A vueltas con el mercado eléctrico: de la primavera al otoño

Asistimos estos días a la reapertura del debate sobre la necesidad de intervenir en el mercado eléctrico europeo. Una cuestión que ya se suscitó la pasada primavera, cuando se vieron las consecuencias de que los elevados precios del gas, que se habían multiplicado por cuatro en un año, se trasladaran íntegramente a los precios de la electricidad. Todo, a pesar de que representara una quinta parte de la generación: según las reglas del mercado, la tecnología marginal —en este caso el gas— es la que marca el precio mayorista.

Una crisis con visos de prolongarse y agravarse ponía entonces en la base de la discusión la preocupación por el daño profundo a familias y empresas, por las tensiones inflacionistas, por los beneficios sobrevenidos injustificados para tecnologías que no utilizan gas y por los perjuicios a la comercialización independiente.

En aquel momento, marzo-abril, muchos países rechazaron un cambio en las reglas: porque sus consumidores estaban más protegidos temporalmente con contratos a precio fijo; porque su margen presupuestario permitía compensar a los más perjudicados y, de paso, tal vez obtener una ventaja competitiva para sus empresas; o porque contaban con poca generación inframarginal (renovable y nuclear) y, por tanto, escaso beneficio de desacoplar los precios del gas y de la electricidad. Y casi todos con miedo a desencadenar un retroceso en el mercado eléctrico europeo y una incertidumbre regulatoria que perjudicara las inversiones necesarias para la descarbonización.

España arrancó valientemente la llamada excepción ibérica, un desacoplamiento parcial del precio de la electricidad respecto del gas que, como reconocen los servicios técnicos de la Comisión Europea, ha originado un importante beneficio neto para los consumidores. En particular para aquellos, tanto domésticos como industriales, vinculados al mercado mayorista, pero también para el resto, a medida que finalizan sus contratos a precio fijo o sus coberturas. Y ello, a pesar de la sequía y algunas condiciones que impuso el Ejecutivo comunitario para su aplicación, como la gestión de los flujos con Francia, han debilitado su efectividad.

Hoy se ve claramente en Europa que las medidas fiscales y presupuestarias son incapaces de compensar adecuadamente los daños al tejido económico y social. Los precios eléctricos se han duplicado desde marzo, impulsados por los del gas y el carbón, por la baja disponibilidad del parque nuclear francés, por la sequía (que ha reducido la producción hidroeléctrica), y por el mercado de emisiones que, en un contexto extraordinario de crisis, añade extemporáneamente sal a la herida. En el sálvese quien pueda, han empezado a aflorar decisiones unilaterales de Estados miembros que amenazan la unidad del mercado eléctrico europeo.

Los servicios técnicos de la Comisión parecen inclinarse por contratos por diferencias para la generación inframarginal, a un precio fijado para cada tecnología —preferentemente a escala europea— que asegure una rentabilidad razonable, frente a la alternativa de mejorar y ampliar a toda la UE la excepción ibérica, que se descarta un poco a la ligera. Así, califica como subvención al gas lo que no es más que el reparto de parte de su coste entre toda la demanda de electricidad que se beneficia de la reducción de los precios en el mercado mayorista que el tope al gas provoca, magnifica un problema de gestión de los flujos en la frontera de la UE con el Reino Unido o Suiza que tiene solución, y exagera que la medida puede provocar un fuerte crecimiento de la demanda de electricidad y, por tanto, del consumo de gas para su obtención, lo que es muy discutible a los muy disparados precios actuales antes y después de la intervención.

La realidad es que ambas fórmulas tienen ventajas y contraindicaciones, y dificultades no menores para su consenso y aplicación. De fondo está el debate sobre si las señales de precios en el mercado son eficientes y justas como mecanismo de asignación de productos y servicios esenciales en situación de grave escasez provocada por una guerra, una pandemia o una catástrofe natural, y si los extraordinarios efectos redistributivos provocados por el funcionamiento de los mercados en esas circunstancias pueden ser compensados eficazmente mediante medidas fiscales y presupuestarias, o son preferibles intervenciones predistributivas en los mecanismos de fijación de precios. Todo ello, teniendo siempre en cuenta el riesgo de que las intervenciones en los mercados, aunque sean transitorias y excepcionales, frenen las inversiones de largo plazo necesarias para la descarbonización. En todo caso, bienvenido sea el debate para diseñar con urgencia mecanismos de alivio ante la situación actual.

No obstante, la reforma estructural y profunda del mercado eléctrico requerirá un debate mucho más sosegado si de verdad quiere responder a las necesidades de los próximos 25 años en el imprescindible camino hacia la descarbonización.

Luis Atienza Serna ha sido presidente de Red Eléctrica de España y miembro de la Comisión de Expertos para la Transición Energética