El escudo antiopas del Gobierno levanta ampollas en el mercado

Luces rojas. El anuncio de que el Gobierno planea ampliar dos años, hasta 2024, el control de inversiones en sectores estratégicos, levanta ampollas. Empresas, inversores, intermediarios financieros y bufetes especializados en lo mercantil critican la extensión de una medida que fue aprobada en 2020, con el visto bueno de Bruselas, para evitar que los grandes depredadores de la inversión diezmaran sectores empresariales estratégicos afectados por los efectos económicos de la pandemia.

El simple anuncio duele como dicen que duelen las extremidades amputadas. El control de inversiones -algo que también aplican países como Estados Unidos, el Reino Unido o Australia- puede enfriar la actividad M&A (fusiones y adquisiciones) y disolver parte de las expectativas de beneficio. Hace dos años, el escudo se justificó porque era un momento delicado. La pandemia había hundido la capitalización bursátil de las principales compañías domésticas y el Gobierno intentaba apuntalar un mercado cuarteado, con la mitad de las empresas cotizadas valoradas por debajo de los 1.000 millones de euros a principios de 2021.

Ahora, la situación es distinta. La Bolsa ya no se encuentra en un escenario de pánico y las compañías han recuperado buena parte del terreno perdido. Tras un 2020 muy duro a causa de la pandemia y un 2021 de récord, en este 2022 las empresas protagonistas están siendo bancos y energéticas. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, barruntó el momento y ya el pasado enero se mostró a favor de levantar las medidas de control de inversiones. Ahora, la CNMV no hace comentarios al anuncio de ampliación del llamado “escudo antiopas”. Pero el argumento-fuerza de Buenaventura se mantiene: la apertura internacional, dijo, es “un valor en sí mismo” desde el punto de vista del mercado. Negocios también se ha puesto en contacto con el Ministerio de Economía para recoger su punto de vista, sin obtener respuesta.

Los empresarios están en la misma onda. Observan la situación con mucho recelo. Fuentes de la CEOE sostienen que el control de inversiones “no puede convertirse en una herramienta para introducir mayor intervencionismo en los mercados “por la puerta de atrás”. Algo que, entre otras cosas, generaría una mala percepción de España en el exterior y que podría frenar inversiones y proyectos”. “La inversión extranjera directa”, sostienen las mismas fuentes, “ha sido muy útil para financiar el déficit por cuenta corriente y, en general, sectores como el de las infraestructuras”.

La ampliación del llamado “escudo antiopas”, si se cumple lo anunciado, no sólo mantendrá la potestad de veto del Gobierno para inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros. También podrá intervenir en la venta de unidades de negocio de las compañías que considere claves para la economía. Una palanca más en un contexto incierto.

“Es una mala noticia. Un mal mensaje al funcionamiento ordinario de los mercados” apunta un portavoz de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios en Empresas Cotizadas (AEMEC). “Uno está en el mercado de capitales como accionista porque tiene unas reglas, En un momento puntual, todo el mundo entiende que puedan sufrir alguna limitación, como en el caso de la pandemia. Pero este momento, nada tiene que ver afortunadamente con aquel. Carece de todo sentido hacer una prórroga de aquella situación”.

Los Estados, en general, no se arman “para la guerra”, sino para “una guerra” concreta. El control de inversiones apuntó en 2020 a la defensa de sectores estratégicos: infraestructuras, tecnologías críticas, el suministro de recursos para la energía, o sectores con acceso a información sensible. Pero en el mercado, se pusieron nombres y apellidos a las empresas “protegidas”, desde Telefónica a Naturgy, pasando por compañías con actividades de defensa como Indra, medios de comunicación o compañías de renovables.

En todo caso, extender el mecanismo de protección es un error, opina el director de análisis de GVC Gaesco Valores, Víctor Peiro. “Tiene poco sentido a no ser que se trate de empresas estratégicas como defensa o infraestructuras especiales, pero no en Telefónica ni medios. En principio, la regulación ya está para establecer las reglas de las compañías reguladas, por lo que estas ya se deben ajustar a ciertos parámetros independientemente de quién sea la propiedad”.

Los datos de la Subdirección General de Inversiones Exteriores recogen que en 2021 el departamento recibió 231 consultas sobre la necesidad de solicitar autorización previa de inversiones. Resolvió 48. De ellas, 45 fueron tramitadas por el procedimiento ordinario (autorizadas por Consejo de Ministros) y tres por el procedimiento simplificado (autorizadas por la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones). En suma, todas las operaciones fueron autorizadas, si bien seis de ellas lo fueron con medidas de mitigación de riesgos; un 12,5% del total de las operaciones sometidas. El caso más notable fue el de Naturgy. El Gobierno autorizó la entrada del grupo australiano IFM en la compañía, pero con condiciones de obligado cumplimiento durante cinco años. Tanto Naturgy como Telefónica han declinado hacer comentarios sobre la extensión del control de inversiones.

“El mecanismo de control de inversiones extranjeras ni es nuevo, ni es un invento español, proviene del Reglamento UE 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo. Pero es cierto que la normativa española está yendo un poco más allá y ello puede llegar a frenar a determinados inversores” explica Carmen Mulet, responsable del departamento Regulatorio de KPMG Abogados. Los elementos disuasorios son la dificultad de determinar si una operación está sujeta a una autorización, por el objeto o por el inversor y la burocracia que el trámite exige: la información que debe aportarse, los plazos que la Administración maneja (tres meses en el mejor de los casos) y el sentido negativo en caso de silencio transcurrido medio año. Las claves, resume un alto cargo de un importante banco de inversión, son cómo se aplica el mecanismo de control y cuánto se tarda en decidir sobre su aplicación. En la incertidumbre está el riesgo.

Aparentemente, “no hay prohibición (de invertir)”, asegura Guillermo Guerra, socio comercial despacho Acebo y Pombo “Pero someter una inversión de un 10% o un 15% en una compañía a un trámite ministerial que a veces se alarga durante meses, ha hecho que varias operaciones nuestras, en el año 2021 y 2022 se hayan parado, precisamente ante la incertidumbre de tiempo que conllevan este tipo de limitaciones. En estos momentos es muy dudoso que exista un fundamento (para el control de inversiones). Las circunstancias que fundamentaron lo anterior han desaparecido” concluye. Para los críticos, por resumir, durante los dos próximos años, las compañías españolas van a seguir viendo limitada su capacidad de financiación vía mercado de valores. Y ello a pesar de que los mercados se han estabilizado.

Evidentemente, el Gobierno no piensa lo mismo. Las inversiones milmillonarias anunciadas por Volkswagen y Maersk respaldan su postura. Pero es difícil afinar. Como explica César Sánchez Grande, analista de Renta 4, “no se puede valorar todo el impacto de las medidas porque aunque el escudo es un tema formal, no sabemos a cuántos casos ha afectado”. Es el difícil equilibrio entre crecer y proteger.