El sector del gran consumo rechaza los supermercados públicos de Belarra: “Están fuera de la realidad”
La asociación de distribuidores y fabricantes AECOC considera que la propuesta de Podemos no “aportaría nada”
La última propuesta de Podemos para abaratar la cesta de compra —crear una cadena pública de supermercados bajo el nombre de Precios Justos— ha topado con el rechazo del sector de gran consumo. La principal asociación de fabricantes y distribuidores (AECOC) considera que la medida “está fuera de la realidad”, en la “posverdad”, y “no aportaría nada”, según ha afirmado este martes su director general, José María Bonmatí. También ha lamentado las declaraciones de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha llamado “capos” a los empresarios de la distribución y les ha acusado de ser un oligopolio: “Esto se está viviendo mal en el sector, con un punto de indignación porque colectivamente sorprende ese cambio en el que hemos pasado de héroes [en la pandemia] a villanos”.
No es la primera vez que Podemos carga contra los supermercados. La formación, socia del PSOE en el Gobierno, lleva meses acusando a los distribuidores de estar “forrándose” con la escalada del precio de los alimentos y ha puesto sobre la mesa medidas como topar el precio de los alimentos y crear un impuesto sobre los supuestos beneficios extraordinarios de las empresas del sector. Estas propuestas y acusaciones han indignado a las empresas, que alegan que la subida de precios se debe a los mayores costes y que sus márgenes se han resentido. En marzo, la subida de los precios de los alimentos fue del 16,5%, según el INE. Las iniciativas de Podemos también se han enfrentado a la reticencia de varios Ministerios, como Economía, Hacienda y Agricultura. Es más, en el Programa de Estabilidad que el Gobierno acaba de enviar a la Comisión Europea se afirma que el 95% de la inflación de los alimentos en 2022 se debió a costes importados, no a problemas internos de la cadena alimentaria.
Bonmatí sostiene que el consumidor español tiene a su alcance diferentes formatos comerciales y una “enorme” capacidad de elección. “Un supermercado público no aportaría nada en un sector de enorme complejidad donde intervienen muchos eslabones y teniendo en cuenta que es un sector con mucha competencia. Además, en España se dan todas las formas comerciales y la capacidad de elección del consumidor es enorme”, ha asegurado en una rueda de prensa en Madrid. “Afortunadamente”, la cadena alimentaria es “muy eficiente” y hay una “fuerte competencia”. “Veo difícil que esta propuesta tuviera una aportación de valor con tantos operadores para que lleguen los productos de forma asequible al consumidor”, ha dicho Bonmatí. Fabricantes y distribuidores confían, además, en que los precios de los alimentos empiecen a bajar.
“No me sorprende que la patronal del gran consumo, que propuso aumentar la edad de jubilación a 70 años y se opuso a subir el SMI a 900 euros en su momento, ahora se manifieste contra nuestra propuesta de una cadena pública de supermercados”, ha respondido ya por la tarde Belarra. “Más pronto que tarde, aunque ahora algunos intenten ridiculizarla, se va a abrir camino para tener alimentos a precios justos y sobre todo para mirarle de frente al oligopolio alimentario, que falta hace”, ha cargado la ministra.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha defendido la iniciativa de su formación, incluida en el programa para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Y ha añadido algún dato más sobre cómo funcionarían estos supermercados públicos, como que podrían “tener divisiones en otras partes de la cadena alimentaria, como almacenamiento y procesado, y ayudar a pequeñas tiendas y comercios de barrio”. “Que pudieran vender productos a precios bajos a estas tiendas y pequeños comercios para que también puedan bajar el precio de la compra”, ha dicho este martes Echenique, que calcula que la medida crearía 50.000 empleos directos.
Aunque no se conoce el detalle de cómo sería la cadena de supermercados públicos que propone Podemos, Bonmatí ha recordado que ya ha habido experiencias similares en el pasado. En España, lo más parecido que ha habido a supermercados públicos fueron los economatos laborales de la República, que continuaron abiertos durante la dictadura. En Argentina y Venezuela, el Estado ha intervenido para controlar los precios de los alimentos, y en Suecia hay supermercados sociales para los más desfavorecidos.
Caída de la demanda
La escalada del precio de los alimentos se está traduciendo desde hace unos meses en una contracción de la demanda que preocupa a los supermercados. El 60% de las empresas prevé que la actual caída en los volúmenes de compra se mantenga durante todo el año, según un sondeo presentado este martes por Aecoc y realizado entre 75 empresas del sector (con una cuota de mercado del 90% entre la distribución). En concreto, el 38,9% de los distribuidores anticipa que cerrará 2023 con una caída en los volúmenes de compra de hasta el 5%, mientras que un 27,8% prevé que la demanda se estanque. En cambio, el 33,3% restante proyecta crecer en volumen. Las perspectivas de los fabricantes van en la misma línea. El 56% apunta a caídas en los volúmenes de venta de hasta el 10%, mientras que un 14% espera resultados similares a los de 2022 y el 29,7% pronostica crecer.
Los datos presentados este martes por la consultora Nielsen IQ constatan que la caída en los volúmenes de compra es del 2% desde enero. Sin embargo, el consumo repuntó en abril, con un crecimiento interanual superior al 4%. Este repunte del consumo coincide con una ralentización destacada en el incremento medio de los precios de los productos de gran consumo en el avance de resultados registrado para el mes de abril, que se situó en el 9,5%. El dato -que NIQ obtiene en base a las ventas reales de los establecimientos de Gran Consumo- supone un descenso de 4,7 puntos respecto a la subida del 14,2% en los precios del mes de marzo.
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