Los riesgos laborales de las trabajadoras del hogar se controlarán a través de una autoevaluación que realizarán los empleadores

Tras el reconocimiento del derecho a paro y a protección contra el despido, las empleadas del hogar buscan una regulación más clara sobre riesgos laborales. “No podemos seguir en unos trabajos donde no tenemos apenas derechos”, señaló Rafaela Pimentel, representante del colectivo de trabajadoras Territorio Doméstico, tras reunirse con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. En la reunión también participaron representantes del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y sindicatos. La ministra ha anunciado que los hogares tendrán que hacer “autoevaluaciones” sobre los riesgos laborales a los que se enfrentan estas trabajadoras.

Tras la reunión, Díaz se refirió a la regulación de las prácticas formativas en las empresas para anunciar que “va a salir con carácter urgente”. La ministra se ha referido al “mal llamado estatuto del becario” para denunciar que el uso inadecuado de las prácticas formativas en las empresas contribuye a la “precariedad laboral”.

En cuanto a la seguridad laboral, uno de los temas clave que se ha tratado en la reunión es cómo debe actuar la inspección de trabajo a la hora de evaluar los peligros profesionales a los que se enfrentan en el día a día las auxiliares y trabajadoras de hogar. Al tratarse de domicilios privados, las auditorías requieren del permiso del dueño del domicilio y la jurisprudencia se enredaba en este punto. Díaz ha señalado el control de riesgos se va a llevar a cabo “a través de autoevaluaciones que tendrán que realizar las personas que desplieguen estos servicios”. En este caso, los hogares que contraten los servicios.

“La propia inspección de trabajo puede pedir todos esos documentos —en este caso las autoevaluaciones— ver qué dolencias tiene la trabajadora, con qué facilidades trabaja en el hogar, etcétera. A partir de ahí operaría la inspección sin necesidad de desplazarse al propio domicilio”, explicó la responsable de Trabajo. En esta línea, Díaz matizó que la nueva regulación “respeta la jurisprudencia constitucional” y preserva “la intimidad del hogar doméstico”. Además, señaló que el nuevo marco legal se ha propuesto en coordinación con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Tras la rueda de prensa de la responsable de Trabajo, han intervenido representantes de asociaciones de trabajadoras de hogar y también del Servicio de Ayuda a Domicilio. “No tenemos enfermedades profesionales reconocidas”, apuntó Carmen Diego, secretaria de la Plataforma Unitaria de Auxiliares de Ayuda Domicilio. Para Diego la evaluación de riesgos actual no es eficaz y debería llevarse a cabo en cada puesto de trabajo. “Nuestro problema es que trabajamos en domicilios privados, pero esto no exime a los empresarios de su obligación de cuidar de nuestra salud”, concluyó.

Por el momento, las representantes de ambos sectores han omitido valorar las medidas: “No podemos opinar sin haber visto el borrador”, apuntó Diego. La ministra ha explicado a los medios que este reglamento, cuyo desarrollo se incluía tanto en el decreto sobre el trabajo en el hogar, como en la Estrategia sobre salud y trabajo, inició el trámite de consulta pública el día 12 y estará abierto durante 15 días. Pasado este proceso, el ministerio, junto a los sindicatos y las asociaciones de empleadas del hogar, empezarán un análisis de las propuestas para realizar el texto definitivo.

Por su parte, Rafaela Pimentel ha aludido a la necesidad de abordar el tema de las enfermedades profesionales. “Queremos que se deje de decir que son enfermedades comunes”. En la misma línea, la representante de las auxiliares de ayuda ha señalado que sin una evaluación de riesgos detallada no pueden establecer relación entre sus lesiones y su actividad laboral. “Después de tantos años queremos que esta vez [la regulación] sea la definitiva”, concluyó.

Estatuto del becario

La ministra de Trabajo también se ha referido a la regulación de las prácticas profesionales en las empresas. Díaz ha afirmado que este marco normativo, que trata de atajar el “mal uso” de la formación en prácticas dentro de las empresas, se aprobará “con carácter inmediato”. Desde las centrales sindicales ya habían anunciado que el acuerdo estaba próximo y, este miércoles, la ministra ha apuntado en la misma dirección. “Ha sido una negociación intensa [...] pero hay un compromiso real. En breves momentos van a tener el mal llamado Estatuto del becario en el Boletín Oficial del Estado”, concluyó Díaz.

Las prácticas extracurriculares (los trabajos voluntarios que no están vinculados a la formación) han sido uno de los puntos más polémicos. Los sindicatos se mostraban partidarios de eliminarlos, mientras que la patronal disentía. Díaz ha aclarado que en los casos donde se establezca probada una relación laboral, el becario tendría que ser reconocido bajo el convenio colectivo y su retribución, así como sus horarios de trabajo, cambiarían.

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