El Supremo confirma 10 años de cárcel al expresidente de Asaja en Valladolid

El Tribunal Supremo ha confirmado 10 años y cuatro meses de prisión al expresidente de la asociación agraria Asaja en Valladolid, Lino Rodríguez. El Alto Tribunal ratifica así la condena de la Audiencia Provincial de Valladolid, recurrida por el afectado, a quien le atribuyen delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad y administración desleal. La sentencia exonera a la pareja de Rodríguez, Ana Isabel de la Fuente, tras considerarla la Audiencia vallisoletana responsable de un delito continuado de falsedad en documento oficial sancionado con dos años de cárcel. El penado gestionó Asaja entre 1995 y 2015 y desvió dinero comunitario para comilonas, viajes o caprichos. El Supremo también ha desestimado los recursos del ex vicepresidente del colectivo, Gerardo Rico, castigado con dos años de privación de libertad. El exsecretario Fernando Redondo no elevó al tribunal la condena a cuatro meses de cárcel.

La sentencia incide en los argumentos aportados por la Audiencia Provincial en su pronunciamiento de abril de 2021, efectuado dos meses después del juicio contra Rodríguez. La sanción de 10 años y cuatro meses entre rejas reduce los 26 años que le reclamaba la Fiscalía. El fiscal se mostró muy incisivo durante las sesiones mientras que el acusado se protegió con un “no me consta, no recuerdo” cuando el representante del ministerio público le inquiría por desembolsos en sexshops, zoológicos o clínicas estéticas. Rodríguez esgrimió que esas cuestiones “de hace tanto tiempo” no se le habían quedado en la memoria, al igual que gastos en viajes a Nueva York, Milán o París. La Sala aprecia que el alto cargo de la Asociación de jóvenes agricultores, tal y como explicaba la instancia provincial, cuenta con un “elenco probatorio” adverso consistente en el aprovechamiento del cargo como presidente o la confianza que generaba en su entorno para afianzar su actividad delictiva.

Los 10 años y cuatro meses impuestos por la Audiencia vallisoletana redujeron la solicitud de la Fiscalía por dilaciones que la defensa del implicado reclamó. La investigación comenzó en 2013, cuando el tesorero de la agrupación, Alberto Cano, denunció al dirigente en busca de información sobre unos fondos europeos dispuestos para formación de ganaderos y agricultores pero que nunca se formalizaron en cursos. Rodríguez lideraba el instituto Ifycar, creado para “formación y capacitación agro-rural”, y obtuvo más de un millón de euros de fondos públicos entre 1995 y 2004 sin llegar a ponerlos en marcha. Este ente también cosechó casi dos millones de euros procedentes de subvenciones otorgadas a sectoriales vinculadas. Lino Rodríguez sostuvo en los juicios que sus grandes desembolsos se correspondían con “detalles”. Para él, “era asumido por todos y que podía hacerse al tratarse de una sociedad privada”, aseguró en las sesiones para intentar justificar grandes gastos en restaurantes, joyerías o cines o achacar desembolsos en permutaría “para conferenciantes, colaboradores y mujeres de los directivos”. Todo ello lo asociaba a motivos laborales, aunque un banquete de 1.850 euros se celebró el mismo día de la comunión de su hijo.

La Fiscalía recalcó durante las comparecencias que el hombre movía “sin justificación” importantes sumas de dinero entre sus cuentas, incluyendo subvenciones públicas, y cifró en más de un millón de euros la cantidad que recibió de Asaja entre 1999 y 2009 sin que constara una causa definida. Esta condena ratificada por el Tribunal Supremo se une a otra que Rodríguez se encuentra cumpliendo en la actualidad, consistente en dos años y ocho meses de prisión por falsedad documental y fraude en el cobro de prestaciones de la Junta de Castilla y León.

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