Bruselas avala que las energéticas no puedan recurrir a los créditos fiscales para eludir la tasa a los beneficios caídos del cielo

Los Estados miembros y la Comisión Europea llevan días redactando borradores sin parar para aprobar las medidas de urgencia que contenga la espiral de precios energéticos desbocados y, además, permita a los haciendas nacionales lograr más recursos para adoptar medidas de ayuda a los más vulnerables. En ese intercambio de papeles, el último que ha redactado el Ejecutivo europeo añade un nuevo artículo que pretende cerrar la puerta a las energéticas para que eludan el pago de la tasa temporal sobre los beneficios extraordinarios que les reportan los altos precios de las materias primas con los créditos fiscales, según el texto al que ha tenido acceso EL PAÍS. Esta nueva redacción tiene gran importancia en España, uno de los pocos países de la UE que tiene este tipo de instrumento que permite, sobre todo a las empresas, reducir su factura fiscal.

Las energéticas acumulan en España más de 14.600 millones en créditos fiscales, una medida tributaria que permite a las empresas deducirse pérdidas contables que no pudieron deducirse cuando se produjeron. Cuando el Gobierno diseñó el nuevo impuesto temporal para las energéticas y la banca que todavía está en el trámite parlamentario, gravó los ingresos y no los beneficios para dificultar la elusión de la nueva tasa, por la que espera recaudar unos 7.000 millones. Pero la propuesta para la intervención de emergencia que puso sobre la mesa la Comisión Europea a mitad de septiembre prevé gravar a las ganancias y no los ingresos. El Ejecutivo se apresuró a señalar que cuando este plan fuera definitivo y estuviera aprobado por el Consejo de la UE adaptaría el diseño de su tributo a la regulación comunitaria. Este nuevo artículo da cobertura a Hacienda para una nueva redacción legal para el nuevo impuesto que grave los beneficios sin eludir su pago por los créditos fiscales.

Este borrador es el que analizarán este viernes los ministros de Energía de Los Veintisiete en el Consejo de la UE y ya es casi definitivo. Por lo que prácticamente con total seguridad, verá la luz verde en la reunión. Ante el amplio consenso existente en torno a las medidas más inmediatas a adoptar y que están prácticamente aprobadas —una reducción de la demanda del consumo eléctrico, tasar los beneficios extraordinarios de las energías inframarginales como las renovables o la nuclear y la imposición de una “contribución solidaria” de las fósiles—, el debate sobre si hay que limitar el precio de la importación del gas, y si debe ser solo el ruso o, como demandan al menos 15 países, entre ellos España, a todo el gas, dominará una buena parte de la cita en la capital belga. Un encuentro extraordinario en el que se espera además que se abra la puerta a la discusión de una versión europea del mecanismo de excepción ibérico que tanto le costó a España que fuera aceptado en su momento, y que ahora cada vez más países ven como una solución práctica y rápida de implementar.

“Basado en la experiencia de los Estados miembros, la Comisión está dispuesta a discutir un marco europeo temporal para limitar la influencia de los altos precios del gas en la formación del precio de la electricidad”, señala al respecto el documento que el Ejecutivo comunitario ha presentado a los representantes de los Veintisiete y que incluso ha distribuido entre la prensa.

Suspicacias

Entre los más entusiastas con una versión ampliada de la excepcionalidad ibérica que tantas suspicacias despertaba todavía en la primavera es Francia, que la considera ahora una solución “pragmática, eficaz y poco cara para lograr hacer bajar los precios de la electricidad”. Otros países, como Alemania, sin cerrarse en banda a la iniciativa, se muestran más escépticos, aunque consideran que ante todo habría que esperar a que la Comisión presente algo más concreto, algo que se producirá en todo caso después de la reunión de este viernes.

“El objetivo —ha dicho al respecto la comisaria de Energía, Kadri Simson— es amortiguar el impacto de los altos precios del gas en los mercados de energía” y para ello el Ejecutivo comunitario está “listo para introducir a nivel europeo un tope en el precio del gas para la producción de energía”. Pero ello, ha acotado atendiendo a los miedos a que esta medida provoque un aumento del consumo del gas, que es el principal pero que le ponen los países que ven con reticencia el modelo ibérico, requiere encontrar una fórmula para que esto no suceda, algo que la Comisión podría empezar a estudiar desde este viernes.

Alemania es también, y no lo oculta, uno de los grandes frenos a la iniciativa de al menos 15 países que esta semana hicieron llegar a Simson una carta pidiéndole que se incluya un tope al precio de “todas las transacciones al por mayor de gas natural” en la caja de herramientas que se preparan para hacer frente a la crisis energética.

“El tope al precio del gas que ha sido pedido desde el comienzo por un cada vez mayor número de Estados miembros es la medida que ayudará a cada Estado miembro a mitigar la presión inflacionaria, gestionar las expectativas y proporcionar un marco en caso de potenciales disrupciones del aprovisionamiento, además de limitar los beneficios extra del sector”, aseveraban en su misiva Bélgica, Bulgaria, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y España.

La Comisión respondió la noche del miércoles con un non paper, como se llama en la jerga bruselense a documentos técnicos, en el que echaba un jarro de agua fría a estas expectativas al advertir de que una medida tan amplia, que afectaría no solo al gas ruso sino al de proveedores aliados como Noruega o Argelia, no solo afectaría al precio con terceros países exportadores de gas, sino también a los precios intracomunitarios, lo que a su vez podría afectar a la seguridad de aprovisionamiento de los países con más necesidad de suministros por una falta de incentivos a la hora de realizar las transacciones internas. “No habría incentivo de mercado que garantizara los flujos transfronterizos mediante diferenciales de precio. Y en un contexto de escasez, existe el riesgo de que los precios se vieran presionados hacia arriba hasta el tope, que acabaría convirtiéndose en el precio base”, argumenta el Ejecutivo, cuya propuesta cuenta con el beneplácito germano.

Tope del gas

“Hay una mayoría de países que piden un tope al precio del gas, pero es un tema bastante delicado que tiene que ser tratado de manera más precisa para no distorsionar más aún el mercado”, advierten fuentes comunitarias, que reconocen no obstante la “creciente molestia” de los defensores del tope generalizado del gas y que advierten de que el Ejecutivo tendrá que “escuchar atentamente” sus argumentos.

La preferencia de la Comisión, como ha reiterado Simson, es la vía que ya propuso a comienzos de mes la presidenta del Ejecutivo, Ursula von der Leyen: un tope al precio del gas ruso. “Europa está afrontando un chantaje energético de Rusia (…) no es un socio fiable, de hecho, está en el origen del problema. Creo profundamente que necesitamos un tope al precio de todas las importaciones de gas ruso, a un nivel que siga haciendo para ellos atractivo exportar a Europa”, argumenta Simson.

El Ejecutivo europeo también aboga por negociar, en un segundo tiempo, con los socios “fiables” de gas, tanto por gasoducto como GNL, un “acuerdo mutuo” para bajar los precios y garantizar, al mismo tiempo, el aprovisionamiento. Para ello, habría que tomarse un tiempo “razonable” para negociar de manera “constructiva”, porque “por supuesto tienen que ser tratados de manera distinta a Rusia, porque han sido muy fiables”, subrayan las fuentes comunitarias.

Entre las posibilidades que plantea la Comisión, figura otra que ya ha venido planteando en las últimas semanas: la de las compras conjuntas de gas. Ello “reforzaría la solidaridad de la UE y ayudaría a proporcionar un acceso igualitario a todos los Estados miembros a fuentes nuevas o adicionales de gas, reduciendo el riesgo de las pujas al alza”, argumenta de nuevo.

Consciente del resquemor que ha provocado su escepticismo ante un tope generalizado de precios, el Ejecutivo comunitario ha insistido en que se trata de un “primer paso realista y equilibrado” que no quita que se puedan discutir “estrategias más ambiciosas”.