Naturgy tendrá que lograr la autorización del próximo Gobierno para su plan de escisión

El plan de Naturgy para dividir la compañía en dos deberá contar con la autorización previa del próximo Gobierno. La reforma del llamado escudo antiopas —la norma aprobada en la pandemia para blindar a las empresas españolas de las inversiones extranjeras— llevada a cabo por el Ejecutivo socialista hace un par de semanas supone un nuevo obstáculo para el recién revitalizado proyecto Géminis, con el que la compañía energética pretende separar sus dos almas: la parte regulada, que comprende las infraestructuras de transporte y distribución de gas y electricidad; y el negocio liberalizado, que recoge la actividad de generación y comercialización de energía. El Gobierno tendrá que autorizar expresamente esta operación de división con los accionistas extranjeros de Naturgy, que son mayoritarios.

Fuentes financieras explican que el nuevo blindaje ante inversiones extranjeras parece diseñado para el caso concreto de la compañía que preside Francisco Reynés. Y advierten de que la consecuencia última de la nueva regulación es que complica el ya de por sí enmarañado juego de equilibrios entre los accionistas de la segunda mayor energética española.

“El real decreto permite al inversor reducir las cargas y posibles trabas administrativas. Se reducen los plazos de respuesta y de resolución, que era una de las principales demandas de las empresas e inversores”, explicó el ministro de Industria, Héctor Gómez, durante la presentación del decreto, que también incorpora un régimen de sanciones para las compañías obligadas que no soliciten autorización previa al Ejecutivo. “Establece el tipo de empresas extranjeras y de operaciones que necesitan o no solicitar una autorización de inversión a la administración, lo que mejora la predictibilidad de la norma. Además, se establecen una serie de exenciones al régimen de autorización previa”, agregó. A preguntas de este diario, un portavoz de Naturgy ha rechazado hacer cualquier comentario al respecto.

La nueva legislación, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 4 de julio, a menos de tres semanas vista de las elecciones generales de este domingo, establece que se podrá suspender el régimen de liberalización sobre las actividades en las que “puedan afectar o existir riesgo de que afecten a la seguridad, salud u orden públicos”, según figura en el texto. La norma precisa que entre estas actividades están “el sector energético, para operación de plantas de generación, plantas de regasificación, redes de transporte y distribución, almacenamiento y la operación de instalaciones o sistemas para el suministro de electricidad, hidrocarburos, biocarburantes y gases renovables”. La práctica totalidad de las actividades de Naturgy encajaría en esta definición.

En otro punto del decreto se detallan las actividades que no estarán sujetas a autorización previa del Gobierno: “Las sociedades o activos adquiridos que no ejerzan actividades reguladas, entendiéndose como tales la operación del sistema y del mercado eléctrico, el transporte y distribución de energía eléctrica, el suministro eléctrico en los territorios no peninsulares, la gestión técnica del sistema gasista, y la regasificación, almacenamiento básico, transporte y distribución de gas natural. Asimismo, tendrán la consideración de actividades reguladas aquellas otras que establezca la legislación sectorial de aplicación”. Es decir, se entiende que las actividades reguladas, como las que gestiona Naturgy, sí que necesitarán un permiso especial del Consejo de Ministros. Suya será la última palabra.

Año y medio de agitación

Los últimos tiempos están siendo todo menos tranquilos en la planta noble de la antigua Gas Natural Fenosa. La agitación empezó poco antes de la invasión rusa de Ucrania, con el anuncio de segregación en dos compañías independientes: una para los activos regulados —la música clásica de su negocio—, otra para los liberalizados —el rock and roll—. Siguió con el estallido de la guerra, el encarecimiento de la energía supuso un aldabonazo en su cuenta de resultados, pero también un freno para Géminis. Y se ha prolongado aún más con el nombramiento fallido de Ignacio Gutiérrez-Orrantia como número dos del grupo cuando todo el mundo —tanto dentro como fuera de la compañía— ya lo daba por hecho.

El ejecutivo vizcaíno, corresponsable de Banca, Mercados de Capitales y Asesoría para Europa, Oriente Próximo y África del gigante estadounidense de la inversión Citi, no solo era muy cercano a Reynés: había colaborado con Naturgy como asesor externo en varias decisiones estratégicas y conoce a la perfección las tripas de la empresa. Tanto su fichaje como su posterior negativa, el pasado martes, llegaba a deshora: la junta de accionistas había renovado a Reynés a finales de marzo como presidente ejecutivo y la lógica invita a pensar que ese debería haber sido el momento elegido para hacer el movimiento. Por aquellos días, en cambio, se negaba categóricamente la necesidad de crear el cargo de consejero delegado, desaparecido del organigrama de Naturgy desde la llegada del ejecutivo balear, en 2018. La antigua Gas Natural Fenosa es, así, una de las poquísimas empresas del Ibex 35 que no reparte los poderes entre dos figuras, un principio básico del buen gobierno corporativo.

Lo vivido en las últimas semanas es un capítulo más de un evidente choque en el capital de la segunda mayor energética española. La Caixa, primer accionista de Naturgy (26,7%) desde tiempos inmemoriales, es el mayor baluarte de Reynés. Así quedó patente el pasado día 10, cuando en pleno ruido de sables ratificó su apoyo al balear como jefe único de la compañía. La catalana no se había significado tanto de puertas afuera desde la opa en 2021 del fondo australiano IFM, hoy cuarto mayor accionista (14%). A diferencia de entonces, esta vez los oceánicos han optado por mantenerse en un discretísimo segundo plano, sin participar en el fallido proceso de designación de Gutiérrez-Orrantia.

Quienes más pujaban por la llegada de un consejero delegado que cohabitara con Reynés han sido los fondos CVC y GIP, segundo y tercer mayores accionistas de la energética (con un 20,72% y un 20,64%, respectivamente). GIP entró al capital de Naturgy en 2016 y CVC lo hizo en 2018, y fuentes financieras creen que buscan una salida para materializar las ganancias acumuladas estos años, como es habitual entre estos vehículos financieros.

Tanto el fondo británico como el estadounidense son, también, los mayores impulsores de Géminis, un proyecto en el que veían una oportunidad para ejecutar sus jugosas plusvalías en Naturgy sin una colocación acelerada que devaluaría las acciones de la compañía. La energética española cotiza hoy alrededor de un 50% más cara que cuando entraron GIP y CVC. Un cálculo que no tiene en cuenta los cuantiosos dividendos repartidos por la energética en ese periodo. Tras la fuerte subida pospandemia, sin embargo, sus acciones se han mantenido prácticamente estables, sin grandes movimientos al alza o a la baja.

La semana pasada, el consejo de administración despachó la cuestión del nombramiento fallido de Gutiérrez-Orrantia en cuestión de minutos y como último punto del orden del día: conocido el “no” del ejecutivo vasco, había poco que debatir. Sin embargo, consciente de las divergencias cada vez más evidentes entre sus dueños y tras el fracaso, la cúpula de Naturgy quiso lanzar la semana pasada un triple guiño a los GIP y CVC: una subida del dividendo, una bajada de la inversión y, sobre todo, la resucitación de Géminis. Este último punto tendrá que esperar. Aún más.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal