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Los accionistas de Ferrovial votarán el traslado a Países Bajos el 13 de abril

La constructora de Del Pino se juega una obra de 621 millones de la empresa pública Adif en pleno conflicto con el Gobierno

Ferrovial Rafael del Pino
El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, en una junta de accionistas.Pablo Monge
Ramón Muñoz

El consejo de administración de Ferrovial ha fijado el próximo 13 de abril para la celebración de la junta general de accionistas en la que se someterá a votación el acuerdo para trasladar su sede social a Países Bajos, según ha comunicado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La aprobación del traslado, contenido en el décimo punto del orden del día, consiste en la fusión por absorción de la matriz española Ferrovial SA por la filial en Países Bajos, Ferrovial International SE (FISE). La efectividad de la operación está supeditada a que los titulares de no más de aproximadamente el 2,5% del capital de la firma se opongan. Los accionistas que estén en contra podrán acogerse a su derecho de separación hasta el 13 de mayo a cambio de una contraprestación —26 euros, el precio de cotización de la compañía, estimada en el promedio de los últimos tres meses desde el anuncio del 27 de febrero pasado— y con un límite máximo de 500 millones de euros. Si se sobrepasa ese límite, decaería la operación.

Una vez superado ese trámite, se otorgará en España la escritura pública previa a la ejecución de la fusión, se presentará en el Registro Mercantil de Madrid y se solicitará la expedición de la certificación previa que acredite la correcta realización de los actos, trámites que se demorarán entre unas semanas y unos meses. Se estima que entre finales del segundo trimestre —no antes del 14 de mayo— y el tercer trimestre de este año se haya completado la fusión y la compañía comience a cotizar en la bolsa de Ámsterdam, con el objetivo final de cotizar en la bolsa de Estados Unidos antes de que acabe 2023.

Ferrovial reitera en la convocatoria de la junta que la operación no tendrá ningún impacto en el empleo o las condiciones laborales ni se contemplan medidas de ajuste. “La sucursal española de FISE sustituirá, de pleno derecho, a Ferrovial como empleador. Este cambio de empleador será la única consecuencia directa de la fusión para los trabajadores”. Tampoco variará la composición del consejo de administración, aunque parte del comité de dirección tendrá que domiciliarse en Ámsterdam.

Pese a los mensajes tranquilizadores de la constructora, la operación ha desatado una catarata de críticas de los miembros del Gobierno con el presidente, Pedro Sánchez, a la cabeza, al entender que pone en duda la seguridad jurídica de España y responde a motivos personales y fiscales más que corporativos.

En la junta, los inversores también votarán la reelección de varios consejeros —entre los que se encuentra el consejero ejecutivo, Ignacio Madridejos—, las retribuciones del consejo de administración y los resultados anuales de 2022, en los que la empresa obtuvo un beneficio neto atribuible de 186 millones de euros, un 86% menor que el de 2021.

Los altos cargos directivos de Ferrovial han recibido cerca de 54.000 acciones de la compañía por un valor total de 1,44 millones de euros, una remuneración extraordinaria relacionada con el cumplimiento de los objetivos corporativos vinculado al ejercicio de 2020. Se trata de doce altos cargos, entre los que destacan el consejero delegado, Ignacio Madridejos, que recibe 437.000 euros; el director financiero, Ernesto López (195.000 euros); o el director de comunicación, Francisco Polo (39.000 euros).

Contrato de Adif

Por otra parte, Ferrovial se juega en los próximos meses uno de los contratos públicos más importantes, que le servirá de test para comprobar si, como han deslizado algunas fuentes del sector, su conflicto con el Gobierno le pasa factura en las licitaciones. Adif ha publicado las actas de la apertura de las ofertas de su mayor contrato en la última década, en el que Ferrovial ha logrado la mejor puntación técnica pero la peor económica, como parte de una unión temporal de empresas (UTE) con Comsa y FCC Construcción. Se trata de la ejecución de las obras de los proyectos de construcción del soterramiento de la línea R-2 de Rodalies de Barcelona a su paso por el casco urbano de Montcada i Reixac. El contrato se licitó el 12 de diciembre de 2022 por 621 millones de euros (con IVA) y el plazo para presentar las ofertas concluyó el 2 de febrero de 2023.

La puntuación técnica de Ferrovial asciende a 47,98 puntos, frente a los 47,64 de la UTE OHLA-Sacyr-Acciona-Rubau, los 43,46 de Dragados (ACS)-Tecsa-ACSA-San José y los 37,86 de Vías y Construcciones (ACS)-Copisa-Azvi e Ingeniería y Servicios. La mejor oferta económica es la de OHLA-Sacyr-Acciona-Rubau (418 millones de euros), en contraste con los 447 millones de la de Ferrovial-Comsa-FCC Construcción.

No obstante, fuentes de la sociedad pública que se encarga del gestionar las infraestructuras ferroviarias han precisado a este diario que “el contrato no está adjudicado” en ningún caso, y que lo único que se ha hecho es publicar las valoraciones técnicas de las propuestas presentadas por los licitadores y las ofertas económicas en la Plataforma de Contratación del Estado.

Los criterios para adjudicar la obra es la mejor oferta calidad-precio. En el informe de valoración económica de las ofertas se determinará si hay alguna con baja temeraria. En ese caso, se solicitará la justificación de cada propuesta y se tomará decisión ajustada a derecho.Tras obtenerse la puntuación final se adjudicará el contrato, indican las mismas fuentes. La información de la licitación de este contrato es pública durante todo el proceso y cuenta con todas las garantías jurídicas españolas y europeas, añaden.

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Sobre la firma

Ramón Muñoz
Es periodista de la sección de Economía, especializado en Telecomunicaciones y Transporte. Ha desarrollado su carrera en varios medios como Europa Press, El Mundo y ahora EL PAÍS. Es también autor del libro 'España, destino Tercer Mundo'.

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