Siete de cada diez hogares siguen en el mercado libre del gas pese a la enorme brecha de precios con la tarifa regulada

La mejor decisión que puede tomar hoy un hogar con caldera de gas natural es cambiarse a la Tarifa de Último Recurso (TUR) —cuyo precio fija trimestralmente el Gobierno—. Está hasta cuatro veces por debajo de los valores a los que las energéticas están renovando a sus clientes en el mercado libre. Sin embargo, una amplísima mayoría —casi seis millones o, lo que es lo mismo, más de siete de cada diez— sigue sin dar el paso. A finales de septiembre del año pasado eran ocho de cada diez.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha calculado este miércoles en 2,3 millones los consumidores domésticos acogidos a la TUR. Pese a haber crecido en un 50% desde el verano pasado, esta cifra sigue estando a años luz del volumen de clientes acogidos al mercado libre: dado que, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a finales del año pasado había casi ocho millones de clientes minoristas de gas, se puede estimar que alrededor de 5,7 millones continúan en el libre. Antes de la escalada de precios eran apenas 800.000 más.

Tras las últimas revisiones de tarifa aplicadas por las compañías gasistas, los clientes del mercado liberalizado están teniendo que afrontar facturas hasta tres y cuatro veces mayores cuando les toca renovar su contrato, tal como documentó la semana pasada EL PAÍS en un reportaje. Las facturas mensuales de algunos hogares, en los que el consumo de gas es particularmente alto, rondan los 900 euros mensuales.

El embudo de finales del verano y principios del otoño pasado, cuando un gran número de consumidores domésticos pidió el cambio a la TUR, es historia: las cuatro comercializadoras del mercado regulado han reforzado sus servicios de atención al cliente y ahora el trámite es mucho más ágil que entonces. Aun así, siguen siendo muchas las familias que no terminan de dar el paso, en su mayoría por falta de información sobre la enorme brecha de precios entre ambos mercados. Esta situación es, en gran medida, achacable a la escasa información y a la complejidad de todo cuanto tiene que ver con facturas energéticas.

Ribera: “Si alguien puede beneficiarse y no lo conoce, es un problema mayor”

“Nuestra preocupación, como Gobierno, es que no haya nadie que pueda ser beneficiario y que no sepa que esto existe. Porque si alguien, por voluntad personal o por dificultad para ponerse de acuerdo [en el caso de las comunidades de vecinos] decide no acogerse [a la TUR], está en su derecho”, ha afirmado Ribera. “Pero si hay alguien que lo necesita y puede beneficiarse y no lo conoce, es un problema mayor”.

Aun siendo menor del que debería, por el bien de las finanzas domésticas de esos 5,7 millones de hogares que aún no han salido del mercado libre, el ritmo de tránsito a la TUR está siendo reseñable en los hogares que cuentan con caldera individual. La historia es bien distinta en el caso de quienes cuentan con una caldera comunitaria. “Su acceso está siendo muy lento”, ha reconocido la ministra para la Transición Ecológica.

Según las cifras del Gobierno, aún no son ni 5.000 el total de comunidades de propietarios que se han cambiado a la TUR. Hace un mes eran 2.000. “Sí sabemos, a través de las comercializadoras, que hay un interés creciente”, ha deslizado Ribera. Los motivos por los que las comunidades de propietarios deciden no acceder, ha añadido, “pueden ser muy variopintas, desde dificultades para ponerse de acuerdo sobre la necesidad de contar con contador individual o para vincularse a esta tarifa”.

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