Los inspectores de Trabajo vuelven a la huelga: “Tengo más de 140 expedientes sobre la mesa”

Los garantes de las condiciones laborales en España vuelven a manifestarse para exigir que se les mejoren las suyas. Los inspectores de Trabajo han realizado este martes una nueva jornada de huelga, la tercera desde diciembre, para exigir al Gobierno que cumpla el acuerdo que firmaron en julio de 2021 con el Ministerio de Trabajo y que preveía, entre otras, un aumento de plantilla, algo menos de 3.000 empleados. Con premisas como “Inspección, solución” o “más sumar y menos restar” ―en alusión a la plataforma política con la que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, podría concurrir a las próximas elecciones generales― varias decenas de inspectores se han manifestado frente a la sede de Trabajo en Madrid.

Poco después de la concentración, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez, ha convocado a los sindicatos a un encuentro junto a la directora general de la Inspección, Carmen Collado. Tras más de una hora, no han llegado a ninguna solución: “Hubiera sido evitable, nos han atendido por educación”, ha afirmado al salir Miguel Ángel Montero, portavoz de CSIF, uno de los sindicatos convocantes, que han advertido que del tono de Trabajo “parece translucir” que quieren “modificar sustancialmente” el acuerdo de 2021. El secretario de Estado de Empleo, por su parte, ha declarado que se encuentran en estrecho contacto con el Ministerio de Hacienda, “que es el competente para establecer los mecanismos de reforma de la RPT [el instrumento sobre el que las Administraciones Públicas diseñan su estructura de personal]”.

El origen del conflicto se remonta a julio de 2021, momento de la firma del acuerdo entre sindicatos y Ministerio. El texto, al que tuvo acceso EL PAÍS, establecía tres objetivos: reorganizar la estructura de la Inspección, mejorar sus condiciones laborales y reforzar el volumen de la plantilla. Sin embargo, aseguran los sindicatos, estos no se han llevado a efecto. La culpa, defiende Trabajo, es de Función Pública, el órgano dependiente de Hacienda que se ocupa de las cuestiones relativas al personal público del Estado. “La piedra no está en nuestro tejado”, defienden fuentes ministeriales a EL PAÍS.

Y en el medio de este cruce, protagonizado por carteras de Podemos y del PSOE, la Inspección. Los representantes del cuerpo defienden a EL PAÍS que les es indiferente el tira y afloja entre Hacienda y Trabajo, y que ellos “han firmado con un Gobierno”. Los sindicatos acusan a Díaz de “desembarazarse del problema”, y en un comunicado conjunto, reprochan a la ministra que no haya “encontrado un hueco en su agenda para tratar los problemas existentes”. Hacienda no ha contactado con ellos, afirman las organizaciones reunidas.

“Si algo les importa”, afirman, “es instrumentalizar los esfuerzos que está realizando la plantilla de la Inspección en beneficio propio”. A principios de año, se hicieron públicos varios hitos de este cuerpo del Estado: en enero, se conoció que Trabajo había realizado una macroinspección a las Big Four (PwC, KPMG, EY y Deloitte) por sus horarios laborales excesivos. Y en enero, EL PAÍS tuvo acceso a datos del Ministerio que desvelaban que las investigaciones de la Inspección 2022 llevaron a la regularizaron más de 40.000 falsos autónomos.

Desde Trabajo aseguran, sin embargo, que las mejoras de condiciones que ha hecho el Ministerio es histórica. El principal hito que defienden como refuerzo a Inspección es la reciente contratación de 200 interinos para puestos técnicos y administrativos, un aumento que también reivindica el ministerio de Montero. Desde Función Pública únicamente apuntan que se acordó una partida económica de seis millones de euros para incrementar el variable de productividad. La oferta de plazas, apunta Hacienda, se ha duplicado con respecto a la última convocatoria. Aunque para los inspectores no es suficiente.

Más personal

“Yo tengo como 140 expedientes pendientes encima de mi mesa y me están quemando”, defiende uno de los inspectores. Al tener complementos de productividad, la acumulación de expedientes sin resolver acaba impactando en su remuneración. Si tiene un expediente de más de un año de antigüedad, o 15 de más de seis meses, pierde el complemento. Esto dificulta la correcta ejecución de su trabajo: “Si te van a penalizar, los cierras como puedes”, asegura.

La principal reivindicación de los inspectores reunidos ante la sede del Ministerio es que la carga de trabajo ha aumentado, pero no los medios. Además, con una Inspección envejecida, no se está produciendo un relevo de personal. Vicente Mora (65 años), lleva 40 trabajando como inspector de Trabajo y afirma que nunca ha tenido la carga de trabajo que tiene ahora. “No es que no queramos trabajar”, matiza. El trabajo “afortunadamente” ha aumentado, defiende, porque no solo se resuelven denuncias, sino que también ha aumentado la actividad planificada. “Prestamos este servicio público orgullosos, pero los medios del organismo son los mismos que hace 30 años”.

La recomendación de la Organización Internacional del Trabajo es que haya al menos un inspector de trabajo por cada 10.000 asalariados. Según los últimos datos oficiales del Ministerio, la Inspección de Trabajo cuenta con 2.968 empleados, de los que 2.873 son funcionarios de carrera. Fuentes sindicales apuntan que en España hay un inspector por cada 15.000 trabajadores, tres veces menos que en Francia o Italia, que tienen uno por cada 5.000.

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