La Eurocámara plantea facilitar la intervención del mercado eléctrico en las crisis energéticas

El Parlamento Europeo ya está listo para negociar la reforma del mercado eléctrico con los Estados. Su posición, fijada este miércoles, pasa por ser menos exigentes con los requisitos que permiten la intervención parcial del mercado eléctrico cuando haya una crisis energética, elimina uno de ellos, y la hace automática si se dan las condiciones. La propuesta de la Comisión no contenía este automatismo. Además, acentúa el perfil social de la regulación planteada por Bruselas al proponer la prohibición de los cortes de la luz para los clientes vulnerables y los afectados por pobreza energética, según ha explicado el ponente de la Eurocámara y su negociador para el momento en que el Consejo de la UE fije su postura, el eurodiputado socialista español Nicolás González Casares.

La postura pactada por los eurodiputados tiene un amplio respaldo en la Cámara. De hecho, lo más probable es que no tenga que votarse en pleno, puesto que el texto pactado en la comisión de Industria y Energía ha cosechado un soporte muy amplio (55 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones) al contar con el apoyo de los populares europeos, los socialistas y demócratas —el grupo del ponente—, los liberales y los verdes. Esto —y que el Parlamento haya fijado una postura en cuatro meses, antes que el Consejo— ha servido también para que González Casares lanzar una crítica a los procedimientos reguladores de urgencia, que eluden a la Eurocámara y a los que tanto se recurrió durante 2022 para responder a la crisis energética.

El elemento más destacado del consenso parlamentario es la pretensión de que las intervenciones parciales en el mercado eléctrico sea automática y obligatoria cuando Europa tenga que afrontar una crisis energética como la vivida hasta hace unos meses. La propuesta de la Comisión abría la puerta a esa intervención (a través de una subvención a pymes de hasta el 80% de los precios) pero precisaba que el Ejecutivo comunitario decidiera tomar la iniciativa cuando se cumplían una serie de condiciones. Los eurodiputados quieren que esos requisitos se cumplan con más facilidad y reduce la discrecionalidad de Bruselas, puesto que introduce elementos objetivos.

El primero de esos elementos —que el aumento de precios del mercado mayorista sea de 2,5 veces respecto a los cinco años anteriores y que haya una previsión de que así siga— debe prolongarse durante al menos medio año. Además, se fija un precio mínimo para la declaración de la crisis energética: 180 euros por megavatio hora (MWh). Respecto al segmento minorista, fija el incremento de cotizaciones en un 60% respecto a los dos años anteriores (la Comisión planteaba diez puntos más: un 70%) y la previsión de que el escenario se mantenga durante tres meses (frente a los seis que plantea el proyecto de directiva). Por último, elimina el tercer requisito: que la crisis tenga “un impacto negativo en la economía”. “Esto es algo que se suele demostrar a posteriori”, ha justificado este miércoles González Casares, para quien la propuesta inicial del equipo de Energía que dirige la comisaria Kadri Simson “es buena”, pero ahora “ha mejorado”.

Un elemento en que el parlamentario español puso énfasis desde que redactó el proyecto de ponencia fue el de la prohibición de la desconexión de hogares vulnerables o en riesgo de pobreza energética. También se vetan los cortes de luz durante ocho semanas en los litigios judiciales y, además, reclama que los Estados miembro tengan que adoptar medidas específicas en verano e invierno para que los clientes puedan y sepan gestionar su consumo y evitar facturas elevadas.

Otros asuntos en lo que el Parlamento pone el acento es en el fomento de los contratos por diferencia (CFD, por sus siglas en inglés), en los que se acuerda un precio entre comprador y vendedor, que se liquida por diferencias respecto del precio del mercado: si el precio del mercado es superior, el vendedor paga la diferencia al comprador y si es inferior es al contrario. También busca incentivas los llamados PPA, los contratos de suministro de electricidad (habitualmente verde) a largo plazo entre dos agentes privados. El objetivo de ambas apuestas es “dar estabilidad a los precios”, según ha explicado González Casares.

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