Los inversores en las antiguas renovables subvencionadas: “Tarde o temprano, España va a tener que pagar”

Las defensas jurídicas de las empresas y de los fondos que reclaman al Estado miles de millones de euros por la supresión de las primas a las renovables en 2013 han organizado este martes un encuentro con medios de comunicación en Madrid para transmitir un mensaje claro: “Antes o después, España tendrá que pagar”. Según los cálculos de Investment Consulting, las deudas acumuladas en las cortes internacionales de arbitraje casi se ha duplicado en el último medio año, al pasar de 700 a 1.300 millones de dólares (de 640 a 1.190 millones de euros). Esta cifra no incluye ni los intereses de demora (de haberlos), ni las condenas en costas, ni los honorarios de los abogados.

De acuerdo con el recuento de la consultora neerlandesa, casi la mitad (25) de las 55 disputas internacionales a cuenta del tajo en la retribución a las renovables antiguas por el Gobierno de Mariano Rajoy están aún pendientes de publicación. Otras nueve se han resuelto a favor de España, en cinco ambas partes han llegado a un acuerdo, en uno el Estado ya ha abonado la cantidad demandada y 15 siguen pendientes de pago.

En este último ámbito es en el que más ponen el foco los abogados que tratan de ganar los casos para las firmas que litigan contra el Estado español: “España está incumpliendo el sistema internacional de arbitrajes y su actitud debilita la confianza internacional en España por parte de los inversores internacionales”, ha criticado Nikos Lavranos, abogado fundador de Investment Consulting, que defiende los intereses de varios clientes del sector de las renovables.

España es, según su clasificación, el segundo país con mayor número de laudos pendientes de pago. “Hay una relación directa entre tener un índice bajo de Estado de derecho o de imperio de la ley y no pagar las deudas, pero España no tiene ese problema. Es doloroso y sorprendente que lleve tanto tiempo incumpliendo sus obligaciones”, ha añadido Lavranos. “Estamos hablando de un miembro importante de la comunidad internacional en tantos ámbitos que debe respetar el imperio de la ley. El propio Banco Mundial le ha recordado que tiene que cumplir sus obligaciones”, ha presionado Nick Cherryman, del despacho británico Kobre&Kim.

El Gobierno, sin embargo, defiende que España ha logrado reducir en un 85% la factura de estos casos. A diferencia de en los primeros años de litigios, hoy su contraparte son fondos oportunistas que han comprado los derechos a sus titulares originales: las empresas que desarrollaron proyectos renovables en España en aquellos años.

Un caso que se remonta a una década atrás

Las empresas que invirtieron en renovables en la primera década de este siglo lo hicieron bajo un esquema de primas: a diferencia de lo que ocurre hoy, por aquel entonces la eólica, la solar y el resto de tecnologías verdes no podían competir por sí mismas frente a la nuclear, el gas y el carbón, y requerían de ayudas públicas. En plena burbuja inmobiliaria, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un modelo de primas que Lena Sandberg, socia y jefa del bufete californiano Gibson, Dunn & Crutcher en Bruselas, reconoce como “más generoso” que en otros países europeos. Atrajo unos 70.000 millones de euros de inversión.

Unos años después, con Bruselas y el resto de socios apretando para que España redujese su déficit público por todas las vías posibles, Rajoy aplicó un recorte retroactivo y las demandas se multiplicaron. Hoy, en pleno bum renovable —las de nuevo cuño son las fuentes de energía más baratas, y la península Ibérica se ha destapado como uno de los destinos predilectos para los inversores— las reclamaciones rondan los 10.000 millones, intereses al margen. Son las dos caras de la moneda del sector en España: un pasado turbulento, y un presente brillante.

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