Transportes blinda al taxi con nuevas limitaciones a los VTC tras la sentencia europea

La amenaza de movilizaciones masivas de los taxistas en vísperas de la campaña electoral para los comicios generales del 23-J ha surtido efecto. Apenas dos semanas después de que la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) tumbara la actual limitación de una licencia de vehículos de transporte con conductor (VTC) por cada 30 de taxi, el Gobierno ha aprobado un decreto ley que introduce nuevas restricciones para sortear el fallo europeo y evitar así una avalancha de licencias de Uber, Cabify o Bolt para poder circular por las calles en competencia con el taxi.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que modifica la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT), con el fin de incluir nuevas exigencias basadas en criterios de propiedad del vehículo, medioambientales o de congestión de tráfico para las empresas y particulares que quieran conseguir una autorización de VTC, tal y como adelantó EL PAÍS. En la práctica, y dada la amplitud de los nuevos criterios y su discreccionalidad, las comunidades autónomas podrán rechazar a voluntad los miles de licencias de VTC (hasta 100.000, según los taxistas) pendienets de autorización. Muchas de ellas fueron rechazadas en base a la ratio 1/30 que ha declarado ilegal el TJUE y, por tanto, volvían a ahora a estar legitimadas, como denunciaron las asociaciones de taxistas que temían un alud de autorizaciones si el Gobierno no ponía remedio.

Tras una negociación bilateral con las asociaciones de taxistas (Antaxi y Élite Taxi) que habían amenazado con bloquear las arterias de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona si no se atendían sus exigencias, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha alumbrado una reforma exprés de la LOTT para permitir que se denieguen las licencias VTC “pendientes de otorgamiento” aplicando criterios de mejora de la calidad del aire, reducción de emisiones de CO2, de la gestión del transporte, del tráfico y del espacio público previsto. Unos requisitos que no se aplicarán a los taxis, que no han tardado en agradecer la deferencia al Gobierno suspendiendo la gran manifestación que había convocada este jueves, día 29, en Madrid.

Transportes argumenta que la nueva regulación afecta únicamente a las autorizaciones de VTC estatales que habilitan para la realización de transporte interurbano con recorridos que deben iniciarse en la comunidad autónoma donde estén domiciliadas, correspondiendo a las comunidades y entidades locales regular las autorizaciones para la realización del transporte urbano. La norma establece que la autorización será denegada si, en el momento del otorgamiento, determinados contaminantes superan los umbrales regulados en la normativa de mejora de la calidad del aire, en alguna zona o aglomeración incluida en la comunidad autónoma del domicilio de la autorización, de conformidad con el último informe publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Todo ello sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan establecer, para las autorizaciones que se domicilien en su territorio, otros criterios de mejora de la calidad del aire en el marco de lo previsto en el derecho comunitario o en las directrices de la Organización Mundial de la Salud.

Asimismo, la autorización podrá ser denegada por aplicación de criterios objetivos relativos a la reducción de emisiones de CO2, gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, establecidos para su ámbito territorial por las comunidades competentes. En relación con la gestión del tráfico, deberá utilizarse un criterio objetivo de congestión viaria que podrá estar basado en un indicador que refleje la diferencia entre la velocidad media en condiciones de flujo libre y la velocidad registrada en distintos momentos del día u otros criterios que se puedan establecer por la comunidad. Por su parte, las entidades locales podrán establecer, en su caso, de conformidad con la legislación autonómica, la solicitud de una autorización adicional a la autonómica para realizar transporte urbano en su ámbito territorial, que deberá estar justificada por razones de interés público.

Además, se incorporan medidas para garantizar que las licencias otorgadas responden en efecto a un VTC que está en servicio para evitar la práctica de que se piden varias autorizaciones para un solo vehículo. De esta forma, se les exige que cada autorización deba estar en propiedad, arrendamiento financiero o arrendamiento a largo plazo con una duración superior a tres meses.

Asimismo, para completar el escudo legal en favor del taxi, la norma declara el taxi como “servicio de interés público” del transporte de viajeros, justificando ese cambio en “la naturaleza de la actividad, que ha de garantizar un servicio de calidad para todos los usuarios, no discriminatorio y con una cobertura de prestación suficiente en todo el territorio”. En realidad, bajo esa consideración de “servicio público”, lo que el Gobierno trata es de justificar legalmente que los taxistas no tengan que cumplir las normas y restricciones que se apliquen a los VTC. Una discriminación que choca frontalmente con la doctrina de la sentencia del TJUE, que estableció que proteger los intereses económicos de la industria del taxi o garantizar su viabilidad económica de los taxis “no constituyen una razón imperiosa de interés general que justifique una restricción a la libertad de establecimiento de los VTC”,

Reacción de los VTC

Feneval y Unauto-VTC, las principales patronales de las compañías que explotan los VTC, no han tardado en reaccionar, anunciando que solicitarán a la Comisión Europea que abra un procedimiento contra el Gobierno de España, al entender que esta regulación contraviene la sentencia del TJUE, que establece claramente que las regulaciones de movilidad deben estar destinadas a proteger el interés general y que éste no es en ningún caso “la viabilidad económica del sector del taxi”. Las asociaciones denuncian que el Gobierno contradice el principio de proporcionalidad que establece que cualquier regulación sobre el transporte urbano de interés general (definidas en la sentencia como protección del medio ambiente, gestión de tráfico y del espacio público) no pueden ser discriminatorias y que, por tanto, deben aplicar en igualdad de condiciones a taxis y VTC.

Asimismo, se quejan de que la “regulación exprés en forma de real decreto ley” haya sido negociada exclusivamente con el sector del taxi en lugar de con los representantes del sector al que se pretende regular, a los que no se les ha consultado en ningún momento sobre el borrador que se ha llevado al Consejo de Ministros. El Ministerio mantuvo una reunión con ambas asociaciones el pasado viernes, día 23, pero sin trasladarle el contenido de la reforma. “Todo ello en plena campaña electoral, con el objetivo indisimulado de ganarse el favor del taxi y evitar movilizaciones masivas”, afirman las patronales.

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