El fin de las mascarillas: negocios entre la reconversión o el cierre

Desde este miércoles la mascarilla deja de ser obligatoria en el transporte público. Este elemento, que irrumpió en la vida de los ciudadanos el 21 de mayo de 2020 como una de las principales barreras contra el covid, comienza a ser cada vez más anecdótico. Es una buena noticia que ha llegado de la mano de las vacunas y de la remisión del virus. Mientras tanto, los fabricantes y vendedores de mascarillas que habían visto su negocio despegar a raíz de la pandemia se encuentran en un momento crítico, ya que las ventas han caído drásticamente. “Si no tienes un cliente que consuma diariamente, como residencias u hospitales, ya no tienes ninguna opción”, lamenta Belén Fernández, directora de la empresa asturiana Fortia, que llegó a producir en los momentos de mayor demanda, alrededor de 180.000 mascarillas al día.

Basta un paseo por los locales de algunas tiendas madrileñas para ver que estos comercios no pasan por su mejor momento. Algunas, como un pequeño establecimiento en la plaza de Manuel Becerra, han sustituido las mascarillas del escaparate por velas aromáticas. “Las mascarillas no se venden ya”, apunta una empleada que no quiere dar su nombre. Otras, como la tienda que ocupaba un amplio local en la estación de cercanías de Delicias, han cerrado, y en la puerta solo se puede encontrar el cartel que anuncia el próximo negocio que ocupará ese espacio.

Fernández cuenta que “es imposible de recuperar ahora mismo” la inversión inicial —de un millón de euros— que se requirió para poner en marcha la fábrica de Fortia. En marzo del año pasado aún conservaban una plantilla de 32 personas, con capacidad de producir al día 35.000 mascarillas del tipo FFP2 y 150.000 quirúrgicas. La caída más fuerte de las ventas la sufrieron, según la directora, en el último trimestre del año pasado. Actualmente, solo cuentan con cuatro empleados, ya que trabajan únicamente bajo demanda. Desde Fortia afirman que no se han planteado reorientarse hacia otro tipo de producción y tratan de no sumarse a las dos de cada tres empresas del sector que ya han cerrado desde el verano de 2022, según los datos la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, Batas y EPIS (OESP).

En Castellón, la empresa Airnatech está en pleno proceso de reconversión. El consejero delegado, Javier Llorent, cuenta que fundó la empresa con un grupo de amigos al principio de la pandemia. Tras experimentar las dificultades de comprar en un mercado internacional sometido a la especulación, decidieron comenzar a fabricar mascarillas en la Comunidad Valenciana. “El primer golpe fue cuando hubo una gran cantidad de mascarillas de importación que se vendían por debajo de los precios de coste españoles”, apunta. Poseen cuatro patentes de filtros y siguen produciendo cubrebocas, pero su modelo de negocio está cambiando hacia la producción de suplementos alimenticios.

“Un fabricante de mascarillas es un productor, no un especulador”, sentencia Juan Francisco Sánchez Gordo, presidente de la patronal de los fabricantes (OESP). El empresario, que también regenta la empresa de producción de material sanitario PI Medical, defiende que en el sector no han tratado de lucrarse con la pandemia, sino que han trabajado para cubrir una necesidad cuando en España no había mascarillas. “Ningún productor tenía en mente pegar el pelotazo porque son inversiones que se tarda varios años en amortizar”, sentencia. Sánchez pide separar la figura de los fabricantes de la de los especuladores que trataban de llevarse comisiones con la venta de un bien escaso en los momentos iniciales de la crisis del covid. Este comportamiento llevó al Gobierno a limitar el precio de las mascarillas para contener su encarecimiento durante los periodos más críticos de la pandemia.

En marzo de 2020, España atravesaba un periodo crítico de escasez de material sanitario. No solo se necesitaban cubrebocas, también batas, trajes EPI y guantes, pero la producción nacional era casi inexistente en ese momento. El presidente de PI Medical, una de las factorías que arrancó en ese momento, indica que tras poner en funcionamiento la fábrica llegaron a colocar en el mercado alrededor de 20 millones de mascarillas al mes. Tres años más tarde, la venta de este producto ya se restringe, casi exclusivamente, a algunos sectores especializados (como el sanitario), a ciertas industrias y a talleres dónde se trabaja con aerosoles. Para el público en general, solo será obligatoria en centros de salud y farmacias.

En Lugo, la empresa VP Mascarillas replica la historia de Fortia. Ha pasado de contar con 30 empleados a quedarse únicamente con cinco. “Seguramente tengamos que reducir en breve”, apunta el director de la empresa, Eduardo Vázquez. El empresario afirma que desde las administraciones “no se premia la fabricación nacional”.

El presidente de la patronal de los fabricantes también lamenta que el producto nacional no se priorice en las licitaciones. Pide un mayor control a la hora de conceder contratos públicos de compra para, por ejemplo, hospitales. “El único criterio que valora la Administración es el precio, ni la calidad, ni el cumplimiento de las propias normativas europeas en materia laboral y de sostenibilidad”, apunta. Señala además que debería garantizarse una capacidad de producción mínima para poder responder en caso de que se produzca una emergencia sanitaria como la de 2020. “Deberíamos preguntarnos si queremos depender de Asia en un tema de salud pública como este”, sentencia.