Las dificultades de los autónomos: “No me cojo la baja de paternidad porque no me compensa”

Luis (nombre ficticio) está a punto de ser padre por tercera vez. Otro niño. Trabaja como odontólogo en Barcelona y tiene claro que no se cogerá la baja por paternidad: “No me sale rentable”, dice. Es autónomo y no está dispuesto a que sus ingresos se reduzcan. Aunque a regañadientes, cuenta que cotiza a la Seguridad Social por la base mínima (960,60 euros) —por la que abona una cuota mensual de 294 euros—, y que si dejase de trabajar durante las 16 semanas a las que tiene derecho por ley (las seis primeras de forma consecutiva) percibiría una cantidad muchísimo más baja que la que facturaría en ese periodo.

Su caso no es único, y sirve para exponer una tendencia consolidada dentro del colectivo de empleados por cuenta propia: según datos de las organizaciones que los representan, ocho de cada diez autónomos no se cogen la baja al ser padres. Una conducta que emparenta con otra de dimensiones similares: dos de cada tres cotiza por la base mínima, y, en consecuencia, la prestación por nacimiento y cuidado de un menor (que es como se la conoce desde 2019) a la que tienen derecho es la mínima. Esta se calcula de acuerdo con la media de todas las bases de cotización de los seis meses anteriores al nacimiento del hijo, y que, siguiendo con este supuesto de mínimos —y asumiendo que esta base se hubiera mantenido estable a lo largo del semestre—, sería de 960,60 euros. Durante el periodo de baja también estarían exentos de abonar sus cuotas.

Jorge Caprile trabaja como consultor de marketing en Barcelona. Lleva un año siendo autónomo, y hace dos meses nació su primer hijo, Elio. Él sí decidió cogerse la baja, y después de las primeras seis semanas obligatorias, por las que dice haber recibido 1.900 euros, ahora tiene un permiso de paternidad a tiempo parcial que le permite trabajar solo la mitad de su jornada laboral. “El Estado me paga en torno a 500 euros, pero yo puedo seguir facturando”, comenta al otro lado del teléfono. Con esta fórmula mixta, además, esas diez semanas que le quedan se duplicarán hasta 20.

Sin embargo, entiende que su solución no sea viable para otros autónomos. “Este nuevo sistema me parece mejor que el anterior, pero creo que sigue siendo injusto porque dependiendo de los ingresos que tengas, la cuota que debes pagar representa un porcentaje totalmente diferente, y puede que a muchas personas les resulte una carga muy elevada”, reflexiona. Al mismo tiempo da otra pista: “Conozco a personas que eran autónomas y al ser padres decidieron dejar de serlo”.

Es el caso de Maite Alcántara. Tras tres años trabajando por cuenta propia, en 2017 fue madre de mellizas, y decidió darse de baja. “Después de hacer muchos números y de hablar con mi gestoría, me di cuenta de que la prestación que me correspondía como autónoma era de unos 600 euros, y si me daba de baja y me inscribía en el paro podía llegar hasta los 1.800. Era una diferencia abismal”, recuerda. Eso hizo. Y tras el periodo de baja, volvió a su trabajo de arquitecta, pero esta vez como asalariada. “El nuevo sistema de cotización me parece que mejora al actual, pero todavía está muy lejos de compensar”, apunta. “No creo que ahora mismo resulte suficientemente atractivo para que la gente decida hacerse autónoma”, añade.

Ajuste equitativo

El nuevo régimen de cotización por ingresos reales aprobado por el Gobierno busca torcer el brazo de algunos de los comportamientos que se han anquilosado a lo largo de los años entre los autónomos. Con la determinación de 15 tramos de ingresos reales (la diferencia entre los ingresos computables y los gastos deducibles) y el establecimiento de sus correspondientes bases de cotización y cuotas (entre 200 y 590 euros mensuales) se pretende un ajuste más equitativo que evite este tipo de situaciones.

Las asociaciones de autónomos comparten esta perspectiva, aunque con matices. “Es verdad que con esta reforma se corrige de alguna forma esa descompensación que venía produciéndose, pero nosotros siempre hemos advertido de que la mayoría de los autónomos que cotizan por la base mínima lo hacen por una cuestión de incertidumbre o vulnerabilidad financiera, y esto va a seguir siendo así”, apunta Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), recuerda que, a diferencia de lo que ocurre con los asalariados (la empresa inicia el trámite para que este perciba la prestación), en el caso de los autónomos son ellos quienes han de ponerlo en marcha todo. “La Seguridad Social no tiene forma de controlar esto, porque la notificación tiene que hacerla el interesado”, apunta. La solicitud de una baja de paternidad no es obligatoria. Sin embargo, esta circunstancia establece una discriminación de género, puesto que en el caso de las mujeres las posibilidades de reincorporarse al trabajo tras el nacimiento son mucho más limitadas debido a los efectos del parto.

“Se pretende luchar contra ese pensamiento cortoplacista que a la larga produce precariedad”, agrega María José Landaburu, secretaria general de la Unión de Autónomos (Uatae). Se refiere a situaciones como que la pensión de jubilación de los autónomos —que también depende de sus cotizaciones— se haya situado de media 600 euros por debajo de la de los asalariados. “Puede que a muchas personas les parezca bien esta idea porque ahora tienen más recursos, pero pasado mañana les puede pasar cualquier cosa y entonces se van a tener que apañar con esa prestación que ahora mismo les parece insuficiente”, añade.

Estas actuaciones contribuyen, además, en opinión de los expertos, a que la imagen del autónomo se siga asociando con el fraude. “Puede que sea un tópico, pero es verdad que desde el punto de vista del control del Estado, el de un trabajador por cuenta propia no es el mismo que el de un asalariado. Si los autónomos cotizasen, por ejemplo, 2.000 euros al mes se matarían por coger la baja”, señala Daniel Toscani, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valencia.

Según datos del ministerio que dirige José Luis Escrivá, entre enero y diciembre de 2021 se abonaron 472.015 prestaciones de nacimiento y cuidado del menor, que supusieron un gasto de más de 3.010 millones de euros (la media resultante fue de 6.378 euros por cada una). Este año se han contabilizado 236.112 hasta el mes de junio, con un cargo para las arcas del Estado de 1.597 millones, un 16,6% más que en el mismo periodo del año anterior.