Más del 50% de los pleitos por el recorte a las renovables en la ‘era Rajoy’ ya está en manos de fondos oportunistas

Una década después del severo tajo del Gobierno de Mariano Rajoy sobre las primas a las energías renovables, el tira y afloja continúa. Los actores, sin embargo, han cambiado: los fondos oportunistas —coloquialmente conocidos como fondos buitre— se han hecho ya con los derechos sobre más de la mitad de los proyectos en pugna con las autoridades españolas, según un recuento oficial al que ha tenido acceso EL PAÍS. Estos fondos compran los derechos económicos sobre estos litigios con la esperanza de que el resultado de la diatriba judicial sea favorable para sus intereses, en una operación de alto riesgo: o ganan o no cobran prácticamente nada.

El origen de este proceso es el tijeretazo aplicado en 2013 por el Ejecutivo de Rajoy (PP) sobre las primas a las antiguas renovables, en plena oleada de recortes impuestos por Bruselas. Ese esquema de incentivos, muy discutido a posteriori, fue diseñado por su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en un momento en el que las energías verdes aún necesitaban apoyo público para operar. Diez años después, la pelota está primordialmente en el Ciadi (el órgano de resolución de disputas del Banco Mundial, que acumula la mayor parte de casos) pero también en el de Uncitral (Naciones Unidas) y en el SCC, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (Suecia).

“Muchos de los demandantes originales han optado por vender el pleito por una cantidad muy inferior a la reclamada a otros actores especializados, que probablemente seguirán litigando hasta el final”, reconoce, en declaraciones a este diario, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que califica de “miope” la política energética del PP en la era Rajoy. “El interés por invertir en renovables se mantiene; el interés de esos intermediarios especializados en pleitos ni es industrial, ni es energético, ni es inversor. En todo caso, el servicio jurídico del Estado ha seguido defendiendo los intereses de España ante tribunales y cortes de arbitraje”, sostiene.

16 laudos y más de 2.200 millones, aún pendientes de resolución

Según las cifras que maneja el Ejecutivo, España ha conseguido reducir en un 85% el importe demandado por los inversores —ya sea por los promotores originales o por los fondos que los han comprado en segunda instancia—. Sobre una cuantía total reclamada de 10.576 millones de euros —a falta de una demanda, aún por cuantificar—, España ha ganado casos por valor de 7.103 millones y ha perdido litigios valorados en algo más de 1.226 millones, mientras que otros 2.247 millones siguen pendientes de resolución. Esta foto fija, no obstante, sigue evolucionando mes tras mes, a medida que las cortes competentes fallan a favor o en contra. En total se han presentado 52 arbitrajes en los distintos tribunales, de los que 16 aún están pendientes de resolución.

Tras la aprobación de una batería de medidas compensatorias a finales de 2019 —ya con Pedro Sánchez (PSOE) en la presidencia— las reclamaciones y las indemnizaciones siguen una tendencia descendente, según argumentan desde el ministerio: desde la promulgación de ese decreto ley, han sido solo cuatro las demandas presentadas y en uno de los casos, el demandante ha desistido. No obstante, más allá del impacto que haya podido tener esta medida, es lógico que el ritmo de presentación de casos en contra del Estado haya decaído, a medida que el calendario se aleja de 2013.

El cambio normativo de hace cuatro años pasaba a garantizar a las plantas en cuestión una rentabilidad del 7,4% hasta finales de 2031, frente a una rentabilidad que, de otra forma y ligada a los tipos de interés, hubiera rondado solo el 4,5%. Para poder acogerse a esta opción, los titulares de los derechos sobre estas plantas renovables tenían que renunciar a todas las acciones legales iniciadas contra el Estado. “Cuando en 2032 venza esta rentabilidad garantizada, todas las instalaciones afectadas —la inmensa mayoría, construidas antes de 2008— estarán sobradamente amortizadas y podrán optar por percibir la retribución regulada residual que les pueda corresponder o por cobrar el precio del mercado hasta el final de su vida útil”, agregan las citadas fuentes.

Nada que ver con las renovables actuales

En las últimas semanas, en cambio, dos fallos judiciales contrarios a los intereses españoles han vuelto a llevar el asunto a la arena informativa. El primero, en abril, abría la puerta al embargo de bienes públicos para resarcir a los fondos oportunistas titulares de derechos sobre antiguos proyectos renovables, un peligroso camino para los intereses de España. Es, sin embargo, solo el principio del proceso. “Hace falta que se inicie un nuevo procedimiento en el que el Estado español podrá esgrimir argumentos de oposición. Solo con una situación muy excepcional, estos tribunales nacionales podrían intentar un pago forzoso”, apostillan desde el ministerio. “En estos procedimientos España tiene argumentos sólidos para defenderse”, añade Ribera.

La segunda sentencia vio la luz a finales de mayo, cuando el Tribunal Superior de Londres rechazó las alegaciones de “inmunidad soberana” esgrimidas por la Abogacía del Estado para evitar la ejecución de una decisión arbitral. Ese es, precisamente, el principal argumento de España en varios de estos casos. El fallo, no obstante, no es firme: aún cabe recurso.

La situación actual de las renovables es completamente distinta a la de aquellos años. Tanto si optan por un contrato de venta de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés), que les garantiza una rentabilidad fija a lo largo de gran parte de su ciclo de vida, como si venden directamente al mercado, los proyectos solares y eólicos caminan por sí solos, sin necesidad de la muleta del dinero público. En gran medida, por el avance tecnológico, especialmente importante en el caso de la fotovoltaica.

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