Varios centenares de agricultores se concentran en Madrid contra la política verde de la futura PAC

Los representantes del sector consideran que las nuevas medidas comunitarias desincentivan la inversión y favorecen la importación de productos

Concentración de agricultores y ganaderos de Asaja este miércoles ante la representación de la Comisión Europea en Madrid.
Concentración de agricultores y ganaderos de Asaja este miércoles ante la representación de la Comisión Europea en Madrid.chema Moya (EFE)

Varios centenares de agricultores convocados por la organización agraria Asaja se han concentrado este miércoles ante la oficina de la Comisión Europea en Madrid, en protesta por las propuestas contempladas en el Pacto Verde de la próxima Política Agrícola Común (PAC), que entrará en vigor el próximo uno de enero. Los agricultores entienden que este acuerdo va a suponer más restricciones, mayores costes y menores producciones, con el consiguiente efecto sobre los consumidores, mayores importaciones y, a la postre, menos actividad agraria.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha declarado que el sector apoya una política agraria que defienda una sostenibilidad medioambiental y social, pero también una sostenibilidad económica para quienes desarrollan esa actividad en el campo. Según Barato, “quienes hacer la política desde los despachos de Bruselas” no entienden este extremo.

La organización rechaza las estrategias Biodiversidad y Del Campo a la Mesa por las que se contemplan una reducción del 50% y del 20% respectivamente en el uso de productos fitosanitarios y zoosanitarios en el empleo de los fertilizantes, así como el abandono del 10% de las tierras de cultivo y el destino del 25% para cultivos ecológicos.

Menos producción y más dependencia

Con estos planteamientos, los agricultores consideran que habrá menos producción y más dependencia exterior, junto a un incremento de los costes de producción, mayores importaciones de productos cuya oferta se limita en la Unión Europea con medidas medioambientales, pero que, afirman, no se cumplen en los países de donde se importan, lo que afecta igualmente a la contaminación global. Esta política restrictiva a escala comunitaria, entienden desde el sector, está amenazando la soberanía alimentaria en los países miembros en estos momentos de crisis.

Esta política ahuyenta las inversiones y propicia el envejecimiento de los profesionales, según los agricultores, cuando la prioridad deberían ser las políticas de innovación y la aplicación de nuevas técnicas en la actividad agraria para abordar una parte de los actuales problemas medioambientales que, entienden, solo se tratan de corregir con políticas restrictivas.

Petición de claridad de las Administraciones

De cara a la entrada en vigor de la próxima reforma, el 1 de enero de 2023, desde Asaja se reclama a las Administraciones una mayor claridad sobre las nuevas medidas, para que los agricultores y ganaderos sepan cuáles son las exigencias en materia de condicionalidad. Solo así, dice, podrán seguir recibiendo los 4.800 millones de pagos directos aprobados y no enfrentarse en los próximos meses a penalizaciones por posibles incumplimientos.

La reforma supone aplicar casi una veintena de disposiciones, básicamente reales decretos, de los que una parte ya se están aplicando en la actualidad. La mayor parte ya han sido publicados o está prevista su publicación y entrada en vigor en las próximas semanas. El sector se queja de que “llegan tarde” y de tener que realizar siembras, programar cultivos, sin conocer exactamente las nuevas exigencias.

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