Berlín contraataca para recortar la ambición de España en la reforma del mercado eléctrico europeo

La Comisión Europea está preparando una reforma del mercado eléctrico y los Estados miembro ya están tomando posiciones. España fue la primera en abrir fuego con su propuesta de un cambio integral. Y este lunes ha encontrado la respuesta de siete países, liderados por Alemania, que prefieren que no se toque mucho el sistema marginal que vincula los precios de la electricidad a la fuente de producción más cara en cada momento. “La integración del mercado eléctrico ha traído beneficios enormes a la Unión Europea en la última década, incluyendo bajos precios, gran seguridad de suministro y fortalecimiento de la integración a gran escala de las energías renovables”, dice la primera frase de la carta remitida.

Para estos siete países (Alemania, Holanda, Dinamarca, Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia), los graves problemas que se han visto en los mercados eléctricos (y energéticos) durante 2022 responden a la guerra energética lanzada por Rusia y a la baja disponibilidad de energía nuclear que hubo el año pasado, cuando Francia tuvo que detener muchos de sus reactores para poder revisarlos. “Esto ha traído un periodo de bajo suministro de gas y, en consecuencia, altos precios de electricidad y fluctuaciones excepcionales”, añaden, tratando de ligar esas turbulencias a una coyuntura muy específica.

La posición española es, casi, diametralmente opuesta. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha liderado la oposición a la regulación actual del mercado eléctrico y ha exigido con reiteración cambios profundos. Madrid quiere que el gas deje de tener el gran protagonismo observado en el último año en la formación de precios y, al mismo tiempo, garantizar a las energías renovables ingresos y rentabilidad para asegurar inversiones.

A los países hanseáticos, un grupo que coincide en buena medida con los llamados frugales cuando se habla de cuestiones fiscales, la opción de arrinconar al gas no les gusta en absolutos. Para ellos, lo prioritario es la seguridad de suministro, casi más que el control de los precios. Esto ya puedo verse en diciembre durante la negociación del límite en la cotización del metano y ahora, de nuevo, asoma cuando exponen sus posiciones en esta misiva.

“Cualquier cambio en el mercado eléctrico debería estar focalizado, bajado en una evaluación de impactos y estar guiado por los siguientes principios”, apunta el texto antes de enumerar ocho puntos que deberían ser tenidos en cuenta. El primero de ellos vuelve al comienzo de la carta, ya que pasa por “mantener los beneficios de la integración del mercado eléctrico”. El segundo elemento es la “salvaguarda y mejora de los incentivos para invertir en la transición verde”, pues la Unión Europea necesita 487.000 millones al año para este proceso entre 2021-2030.

Los demás puntos plantean proteger a los consumidores, mantener la igualdad de oportunidades, la eficiencia de los mercados a corto plazo y mejorar la “resiliencia frente a choques externos”.

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