El Gobierno investiga 47 convenios de la OCU tras una denuncia de Facua

La operativa económica de la OCU, la mayor asociación de consumidores del país con 192.000 abonados, está bajo el foco del Gobierno. El Ministerio de Consumo investiga desde hace nueve meses los 47 convenios que desde 2018 ha firmado esta asociación con grandes compañías para verificar si las comisiones que cobra por cada cliente que les suministra son legales y si comprometen su independencia.

Las fórmulas para financiarse son variadas y a menudo la OCU ―a través de su sociedad paraguas Euroconsumers― interpone demandas judiciales previas contra gigantes como Google, Facebook y Hewllet-Packard, que luego retira tras cerrar acuerdos millonarios con las compañías, ingresar el dinero, y alegar que este repercute indirectamente en los usuarios. En paralelo, la organización ofrece “compras colectivas” para captar clientes que disfrutan supuestamente de la mejor tarifa en ciertos servicios, por los que cobra una comisión a la empresa ganadora por cada cliente traspasado.

La táctica comercial lleva años en marcha y la asociación insiste en que estos ingresos no comprometen su labor de vigilancia del mercado, ni supone una ventaja o lavado de imagen para las firmas pagadoras. Sin embargo, las dudas sobre si estas prácticas para financiarse son éticas son evidentes y la OCU carece de transparencia, pese a que presume de su carácter de servicio público para defender al consumidor frente a los abusos y malas prácticas comerciales.

Cada mes llegan a las redacciones de los medios de comunicación estudios sobre las mejores tarifas y productos del mercado elaborados por la OCU, con la mejor y la peor crema o fregona de las estanterías comerciales. La entidad asegura que cada año analiza 3.000 productos y sus comparativas le garantizan una enorme repercusión en televisiones y diarios porque los consumidores están sedientos de pistas en un mercado saturado de marcas.

La principal competidora de la OCU, Facua, interpuso el pasado noviembre una denuncia administrativa ante la Dirección General de Consumo, y desde entonces esta analiza si la OCU ha vulnerado la Ley General para la Defensa de los consumidores al publicitar productos y servicios de empresas gracias a acuerdos económicos. Entre los convenios destacan algunos con firmas de intermediación financiera, planes de pensiones y tarifas de luz, gas y telefonía con grandes compañías como Repsol, MasMóvil o Yoigo. “La OCU actúa como comisionista de grandes empresas y daña la imagen del movimiento de consumidores. Los pagos de empresas a asociaciones de consumidores son inaceptables, estamos ante un claro conflicto de intereses. ¿Controlan y denuncian sus prácticas abusivas con el mismo énfasis que si no les pagaran? ¿Reclaman a los gobiernos cambios legales que puedan perjudicar a esas empresas que las financian?”, censura Rubén Sánchez, secretario general de Facua.

Tras comprobar las rendijas legales que aprovechan asociaciones como la OCU para lucrarse con los acuerdos empresariales, el Ministerio de Consumo está trabajando en una instrucción que concrete su interpretación de la ley sobre la “debida transparencia de los convenios”, que prevé publicar en las próximas semanas. El objetivo es hacer pública la metodología con la que se elaboran los comparadores de empresas e informar sobre si se ha firmado algún convenio con alguna de las empresas comparadas, confirman fuentes del ministerio.

Sin embargo, la eficacia de la medida está por ver, ya que en la actualidad las asociaciones están obligadas a depositar una copia de cada acuerdo que cierran con las empresas, pero el ministerio no verifica si incumple la ley o contiene aspectos espinosos, salvo que se interponga denuncia al respecto. El departamento que dirige en funciones Alberto Garzón alega que en estos cuatro años de legislatura no les ha dado tiempo a redactar una nueva ley para reformar a fondo el sistema, a pesar de que esa era su voluntad.

La OCU alega que sus compras colectivas para ofrecer la mejor tarifa “promueven la competencia en mercados con baja competencia como la energía o las telecomunicaciones, dominadas por grandes empresas”. Preguntada por qué razón los convenios con empresas no figuran publicados en su página web si son legales, la organización aduce que son entregados al ministerio, donde cualquier usuario puede consultarlos —a través de una petición en el Portal de Transparencia—. La OCU tampoco publica los resultados de las pujas porque esgrime que así se lo piden las empresas, ya que ofertan descuentos que mejoran las tarifas de sus clientes, y resalta en su respuesta por escrito que el ahorro medio de su última compra colectiva fue de 400 euros al año por consumidor.

La OCU ofrece las que publicita como mejores tarifas del mercado y luego el traspaso de clientes a través de su web se traduce en una comisión por cada contrato generado. En paralelo a su manera de financiarse, varios directivos de empresas censuran la falta de transparencia para explicar sus supuestas pujas abiertas y cargan contra el método para dictar las clasificaciones de los mejores productos del mercado.

En 2015, Pedro Serrahima, consejero delegado de Pepephone, desgranó la lógica económica que esconden las compras colectivas: “OCU me explicó que había que pagarle a una empresa que ellos elegían y que estaba donde su matriz [Euroconsumers], por cada cliente que se diera de alta, en concepto de costes técnicos de subasta. Cuando le dije que eso no tendría coste asociado y que me ofrecía a hacerles gratis el software, no respondieron. En realidad, no hay puja, es una presentación de ofertas. ¡Ellos no pueden vender, no pueden hacer de distribuidores! Genera una clara competencia desleal porque se disfraza de distribuidor”.

Gregorio Jiménez, de 74 años, fue durante dos décadas consejero delegado de Puleva, y su empresa láctea sufrió la clasificación de la OCU. Antes de que entrara en vigor el Real Decreto de 2015 que regula los análisis comparativos sobre alimentos, Jiménez intentó rebatir las conclusiones de la asociación: “Lanzaron un informe sin criterio y quise comprobar las muestras y de qué lotes. Si había fedatario público en la toma de muestras, para tener veracidad de las mismas. Si se lacraban por si había diferencias, para poder realizar análisis contradictorios, como hace la Administración. Nada de esto se hizo, era todo opaco y por tanto los resultados no tenían valor. No tienen transparencia. Es una organización con fines de dinero jugando con el prestigio y credibilidad de compañías a las que ponen contra la pared. ¿Por qué las administraciones no investigan? ¿Qué hay detrás?”, interroga.

El caso más llamativo de los acuerdos con multinacionales es el de Hewlet-Packard, con la que Euroconsumers firmó el año pasado un convenio por 1,4 millones para resarcir a los consumidores europeos por un problema con sus impresoras. Un año antes la federación de consumidores había amenazado a HP con una demanda colectiva, pero luego cerró un acuerdo económico confidencial para recibir dinero y renunciar al pleito. En teoría, el dinero era para los consumidores, que recibirían 50 euros, pero finalmente menos de 600 clientes reclamaron para recibir el dinero tras dos prórrogas, según una reciente investigación de Infolibre. Resultado: los 1,4 millones, excepto 3.000 euros, han tenido como destino las arcas de Euroconsumers. “Los fondos se utilizarán para iniciativas orientadas a beneficiar al consumidor”, alega la OCU. Desde Euroconsumers, su director general adjunto, Dominique Henneton, admite en conversación telefónica: “Es una decepción porque a pesar de nuestra comunicación, los consumidores no reaccionaron lo suficiente, pero nos vamos a dar un par de meses más para conseguir atraerlos”.

Descenso de abonados a las revistas de consumo

Tras el fiasco de Ausbanc, la asociación de usuarios que en 2021 acabó con condenas de cárcel por extorsionar a los bancos, en España quedan ocho asociaciones de consumidores registradas en el ministerio, con la OCU como el referente más mediático, seguida de Facua.

La OCU cobra 12 euros al mes por cada usuario, pero sus abonados menguan poco a poco: si en 2011 contaba con 300.000 asociados según su web, en 2023 son 192.000 (un 38% menos), descenso que la entidad achaca a “las crisis económicas y a una tendencia europea”. Esos 27 millones de ingresos anuales representan el 88% del total según la organización, lo que elevaría su cifra de ingresos anual a total de 31 millones. Su inmediato competidor es Facua, que está a gran distancia y cuenta con 43.000 abonados. El Ministerio de Consumo ha rechazado las peticiones para auditar los suscriptores de las asociaciones de consumidores.

Desde hace una década y con la explosión de las redes sociales, el número de suscriptores a revistas de consumo ha bajado en toda Europa y las organizaciones se han reinventado y algunas de ellas han optado por cerrar acuerdos con grandes compañías, aunque sean delicados, dado que la ley permite ayudas públicas para las organizaciones solo en algunos países europeos.

La OCU está integrada en la estructura de asociaciones Euroconsumers —presente en Italia, Portugal, Bélgica, España y Brasil—, a la que deriva gran parte de sus ingresos. Euroconsumers es un grupo de origen belga que incluye numerosas sociedades y una sicav, y que está detrás de las cinco asociaciones de consumidores que se presentan como un contrapoder para defender a la ciudadanía de las grandes corporaciones. Su facturación anual asciende a 190 millones.

Euroconsumers está englobada en la federación europea BEUC, con 45 asociaciones de consumidores de 31 países. “Las organizaciones de consumidores deben ser muy prudentes a la hora de firmar acuerdos con empresas, ya que pueden entrañar riesgos, mientras que otros son perfectamente normales en el cumplimiento de la misión de defensa del consumidor. Cuando trabajan en el mercado, a veces tienen que cerrar acuerdos con compañías para marcar la diferencia y favorecer a los consumidores. Lo crucial es comprobar si hay pérdida de independencia, y eso es lo que intentamos vigilar”, explica por teléfono su directora general, Monique Goyens.

“Estábamos preocupados por el acuerdo de Google con Euroconsumers, pero este nos ha asegurado que su independencia no está en juego. Lamentamos que el acuerdo con Facebook se mantenga en secreto, aunque es la práctica habitual para los acuerdos extrajudiciales”, añade. El Ministerio de Consumo pidió hace meses a la OCU que le informe del acuerdo con la compañía de Mark Zuckerberg, pero de momento la organización no ha contestado. Preguntada al respecto, Facebook también ha rechazado informar a este diario sobre el convenio.