Los pozos negros de Ferrovial
El grupo Ferrovial ha encajado tres sanciones de la CNC y la CNMC por impulsar y participar en tres grandes carteles
De Ferrovial destaca la glamurosa cara A: proyectos internacionales, gestión de aeropuertos. Su reverso son los pozos negros de la cara B, menos conocidos en Washington y Londres. Aunque sí en Polonia, país laxo pero que enjuicia a su filial local, y a un exministro, entre otros. Por corrupción y facturas falsas en la recogida de basuras.
Las actuaciones polémicas cuestionan sus apelaciones a la seguridad jurídica, a la legalidad, al Estado de derecho, a la competencia y la competitividad basada en la excelencia y el respeto al contribuyente.
El grupo Ferrovial ha encajado tres sanciones de la CNC y la CNMC por impulsar y participar en tres grandes carteles, asociaciones ilegales de competidores para eliminar la competencia y anular el mercado, coordinando ofertas, precios, condiciones. Y repartirse obras licitadas por el Estado.
La más reciente (2022) fue contra las seis grandes constructoras: el G-7. A la empresa de los Del Pino la multaron con 38,5 millones. Fue por conjurarse, para “tomar un café” semanal con el resto durante 25 años (1992 a 2017) donde se repartían obras, información y criterios para licitar. Entraron en la ruleta proyectos como la Ciudad de la Justicia de Madrid, la línea férrea Madrid-Extremadura, obras del Canal de Isabel II, depuradoras gallegas.
La sanción de la CNMC fue suspendida cautelarmente por la Audiencia Nacional —las tumba todas, incluidas las prohibiciones de volver a participar en concursos públicos— por presunto defecto de forma.
Otra fue al cartel de las carreteras (2014 a 2018): 12 empresas se repartieron 71 de las 101 licitaciones ministeriales. Y el tercero, el de la basura —los concursos de recogida de residuos, multado para el conjunto en 98,2 millones—.
El otro bloque es el soborno político, ya a título individual. Fue sistemático en la Cataluña pujolista. Las sospechas —no comprobadas— empezaron por la adjudicación política y no con criterios técnicos de la autopista Terrassa-Manresa. Y han desembocado en la cuestionada concesión del 061 sanitario: 45 millones desde 2015.
El cogollo fue el caso del saqueo triangular del Palau. Desde 1999 Ferrovial aportó durante un decenio 12 millones al templo musical cuyos dirigentes se repartieron una parte. Al menos 6,6 fueron para Convergència en 10 años, una comisión ilegal no del 3%, sino del 4%: 2,3 millones mediante entregas en efectivo; 2,1 a cambio de facturas falsas al Palau por trabajos para el partido nacionalista; más de medio por “convenios de colaboración permanente”...
En ese tiempo la empresa obtuvo la concesión de la Ciutat de la Justícia y la línea 9 del Metro (ingresos de 1.159 millones). Negó haber cometido soborno ni tráfico de influencias. La Audiencia acreditó el hecho delictivo cometido por dos de sus altos directivos en el caso Palau. No les pudo condenar a prisión, el delito había prescrito. Pero los hechos son verdad. Judicial.
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