Andalucía regula los VTC entre amenazas de movilizaciones y recurso ante los tribunales del sector del taxi

A contrarreloj —con solo tres reuniones oficiales en el último mes entre todos los sectores afectados y continuos contactos bilaterales ― y bajo la amenaza explícita del gremio de taxistas y las advertencias veladas de las empresas de VTC y los sindicatos alertando de una potencial pérdida de empleos, la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el real decreto que ordena la circulación de los vehículos de transporte con conductor en los núcleos urbanos. Aunque no impone la precontratación como exigían los taxistas, restringe la actividad de lo VTC en estaciones, aeropuertos y hoteles, y amplía el tamaño mínimo del vehículo como ha hecho Cataluña.

La nueva regulación busca “garantizar la convivencia de los VTC y los taxis en aras de ofrecer un mejor servicio al ciudadano”, según ha reconocido la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en la comunidad que concentra el 19% del total de este tipo de licencias —con 3.256, la segunda de España por detrás de Madrid―, pero a corto plazo va a provocar nuevas manifestaciones de los taxistas —que estudian recurrir el decreto ante los tribunales― que no aceptan claudicar con que la regulación no contemple un tiempo de precontratación de 15 minutos, su principal línea roja en las negociaciones y a la que la Junta se niega alegando la inseguridad jurídica que rodea esa medida.

La nueva regulación busca “garantizar la convivencia de los VTC y los taxis en aras de ofrecer un mejor servicio al ciudadano”, según ha reconocido la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en la comunidad que concentra el 19% del total de este tipo de licencias —con 3.256, la segunda de España por detrás de Madrid―, pero a corto plazo va a provocar nuevas manifestaciones de los taxistas —que estudian recurrir el decreto ante los tribunales― que no aceptan claudicar con que la regulación no contemple un tiempo de precontratación de 15 minutos, su principal línea roja en las negociaciones y a la que la Junta se niega alegando la inseguridad jurídica que rodea esa medida.a nueva regulación busca “garantizar la convivencia de los VTC y los taxis en aras de ofrecer un mejor servicio al ciudadano”, según ha reconocido la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en la comunidad que concentra el 19% del total de este tipo de licencias —con 3.256, la segunda de España por detrás de Madrid―, pero a corto plazo va a provocar nuevas manifestaciones de los taxistas —que estudian recurrir el decreto ante los tribunales― que no aceptan claudicar con que la regulación no contemple un tiempo de precontratación de 15 minutos, su principal línea roja en las negociaciones y a la que la Junta se niega alegando la inseguridad jurídica que rodea esa medida.

En menos de un mes desde que Fomento anunciara su intención de regular las VTC para adaptarlas al llamado decreto Ábalos, que entra en vigor el 1 de octubre y que traslada a las comunidades la competencia para regular la actividad de las VTC, la consejería ha hecho y deshecho un borrador tratando de incorporar las peticiones del sector del taxi, de las empresas de vehículos de transporte sin conductor, de los sindicatos —que han abogado por una regulación laxa, preocupados por preservar los puestos de trabajo (unos 8.200)―, las organizaciones de consumidores y usuarios y los Ayuntamientos (a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias), sobre los que van a recaer bastantes competencias en materia sancionadora y recaudatoria y en relación con la asignación de días de vacaciones para los conductores de VTC. La Junta aspiraba a tener una norma que no fuera “ni tan liberal como la de Madrid, ni tan restrictiva como la de Cataluña” y, sobre todo, a dotarla de garantías jurídicas que respetaran las indicaciones de la Unión Europea y que evitara que encallara en los tribunales, como ha ocurrido con otras regulaciones autonómicas de los VTC. “Es un modelo andaluz adaptado a las circunstancias de Andalucía”, ha subrayado la consejera. El decreto ley modificará la actual Ley de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía y tendrá un desarrollo reglamentario donde se incorporarán medidas como la fijación de tarifas máximas para evitar los pecios abusivos o que los usuarios sean indemnizados si se suspende un servicio.

Las principales medidas: acuerdos y desencuentros

La precontratación ha sido el principal escollo de las negociaciones. El gremio del taxi exige que se mantenga en 15 minutos, como Cataluña, Galicia o Aragón, pero la Junta, apoyada por los principales sindicatos, se ha negado al estar esa medida pendiente de que el Tribunal Supremo unifique doctrina. “Esto nunca ha sido una negociación, ha sido una imposición”, se queja Miguel Ruano, presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), la organización mayoritaria del sector. “La precontratación no va a reducir el funcionamiento de ese sector y además es una forma de diferenciar ese servicio del que presta el taxi, que opera con reserva inmediata”, argumenta.

Otra de las cuestiones a las que el sector del taxi se opone frontalmente y en las que ha habido desencuentros es el de respetar el parámetro de la proporcionalidad de 1 a 30 de las licencias VTC respecto de las del taxi. Las asociaciones de taxistas pretendían no solo la reducción de las actuales licencias, que en zonas como la Costa del Sol casi igualan el número a las del sector del taxi —2.304 por 2.697, respectivamente—, sino que se impida que se utilicen para circular en el centro urbano de las ciudades todas aquellas que han estado inoperativas en el último año. En la FAAT calculan que al menos unas 800 han estado “guardadas en un cajón” en los últimos 12 meses. “La Junta debe establecer unos criterios mínimos para autorizar la circulación de esas licencias, como ocurre en Cataluña, donde se exige que se justifique un número de servicios mínimos realizados en un período de tiempo anterior para poder ejercer esa prestación”, sostiene Ruano.

Fomento alega que no puede restringir el uso de unas licencias que han sido otorgadas con anterioridad por el Gobierno central, pero que en el futuro sí guardará la proporción de 1/30 que establece el decreto Ábalos. Una medida con la que también se muestran de acuerdo los sindicatos y las VTC. Manzano señala que “la pandemia y no la especulación ha determinado que esas licencias no se utilizaran, pero que con la recuperación son la base de puestos de trabajo, más en una comunidad turística como la andaluza”.

Como compensación, la Junta ha incluido las denominadas zonas de especial protección donde los VTC no puedan estacionar ni circular para la captación de clientes. Se ha establecido una distancia mínima de estacionamiento de 300 metros para aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y autobuses y de 150 metros para otros espacios como hospitales, hoteles de cuatro estrellas, juzgados o lugares donde se celebren eventos, unas limitaciones que en el caso del casco antiguo de Sevilla impiden de facto a los coches VTC circular o estacionar en prácticamente todo el perímetro, salvo que hayan sido requeridos para un servicio.

Se trata de una medida en cierto modo novedosa que no está recogida en ninguna otra regulación autonómica —aunque Madrid también impide a los VTC recoger en paradas específicas reservadas a los taxis―, pero de la que también recela el sector del taxi por la poca distancia estipulada y la falta de recursos prácticos por parte de inspectores y policía local para poder controlar que se cumplen con los metros estipulados. Desde la asociación de consumidores FACUA, su secretario general en Andalucía, Jordi Castillo, también considera que “aporta muy poco al usuario para diferenciar entre un servicio y otro”.

La Junta también ha establecido unas especificaciones técnicas para los vehículos VTC que deberán tener una medida mínima de 4,90 metros, la misma exigida en Cataluña, si bien establece excepciones para los vehículos híbridos, 4,70 metros, y los 100% eléctricos, 4,40. Fomento ha modulado estos criterios respecto de su propuesta inicial y las modificaciones no han gustado al sector de las VTC, que a través del Ignacio Manzano, presidente de Andeval, ha criticado que la restricción a 4,90 metros “corresponde a tan solo una mínima parte de los vehículos disponibles en el mercado, ni tan siquiera en el segmento de los vehículos Premium. De hecho, representa alrededor del 1% del total de vehículos vendidos en 2021, según datos de Ideauto”.

Entre otras novedades recogidas en el texto definitivo y que se han ido incorporando en las últimas semanas, se incluye la posibilidad de que los Ayuntamientos asuman las competencias en materia recaudatoria de las sanciones por el incumplimiento de las VTC y que negocien y planifiquen hasta un máximo de 50 días de descanso al año para los conductores, que en ningún caso deberá imponerse en fines de semana o en fechas en las que haya alta concentración de servicios. La jornada de descanso ha sido cuestionada por los sindicatos que consideran que debe estar estipulada en el convenio regulador del sector y que no debe estar determinada por las administraciones locales, aunque la prefieren al cese absoluto de la actividad del vehículo. “La media de conductores por coche de VTC es de 2,2, si se parara su circulación se pondrían en riesgo 1000 puestos de trabajo”, indica Juan Antonio Marín, responsable de UGT, un sindicato que desde el primer momento ha estado a favor de una regulación poco restrictiva del sector para garantizar los puestos de trabajo.

La normativa prohíbe la geolocalización —una reclamación tradicional del sector del taxi y que las empresas de VTC consideran que es un “peaje necesario” para garantizarse la circulación en las ciudades―. Los conductores de VTC tendrán que tener la misma capacitación profesional que se le exige a un taxista. También deberá garantizarse que el 5% de esos vehículos están adaptados para las personas con discapacidad, otra petición de las asociaciones de consumidores.

En un futuro desarrollo reglamentario de la norma también está previsto que se regule el establecimiento de una tarifa máxima para evitar precios abusivos y la redacción de una carta de derechos y obligaciones de usuarios, que contemple que los clientes sean indemnizados si se suspende un servicio, dos medidas solicitadas por las asociaciones de consumidores.