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Bruselas da por zanjada la crisis energética que llevó los precios de la luz a máximos

La Comisión Europea pide desmantelar las medidas extraordinarias de intervención en el sector eléctrico

La comisaria europea de Energía, Kadri Simson.Foto: GETTY IMAGES | Vídeo: EPV

La Comisión Europea ve próximo, muy próximo, el final de la crisis energética que ha centrado buena parte de las preocupaciones de los Veintisiete en el último año y medio. “Los precios [eléctricos] han caído drásticamente”, constata el Ejecutivo comunitario en un informe enviado a la Eurocámara. “La reciente caída y estabilización de los precios del gas [...] durante los primeros meses de 2023 han generado expectativas en el mercado de que es menos probable que los picos de precios de la electricidad observados a lo largo de 2022 se produzcan en el próximo invierno”. La consecuencia lógica de estas afirmaciones pasan por el anuncio de Bruselas de que no tiene intención de proponer “una prórroga de las medidas extraordinarias contra la crisis” aprobadas en octubre para intervenir en el mercado eléctrico y hacer frente a las cotizaciones récord que se alcanzaron, obligando a los Gobiernos a desplegar un inédito salvavidas a hogares y empresas.

Ya hace un par de semanas que Bruselas reclamó a los Gobiernos que en sus presupuestos de 2024 retiren buena parte de las ayudas extraordinarias aprobadas en lo peor de la crisis energética, iniciada antes de la invasión rusa de Ucrania pero sin duda agravada por la guerra. Las estrecheces fiscales de bastantes miembros ha animado al Ejecutivo europeo a dar este paso. Pero este no habría sido posible sin la caída de los precios energéticos, que en los últimos meses ya están presionando a la baja el IPC. El gas natural superó en agosto pasado los 350 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 20 que solían ser habituales antes de que todo saltase por los aires, y la subida se contagió directamente al precio de la luz, que en España llegó a superar los 700 euros por MWh en la tarde del 8 de marzo de 2022, una cota que difícilmente volverá a repetirse. Hoy, sin embargo, los depósitos de gas están más llenos que nunca para estas alturas del año —salvo en el muy anómalo 2020, marcado por la pandemia—; el precio de este combustible ronda los 25 euros, rozando los niveles precrisis, y la luz ha regresado a niveles asumibles.

El análisis de la Comisión Europea coincide, en esencia, con uno reciente de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que hablaba de que “la presión en los mercados europeos y mundiales del gas ha disminuido desde principios de 2023 debido a las favorables condiciones meteorológicas y a las oportunas medidas políticas”. El brazo de la OCDE para cuestiones energéticas introducía, sin embargo, un matiz: “A finales del primer trimestre de 2023, los precios del gas natural licuado (GNL) al contado en los centros de distribución europeos y asiáticos habían caído por debajo de sus niveles del verano de 2021, aunque se mantenían muy por encima de su media histórica”. La AIE añade que la situación actual en el mercado del gas “no es garantía contra volatilidad futura y no debería distraer de tomar medidas para mitigar riesgos potenciales”.

En el sector caben pocas dudas de que los precios subirán a final de verano, a medida que se aproxime el otoño al hemisferio norte. Pero nadie ve ni remotamente posible que se alcancen los niveles de precios —y de escasez— del año pasado, cuando el cerrojazo prácticamente total de los gasoductos que conectan Rusia con la UE dejaron a los Veintisiete prácticamente a merced del GNL. Desde entonces, sin embargo, han entrado en funcionamiento un buen número de nuevas plantas de regasificación y se han firmado varios contratos de suministro con empresas y países exportadores.

Adiós a las medidas de urgencia

En este escenario, la Comisión evalúa las normas extraordinarias que se aprobaron el año pasado para amortiguar el shock sufrido. Una de ellas fue la aprobada en octubre del año pasado, que daba luz verde a los Estados para que pudieran intervenir en el mercado eléctrico ante la situación de emergencia. Entonces se aprobó un objetivo de ahorro del 10% en el consumo de electricidad, junto con la obligación de reducirlo un 5% en las horas puntas de demanda. También se autorizó a los Estados a introducir un tope a los ingresos de las energías marginales de 180 euros por MWh. Y, por último, se presentó una serie de opciones para proteger a los consumidores más vulnerables, familias y pymes.

Las conclusiones a las que llegan los técnicos del departamento de Energía de Bruselas son que estas medidas ya no son necesarias. “La Comisión no ve la necesidad actual de prorrogar las medidas de reducción de la demanda”, dicen de la primera, tras explicar que España, Francia, Grecia, Lituania y Eslovaquia habrían logrado un ahorro superior al 10% y Alemania, Suecia o Bélgica se sitúan entre el 7% y el 10%. Lo mismo viene a anunciar de la tercera ante “las condiciones actuales y previstas de la oferta y los precios de la electricidad”. Añade, además, entre los motivos que harían innecesaria esa protección adicional a los más vulnerables, la reforma del mercado eléctrico que ahora debaten los países, aunque con escasos visos de acuerdo a corto plazo.

Más polémico, desde luego, es el tope al precio de las energías marginales. Expone la Comisión que en la consulta pública que ha abierto, la mayoría de las partes interesadas no ven necesidad de una extensión temporal de la medida porque las diferentes fórmulas aprobadas por los Estados “han creado incertidumbre entre los inversores y desincentivos para las nuevas inversiones”, “la medida es difícil de implementar y tiene costes administrativos altos en comparación con sus beneficios”, hay Estados en los que ha bajado la producción y “la protección a los consumidores puede hacerse sin interferir el mercado eléctrico”.

Aunque no es objeto de este informe, de las conclusiones sobre este tipo de límites en los precios puede deducirse que a los técnicos del departamento de Energía de la Comisión no les hace mucha gracia la excepción ibérica, que está prorrogada hasta final de año. Esta medida excepcional, que busca desligar los precios del gas y de la luz, lleva sin embargo inactiva desde finales de febrero, un periodo en el que la cotización de este combustible ha estado por debajo del umbral requerido para su entrada en funcionamiento. Con todo, en los últimos días de abril el Ejecutivo comunitario dio el visto bueno a su prórroga hasta el 31 de diciembre con vistas a un potencial nuevo estallido en el precio del gas que hoy, sin embargo, muy pocos analistas tienen en mente. Los precios subirán, sí, pero si todo marcha como se espera no tanto como para que el tope vuelva a entrar en acción.

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