Trabajo impone otra multa a Glovo por emplear a falsos autónomos y ya acumula 205 millones en sanciones

La Inspección de Trabajo notificó el lunes a Glovo una nueva multa por emplear a falsos autónomos y trabajadores sin permiso de trabajo en Madrid, según fuentes del ministerio. La sanción asciende a 32,9 millones de euros por las faltas de alta, que llevan aparejadas el requerimiento de otros 19 millones de euros en cotizaciones de la Seguridad Social. Además, la empresa también es sancionada por emplear a 813 trabajadores sin permiso de trabajo, lo que deriva en otro castigo de 5,2 millones de euros.

Con esta nueva intervención sigue aumentando el acumulado de multas a la empresa de reparto. Ya son 205,3 millones de euros, 125,3 millones en sanciones y 80 millones en actas de liquidación de cotizaciones. En total, Glovo ha sido castigada por actuar de forma improcedente con 37.348 falsos autónomos o trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo.

Glovo se defiende indicando que el periodo inspeccionado que deriva en estas sanciones es anterior a la entrada en vigor de la ley rider. “Además de no ser consecuencia de la ley rider por ser de un periodo anterior, la propuesta de sanción hace referencia a un modelo operativo que ya no existe en España. No existe ningún informe de la Inspección laboral ni ningún tipo de pronunciamiento judicial sobre el nuevo modelo inédito actualmente disponible en España”, continúa la empresa en una comunicación remitida a la prensa. Además, Glovo explica que los trabajadores extranjeros empleados no tenían permiso de trabajo, pero sí estaban dados de alta como autónomos. La compañía anuncia que va a recurrir.

El sector del transporte es el que más falsos autónomos emplea, como reflejan los datos de Inspección de Trabajo de actuaciones en esta línea en los últimos años. 40.793 de los 80.468 empleos aflorados por Inspección desde 2019 (el 50,7%) corresponden a esta actividad.

Para atajar esa problemática, el Gobierno aprobó la ley rider, que obliga a las plataformas digitales a regularizar a sus repartidores. Pese a que la norma entró en vigor hace más de un año, Glovo sigue recurriendo a la figura del falso autónomo. De esta manera, niegan la relación laboral con el trabajador, en favor de la que se han pronunciado los tribunales en múltiples ocasiones. Ante estos incumplimientos, el Ejecutivo reformó el Código Penal para castigar con penas de prisión de hasta seis años la “contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo” de manera reiterada.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado este martes en los pasillos del Congreso este cambio en el Código Penal: “Yo espero y deseo que se aquiete la empresa y cumpla. Digo esto porque, como saben, acabamos de reformar la legislación penal y uno de los tipos tiene que ver con los reiterados incumplimientos en trámites administrativos”. “Vengo diciendo que en España, ninguna empresa, por pequeña o grande que sea, va a quedar al margen de la ley. Este es un caso palmario. El Gobierno de España, igual que pedimos a todos los ciudadanos que cumplan la ley, lo hacemos con las empresas que no cumplen las normas laborales y se rebelan contra la función pública. Actuaremos con el peso de la ley”, ha añadido Díaz, informa Paula Chouza.

Antes de que se aprobase esta norma, la justicia ya venía reconociendo el carácter laboral de la relación que une a estas empresas y sus repartidores. En septiembre de 2020, el Tribunal Supremo falló que los repartidores eran asalariados. Los jueces de lo social del alto tribunal se pronunciaron sobre el caso de un antiguo trabajador de Glovo. “La relación existente entre un repartidor y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral”, dice la nota informativa que emitió el Supremo.

La ministra de Trabajo considera que la ley rider funciona y que la mayoría de las empresas se ha adaptado a ella. Díaz destacó en septiembre un dato para sostener esta afirmación: la afiliación media en el sector aumentó. De los 4.688 trabajadores que había de enero a julio de 2021 se ha pasado a 12.144 empleados en abril de 2022, lo que supuso un incremento del 165%.

Repartidores autónomos

Glovo es la principal empresa de reparto que sigue recurriendo a trabajadores por cuenta propia tras la aprobación de la nueva norma. La empresa defiende que su modelo actual, en el que los repartidores pueden circular para otras plataformas, sí se adecúa a la normativa: “Estuvimos trabajando a contrarreloj para adaptarnos a la regulación actual, contando para ello con un periodo de transición muy corto para un cambio de tal magnitud. El nuevo modelo sigue el criterio establecido por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este modelo tiene nuevas características y permite simultanear otras aplicaciones y actividades con total flexibilidad, autonomía e independencia”. Además, la empresa indica que ha contratado algunos repartidores, con horarios y retribuciones fijas y rutas concretas para algunos servicios. La empresa no especifica cuántos repartidores están contratados y cuántos son autónomos.

En cuanto al resto de plataformas de reparto, Uber Eats vuelve a emplear a autónomos desde el verano con algunos cambios para respetar la ley rider. Otro de los principales actores del sector, Deliveroo, dejó de operar en España poco antes de que se aprobase el cambio normativo. Mientras, las llamadas empresas de reparto ultrarrápido, como Gorillas (que cerró en noviembre) y Getir, desembarcaron en España a lo largo del año pasado con plantillas de repartidores contratadas.

También ha abrazado la nueva norma Just Eat, incluso con declaraciones a favor del texto del director general de la compañía, Patrik Bergareche. “La ley rider se ha convertido en un ejemplo de humanismo tecnológico y de garantías laborales para miles de personas repartidoras y en una fuente de inspiración para la directiva europea de condiciones laborales en plataformas”, comentó José María Lassalle, director del Foro de Humanismo Tecnológico de Esade y autor de un informe promovido por Just Eat.