Bruselas reforzará los instrumentos para gestionar crisis bancarias

La Comisión Europea ultima una reforma del mecanismo de gestión de crisis bancarias tras las recientes tensiones financieras desatadas por los problemas de tres bancos estadounidenses y el suizo Credit Suisse. Este plan, a cuyos borradores ha tenido acceso EL PAÍS, ya se estaba preparando antes del terremoto, pero se ha acelerado ante el temor a nuevos episodios de turbulencias bancarias. La idea consiste en agilizar y unificar todavía más el marco existente para intervenir ante la caída de una entidad, evitando la propagación del pánico y la consiguiente fuga de depósitos.

Esa es la noticia positiva: Bruselas es consciente de que hay que apuntalar los mecanismos para gestionar crisis bancarias. La mala es que sigue bloqueada la negociación para crear un fondo de garantía de depósitos europeo, la solución que permitiría dar una mayor red de seguridad a los clientes de las entidades. De esta manera, el dinero guardado en un banco estaría garantizado hasta el importe cubierto de 100.000 euros por un fondo único de la eurozona en lugar de por los nacionales. Así, cualquier euro bancario sería exactamente igual en todos los países. Ese sería el cierre lógico a un sistema en el que los Estados miembros ya han entregado a Europa la supervisión y la resolución de las entidades grandes. Alemania, Países Bajos y el resto de los mal llamados frugales se resisten a completar ese fleco de la unión bancaria ante el temor atávico en el Norte a tener que mutualizar los rescates. Francia también tiene sus propias reticencias. E Italia mantiene un sistema que le brinda mucha manga ancha a la hora de intervenir.

A falta de ese fondo de garantía de depósitos común, todavía se pueden tocar algunas piezas importantes para dar ciertos automatismos y facilitar la respuesta europea al colapso de una entidad con fórmulas parecidas a las que acaban de desplegar las autoridades de Estados Unidos. Ya es posible levantar un banco puente o vender una entidad por partes. Pero todavía no se ha finalizado el diseño de las líneas de liquidez, indispensables en una situación de pánico para evitar su propagación.

Y ese sería, según fuentes conocedoras de la reforma, uno de los cambios capitales que estarán en discusión sobre la mesa: que Europa pueda dar líneas de liquidez a las entidades antes de entrar en resolución, como ha sucedido con Credit Suisse, al que se le concedió un manguerazo de 100.000 millones; o líneas de emergencia, como la que orquestó EE UU ante la caída del Silicon Valley Bank y el Signature. Esas ventanas permiten a las entidades conseguir fondos a cambio de activos valorados al precio de emisión; son una suerte de rescate por la puerta de atrás. En Europa, el BCE tiene dificultades para asistir a los bancos en esas circunstancias. La Emergency Liquidity Assistance (provisión de liquidez de emergencia) solo puede prestar a entidades solventes y que tengan activos de calidad como garantía. En su día, el Banco Popular no tuvo suficientes activos de calidad para mantenerse a flote: de ahí la necesidad de abrir una de esas ventanas. Además, el BCE no puede incurrir en pérdidas. De modo que la propuesta debe basarse en poner sobre la mesa garantías que permitan absorber pérdidas para que el Eurobanco pueda prestar la liquidez. Así lo ha hecho EE UU: el Tesoro puso 25.000 millones en garantías para que la Reserva Federal pudiera aportar financiación con gran rapidez. Europa quiere determinar quién y cómo pone las garantías para que no haya dudas: el texto hace una mención de usar el presupuesto nacional con las condiciones que ponga el BCE ante una perturbación seria de la economía de un país y para evitar el riesgo de una crisis sistémica. No obstante, el debate podría abrirse a otras posibilidades, como que sea el mecanismo de rescate (Mede) o incluso el presupuesto europeo.

La reforma para fortalecer los rescates, que lleva bloqueada un tiempo y que ahora ha encontrado su “ventana de oportunidad”, según fuentes comunitarias, es parte de un modelo a mayor escala que busca completar la unión bancaria. La nueva regulación, que se difundirá previsiblemente en unos días, aún está sujeta a cambios y deberá obtener la luz verde de los Veintisiete y la Eurocámara.

A grandes rasgos, se trata de fijar modelos comunes con el fin de reducir el margen para la arbitrariedad de los Estados miembros. Por ejemplo: clarificando las condiciones para intervenir de forma temprana en entidades con problemas; armonizando las evaluaciones que se hacen para usar o no los fondos de garantía de depósitos, o revisando cómo se valora si hay un interés público para resolver la entidad de manera ordenada en lugar de liquidarla. Se intenta evitar así que los países acaben recurriendo al dinero de los contribuyentes para salvar a bancos insolventes o accionistas. Además, se busca proteger más a los depositantes, tanto los garantizados como los no garantizados, facilitando la intervención del fondo de garantía antes de llegar al momento de la liquidación. Y se quiere asegurar que se usen más los fondos de garantía, financiados por el sector bancario, en vez de recurrir al dinero público. Según fuentes de la negociación, este plan está en línea con lo que defienden España y sus bancos.

Bruselas pretende implantar un sistema más ejecutivo de alerta temprana, por el que el BCE o las autoridades competentes comuniquen a la autoridad de resolución y al consejo del banco que este último se encuentra en riesgo de insolvencia. Y a partir de ahí, tratar de hallar soluciones alternativas a la resolución. Por otra parte, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) empezará a elaborar test para comprobar cómo se harían las resoluciones y examinar la cooperación entre países.

Menos liquidaciones

Otra pata importante del paquete es ampliar el número de entidades bancarias europeas que pueden ser resueltas en lugar de liquidadas. La Junta Única de Resolución (JUR) es el organismo encargado de intervenir en la zona euro cuando cae un banco considerado importante. Su misión es que se resuelva de la manera más ordenada posible. En la actualidad, solo están bajo este paraguas aquellas entidades calificadas como significativas —las conocidas como demasiado grandes para caer—, entre ellas las que cuentan con más de 30.000 millones en activos. En el caso de que una entidad significativa se vuelva inviable y las autoridades europeas determinen que su resolución es necesaria por el bien público, la JUR puede entrar en la entidad y resolverla, gestionándola y buscando la forma de reestructurarla, adjudicarla o despiezarla con el fin de conseguir el mínimo impacto sobre la economía real y el contribuyente. El resto de las entidades se dejan para que las autoridades nacionales decidan. Con el nuevo enfoque que prepara la Comisión Europea, se busca que más entidades vayan a un proceso de resolución. De acuerdo con la documentación disponible, se rebajaría el umbral para concluir que una entidad tiene interés público, por ejemplo, teniendo en cuenta el impacto en la economía regional o dando preferencia por ley a la resolución sobre la liquidación. En consecuencia, más bancos pequeños irían a resolución y no a liquidación y esto contribuiría a reducir el coste económico de esa operación en la medida en que con la resolución se dispone de herramientas más ágiles y que minimizan la destrucción de valor.

Sin embargo, esta aproximación presenta problemas para algunos expertos consultados, puesto que también sería necesario que hubiera una fuente de financiación para estas resoluciones de entidades más pequeñas. De lo contrario, se volvería a depender de los tesoros nacionales y no de la política común de la UE. Eso podría obligar a bancos muy pequeños a tratar de conseguir a precios muy elevados los títulos de deuda subordinada que se usan como colchones cuando se aplica la resolución, a menos que la coloquen entre los clientes minoritarios, como sucedió con las participaciones preferentes en España.

La Junta Única de Resolución interviene con el llamado Fondo Único de Resolución, que se capitaliza con aportaciones de las entidades europeas. Pero si este se queda sin recursos, el dinero que falta puede ponerlo el mecanismo de rescate europeo (Mede), una vez Italia ratifique la reforma del tratado con el que se creó. Con esa norma, los países tienen que votar en el seno del Mede si hacen o no esta aportación; para evitar la complejidad y las dudas en momentos de máxima tensión. Esa votación se pretende suprimir: el Mede desembolsaría los recursos de forma automática.

También se quiere reforzar la entrada de la Junta Única de Resolución en los bancos con problemas. Según la normativa existente, una condición para que la JUR pueda tirar de los recursos del FUR consiste en que al menos un 8% del pasivo asuma las pérdidas, empezando por los accionistas y la deuda subordinada. Y solo a partir de que hayan sufrido esas pérdidas, pondría dinero el Fondo Único de Resolución. Sin embargo, el episodio de Credit Suisse, en el que se ha barrido la deuda subordinada sin haber fulminado por completo a los accionistas, ha generado dudas sobre esa deuda llamada en la jerga AT1 o híbrida. Las autoridades europeas han salido enseguida al paso asegurando que los títulos subordinados están por detrás de los accionistas a la hora de encajar pérdidas. Pero las dudas subsisten y algunas entidades podrían tener problemas para reunir esa deuda híbrida. Sobre todo las más pequeñas.

De modo que ahora se plantea la posibilidad de que los fondos de garantías de depósitos nacionales puedan asumir parte de las pérdidas hasta llegar a ese 8%, en especial en aquellas entidades medianas y pequeñas que ahora serán objeto de resolución. A su vez, para que estos fondos nacionales actúen hace falta justificar que es más beneficioso intervenir que no hacerlo. Y para que esto ocurra, el texto propone cambiar el orden de prelación por el que se encajan las pérdidas. En concreto, se iguala en jerarquía a los pasivos garantizados y los no garantizados, de manera que así se justifica que el fondo de garantía de depósitos pueda entrar y se utilice en mayor medida. En la práctica, esto consigue que los depósitos no garantizados tengan una menor probabilidad de absorber pérdidas, ayudando a evitar pánicos bancarios como los que han sucedido ahora.

No obstante, en este punto los expertos consultados subrayan un problema: ese 8% de pérdida no es condición suficiente para que el FUR ponga recursos, de forma que podría pasar que se volatilice el 8% y, aun así, el Fondo no entre, lo que dejaría al Estado miembro soportando la carga y su solución dependería otra vez de las capacidades nacionales y no de las europeas.

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