombia. Más reducido fue, en cambio, el número de jurisdicciones que introdujeron un impuesto al sector financiero. Entre otros, lo hicieron España, Canadá o Colombia.

En paralelo a los beneficios extraordinarios, el otro frente sobre el que están actuando los países es el patrimonio neto de los ciudadanos. “El número de reformas del impuesto a la propiedad en 2022 fue más del doble del registrado en 2021″, indica el documento de la OCDE. Además, se crearon nuevos tributos sobre la riqueza neta (Chile, Colombia y España), propiedades vacías (Irlanda), transacciones y ganancias por criptoactivos (Indonesia y Portugal) y recompras de acciones (Estados Unidos y Canadá).

Impuesto mínimo a multinacionales

El informe también se detiene en el avance del acuerdo global alcanzado en octubre de 2021 para taponar los agujeros que aprovechan las grandes multinacionales para esquivar los fiscos nacionales. Ese pacto tiene dos pilares. El primero se trata de que esas corporaciones paguen impuestos allí donde operan, lo cual supone la reasignación de entre 212.000 y 225.000 millones de dólares (unos 200.000 millones de euros). Eso es más de lo previsto inicialmente. El segundo se basa en una tasa mínima del 15% para grandes corporaciones, lo cual aportará a las haciendas entre 141.000 y 260.000 millones de dólares más.

El informe de la OCDE destaca que “un número significativo de países” ha dado pasos para desplegar la segunda parte de ese acuerdo. Por ejemplo, recuerda que los Estados miembros de la UE deberán incorporar en sus legislaciones a finales de 2023 la directiva europea sobre la tributación mínima de multinacionales. Más países han seguido esa vía: Corea del Sur, Japón, Liechtenstein, Suiza, Reino Unido, Canadá o Colombia, entre otros.

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