España-Francia: el futuro de las pensiones
Mientras que el plan del Gobierno galo está inmerso en una fuerte contestación social, el español ha sido pactado con los sindicatos y disfruta del suficiente respaldo de la ciudadanía
Los últimos días están evidenciando fuertes diferencias entre los planes de Francia y España para garantizar el futuro de sus pensiones públicas. Mientras que el plan del Gobierno galo está inmerso en una fuerte contestación social, con huelgas masivas y protestas en la calle, el español ha sido pactado con los sindicatos y disfruta del suficiente respaldo de la ciudadanía.
El descontento sindical, por tanto, no proviene de la modificación del sistema, sino de la manera en que este se transforma. Hay que garantizar la sostenibilidad del sistema, adecuando las prestaciones —las pensiones— y los beneficiarios del sistema —las personas— a los ingresos —las cotizaciones y/o los impuestos—.
La diferencia es cómo se afronta ese ajuste entre ingresos y gastos. España, por primera vez, ha optado por poner el foco en el incremento de lo que se recauda y no en el recorte de las prestaciones. Hemos escogido asegurar que los ingresos estarán a la altura del reto demográfico y que las personas trabajadoras con salarios más altos, que estaban exentos de contribuir, deben cumplir con la obligación constitucional de aportar más, consolidando la redistribución de los esfuerzos. La reforma Macron parece haber olvidado que los ajustes que se centran exclusivamente en el gasto son injustos, empobrecen y provocan a largo plazo mucho más daño que beneficio
Sorprende que la garantía futura de las pensiones en Francia se esté tratando de construir sobre un recorte generalizado de las prestaciones y no sobre el fortalecimiento de los ingresos. Francia ha ampliado el número de años cotizados, exigible para obtener el 100% de la pensión de jubilación, hasta los 43 años (en el caso español se exigen casi 6 años menos para obtener el mismo nivel de renta a los 65 años). Para poder acceder a una pensión plena a la nueva edad de 64 años, un francés deberá haber trabajado sin interrupciones desde los 21 años. Carreras laborales cada vez más tardías, por estudios o precariedad laboral, provocarán, en la práctica, que para disfrutar de una pensión digna, nuestros vecinos galos tengan que retrasar su tiempo de retiro más allá de los 67 años. La situación será aún peor para las generaciones más jóvenes y para las mujeres, con carreras laborales muy irregulares, que tendrán que esperar hasta edades inimaginables si quieren disfrutar de una pensión de jubilación sin reducciones. Este tipo de recortes se han extendido a todo el complejo sistema de protección social galo. Por eso no es de extrañar que en Francia la pensión de jubilación apenas alcance al 60% del último salario en activo. Entiendo la reacción de la sociedad francesa.
En nuestro país, los interlocutores sociales —sindicatos y patronal— acordamos con el Gobierno en el año 2021 asegurar la suficiencia de las pensiones, reforzando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo e introdujimos elementos de equidad. Aquel acuerdo ha sido desarrollado y completado con el pacto del RDL 2/2023, del que se ha descolgado la patronal, en el que hemos reforzado los ingresos para pagar más y mejores pensiones.
En suma, la reforma española va en la dirección correcta (aumentar la recaudación para respaldar el gasto), con el método adecuado (concertación social), consiguiendo el logro al que aspiran todos los sistemas europeos: la cohabitación de la sostenibilidad económica del sistema con la suficiencia de la protección.
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