Los cultivos ilegales de marihuana multiplican los casos de fraude eléctrico y golpean a las distribuidoras

La rápida expansión de los cultivos ilegales de marihuana está teniendo incidencia en sectores completamente distintos al de los narcóticos. Estas plantaciones a cubierto —en muchos casos, en pisos, donde su detección por parte de las autoridades es mucho más complicada y donde se maximiza la producción— requieren grandes volúmenes de energía para mantener el ambiente necesario —luminosidad y temperatura— para que el cannabis se desarrolle con éxito. Y se están surtiendo, en gran medida, de electrones robados mediante pinchazos en la red. Una práctica que va a más y que está poniendo en jaque a las empresas distribuidoras y al sistema eléctrico en su conjunto.

La compañía más expuesta a esta creciente realidad es Endesa. ¿El motivo? Su histórica presencia en el negocio de distribución de electricidad en el sur de España, donde los cultivos —tanto de exterior, que apenas requieren electricidad; como de interior— son más frecuentes. En su caso, los casos de fraude eléctrico asociados a la marihuana casi se han duplicado entre 2018 y 2022. La compañía eléctrica, de hecho, calculaba hace unos días que el consumo ilegal de electricidad para alimentar estas plantaciones asciende a 2.200 GWh al año, más de 200 millones de euros a los precios actuales de la luz y el equivalente a la demanda de una ciudad como Sevilla (casi 700.000 habitantes).

Por su parte, Naturgy (con amplia presencia en Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León) calcula que el 10% de los 9.300 casos de fraude que ha detectado en los dos últimos ejercicios (2021 y 2022) se corresponden con este tipo de plantaciones de marihuana. En el último año, se han duplicado. “Nuestra filial distribuidora, UFD, ha intensificado su ofensiva contra el fraude eléctrico para prevenir el riesgo que suponen las conexiones ilegales para la seguridad de las personas y para reducir el coste para el sistema eléctrico, que asumen el resto de clientes en su factura”, afirma una portavoz de la antigua Gas Natural Fenosa en declaraciones a este diario.

Iberdrola —líder en distribución en el centro, el norte y el Levante, zonas en las que la incidencia de este tipo de cultivos son mínimos—, aunque no ha facilitado sus datos a este diario, afirma que identificar las plantaciones de interior es “muy sencillo”: “Tienen un patrón de consumo muy estable y repetitivo, a plena carga entre las 11 y 12 diarias en régimen nocturno. Por eso, un adecuado balance energético permite localizar fácil y rápidamente cualquier comienzo de la actividad ilícita, con su consiguiente fraude al sistema”. Su distribuidora (i-DE) “viene ejecutando unas 300.000 inspecciones al año” para identificar casos de fraude, vinculados o no con el cultivo de marihuana.

Ingente volumen de electricidad

Si en una zona de la geografía española se han multiplicado los cultivos ilegales de marihuana en los últimos años esa es, sin duda, la provincia de Granada. En varias visitas realizadas al distrito norte de la ciudad, un enclave en el que los apagones causados por estas instalaciones son frecuentes, este diario ha podido constatar la existencia de centenares de viviendas dedicadas al cultivo de estas plantas. La situación ser repite en varias localidades de la periferia de la capital granadina, en las que estos cultivos no han dejado de proliferar en los últimos años.

La energía es el componente más caro en el proceso de producción de la marihuana en interiores: salvo el riego y el abonado, todo se hace con electricidad, que se consume las 24 horas del día durante semanas. Y disponer de ella gratis —robada—, hace que el negocio sea rentable desde que echa andar. “Se cultiva interior porque permite tres o cuatro cosechas al año, que en exterior se convierten en solo una”, explica Javier Rodríguez, comandante jefe de la Guardia Civil en Armilla con una dilatada experiencia en operaciones policiales contra el cultivo de cannabis. Si antes había que esperar a la segunda o tercera cosecha para obtener beneficios, “ahora se consiguen desde la primera cosecha”.

Para certificar el fraude eléctrico en los registros de la policía en las viviendas donde se cultiva, la comitiva policial incluye siempre personal de los equipos antifraude de las eléctricas. Al terminar, destruirán la instalación, no sin antes poner a toda potencia el sistema eléctrico de las viviendas para comprobar el consumo. En una de estas operaciones, en la que estuvo EL PAÍS, una vivienda que albergaba 600 plantas de marihuana consumía el equivalente a entre 20 y 30 viviendas. Endesa, sin embargo, eleva esta cifra hasta 80.

Rodríguez, no obstante, pone en contexto el fraude eléctrico. Una práctica muy extendida, reconoce, pero que no achaca ni exclusiva ni mayoritariamente a la marihuana. “En una zona donde hay 100 viviendas enganchadas ilegalmente algo menos del 10% producen marihuana”, ejemplifica. “El resto es porque es fácil el enganche y es más barato vivir así”. Esos datos cuadran bastante bien, en lo micro, con los que proporcionan las eléctricas.

Bombas de calor trabajando las 24 horas

El comandante de la Guardia Civil recuerda actuaciones a las cuatro de la mañana, con cinco grados en la calle y gente en manga corta en el interior de los pisos en los que se produce grifa. “Además de un fraude, es un comportamiento incívico… Dos o tres bombas de calor de 2.000 vatios las 24 horas al día… Es algo muy frecuente”, rememora. Para eso son necesarias instalaciones bien reforzadas, con el concurso de electricistas con conocimientos avanzados. Un negocio alrededor de otro.

El uso intensivo —industrial, de hecho— de electricidad en estos cultivos interiores es necesario para mantener la temperatura (25 grados) y la humedad (entre el 30% y el 70%, en función del estado de floración). Para eso se requieren máquinas de aire acondicionado, ventiladores que permitan circular el aire, bombillas de calor y, para evitar dar el cante con el aroma en la cercanía de la vivienda —una tarea casi imposible, no obstante—, extractores con filtros de carbón activo que expulsen el aire a la calle con el mínimo olor posible.

Los métodos de fraude eléctrico con los que se encuentran los agentes en sus operaciones van desde el enganche de su vivienda a la línea general, sin contador, gracias a los vampiros —un mecanismo que permite a la vivienda pinchar una acometida cercana— hasta métodos más sofisticados, como contar con dos instalaciones eléctricas: la oficial, la dada de alta y con contador en regla, registra el consumo de alguna bombilla y poco más; la segunda, ilegal, vampiriza el suministro desde la línea general al resto de instalaciones de la vivienda a coste cero. “A veces te dicen: ‘yo no tengo trampa, mire el contado’. Pero luego, enciendes una bombilla aquí y allá en la casa y el contador ni siquiera se mueve”, cuenta el agente. La multa por ese fraude fluctúa entre los 500 y los 5.000 euros.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal