La tarifa regulada de gas encalla en las comunidades de vecinos: solo la tramitan 5.000 bloques de pisos

Poco más de 5.000 comunidades de vecinos se han dado de alta en la tarifa de último recurso (TUR), creada ex profeso en octubre para dar cabida a este grupo de consumidores. El volumen de hogares acogidos a esta modalidad, que cuenta con una financiación millonaria de dinero público para contener el zarpazo de los precios sobre los hogares, está muy por debajo de las previsiones del sector. También del propio Gobierno, que en octubre —cuando la puso en marcha— auguraba una acogida masiva entre los 1,7 millones de propietarios que viven en un bloque de viviendas, casi uno de cada cuatro consumidores de gas en España.

Mientras la TUR individual sigue haciendo camino, con 200.000 nuevas altas en febrero —hasta un total de 2,5 millones de clientes, frente a los 1,5 millones de mediados del año pasado—, la vecinal está a años luz de lo esperado: solo 964 comunidades dieron el paso el mes pasado. “Había una gran demanda y esperábamos más reacción, un mayor flujo. No ha sido el caso”, reconoció a finales de marzo la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen. “En las comunidades de propietarios los acuerdos no son tan fáciles, pero no nos ha llegado ninguna queja particular de que el sistema no funcione”, deslizaba al tiempo que descartaba cambios en el diseño del mecanismo. “Son casuísticas muy concretas”.

Más allá de la falta de consenso entre vecinos, ¿por qué está encallando la TUR en los bloques de pisos con caldera común? Las razones son variadas, según expone Pablo Ruiz, vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, y responsable cofundador de Acerta Gestión. Su empresa, con operaciones en Guadalajara y en Madrid, no ha hecho ni un solo cambio del mercado libre a la TUR en la provincia castellanomanchega. Y pocas, muy pocas, en la capital. “Hemos recibido ofertas de comercializadoras con precios fijos similares a los del regulado y sin penalización”, explica. Además, para acogerse a la opción subvencionada, “muchas comunidades tienen que hacer obras en la sala de calderas para superar la inspección energética, y eso los tira para atrás”.

Otro elemento que está ejerciendo de freno es la penalización sobre la media de consumo de los últimos años. “No saben si el invierno que viene va a ser más frío o si algún vecino va a consumir más”, dice Ruiz. En los casos que este administrador conoce de primera mano, las comunidades a las que les ha vencido su contrato están optando por tarifas indexadas al mercado mayorista del gas en la península Ibérica (Mibgas), una alternativa que no tienen disponible los clientes a título individual.

“Después de la fuerte bajada del gas en las últimas semanas, nuestra recomendación es esa. Pero siempre sin compromiso de permanencia, para que [si el gas vuelve a subir en los próximos meses] pueda cambiarse a la TUR”. Si la cotización de este combustible no hubiese caído tanto como lo ha hecho, expone el vocal del Colegio de Administradores, el flujo al regulado habría sido “mucho mayor”. Ese abaratamiento en el mercado mayorista, no obstante, también se está dejando sentir en la TUR, que el Gobierno rebajó el 1 de abril en un 30%. La competencia en precios está, de nuevo, servida.

Repartidores de consumo

La instalación de repartidores de costes es uno de los requisitos que más reticencias están generando, a pesar del amplísimo plazo fijado por el Gobierno para que estén instalados: en octubre de este año, un año después de la entrada en vigor de la TUR vecinal. “Estamos hablando de unos 60 o 70 euros por radiador, unos 400 por piso”, esboza Ruiz.

Luis del Castillo, dueño de Administradores Castillo, constata el “pánico” de las comunidades a la instalación de repartidores. “Este invierno, que no ha sido nada frío, muchas han preferido bajar sus horas de calefacción, incluso hasta el 50%, a tener que ponerlos”, apunta este profesional, a caballo entre Móstoles y Majadahonda (Madrid). “Y eso, claro, las inhabilita para la TUR”. Su caso no es ni mucho menos único: por lo que ha podido hablar con otros colegas administradores, esa práctica —reducir el número de horas diarias de calefacción—, dice, se ha convertido en moneda de cambio común en el sector.

Trabas de las comercializadoras

De las siete comunidades de vecinos con calefacción central de gas que administra Del Castillo, solo tres han iniciado los trámites para pasarse a la TUR. Pero solo una lo ha conseguido. “Las comercializadoras siguen poniendo muchas pegas a la hora de hacer el cambio: se ve, claramente, que a ellas no les interesa”, apunta por teléfono. “Dicen que han puesto un departamento específico, pero piden los papeles una y otra vez, y eso ralentiza el proceso. Es una inversión terrible de horas que, en la mayoría de los casos, acaba en nada”.

Enrique García, de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), añade tres posibles explicaciones más al escaso movimiento a la TUR de bloques con caldera comunitaria. Primero, el desconocimiento: “Son muchas las comunidades pequeñas que no tienen administrador y que ni siquiera saben de la posibilidad de acogerse a esta tarifa”. Segundo, la pugna entre energéticas por estos clientes, grandes consumidores y —por tanto— mucho más atractivos para ellas: “Algunas, para conservar una comunidad que ya tenían, han optado por abaratar al máximo sus tarifas del mercado libre o simplemente no han trasladado los incrementos tan brutales que sí han aplicado a clientes individuales”. Tercero, los periodos de renovación: “Hay muchos contratos con permanencia y en los que, por tanto, el cambio a la TUR tiene un coste que prefieren no asumir”, zanja.

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