Trabajo exigirá responsabilidades a los restaurantes que trabajen con ‘apps’ que incumplan la ley de ‘riders’

El ministerio advierte a Glovo y Uber de que no tolerará que operen burlando “los límites legales”

Repartidores de Glovo, Deliveroo y Uber Eats esperando un servicio en Barcelona, en una foto de archivo.
Repartidores de Glovo, Deliveroo y Uber Eats esperando un servicio en Barcelona, en una foto de archivo.Reuters

El Ministerio de Trabajo es rotundo: actuará “con decisión” contra las plataformas que todavía echen mano de falsos autónomos para sus repartos a domicilio. El anuncio del departamento que dirige Yolanda Díaz llega después de constatar que empresas como Glovo siguen burlando la llamada ley de riders y otras como Uber Eats amenazan con volver a hacerlo. Y avisa de que, si es necesario, se exigirá “responsabilidad” a los establecimientos que sigan contratando los servicios de empresas online que vulneren la ley. “No es de recibo que haya empresas que busquen ventajas competitivas en el incumplimiento de los límites legales”, advierte el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey.

Esta semana se cumple un año desde que entrara en vigor la ley que busca que los repartidores de esas plataformas sean asalariados y no falsos autónomos. La norma supuso la salida de la firma Deliveroo, pero otras marcas como Just Eat decidieron cumplir e impulsar el primer convenio del sector. Uber Eats también acataba la ley, mientras que Glovo seguía con el mismo régimen para los llamados repartidores de última milla. Sin embargo, Trabajo se encontró esta semana con una desagradable sorpresa de Uber Eats. Según avanzó Eldiario.es, la empresa remitía un correo a sus antiguos riders para “realizar entregas como autónomo” ajustándose a la normativa y a la sentencia de 2020 del Tribunal Supremo, que establecía que esos repartidores debían ser asalariados.

El Gobierno teme que Uber trate de intentar sortear la ley con cambios en el algoritmo, que la actual norma fija que debe ser transparente. “Esperamos que no se intente destruir la presunción de laboralidad que fija la ley, haciendo pasar por autónomos a personal que debería estar contratado”, explica Pérez Rey. Según el ministerio, esas empresas podrían estar modificando esos datos para tratar de establecer la “falsa creencia” de una relación directa entre el restaurante y el cliente. Y eso supondría que los establecimientos serían responsables por la falta de pagos salariales y de las cotizaciones en la Seguridad Social.

Hasta ahora, la Inspección de Trabajo ha actuado para aflorar los falsos autónomos que siguen empleando plataformas como Glovo. En Cataluña, se constató que había 351 trabajadores irregulares, por lo que impuso sanciones por casi dos millones de euros. Además, ha condicionado la luz verde a su compra por la alemana Delivery Hero al cumplimiento de la ley de riders. Trabajo espera que Uber se eche atrás y Glovo por fin decida cumplir con la normativa. Pero si no es así, está dispuesto a ir más allá, de forma que en última instancia “se depuren” también las “responsabilidades” de quienes contraten los servicios de plataformas que operan de forma ilegal.

La Inspección de Trabajo está atenta asimismo a otro fenómeno: un mercado negro que ha surgido entre los riders. Muchos de los autónomos trabajan con cuentas alquiladas, es decir, pagan un porcentaje de sus beneficios al titular de esa suerte de licencia sin estar dado de alta en la Seguridad Social ni pagar los impuestos correspondientes. Trabajo recuerda los problemas que han supuesto esas cadenas de subcontrataciones fraudulentas, en especial en los casos de accidentes. “No hay excusa para no cumplir con los derechos laborales”, añade Pérez Rey.

La ley de riders fue aprobada en mayo de 2021 y entró en vigor en agosto del año pasado. Su objetivo fue el de poner fin al empleo de trabajadores autónomos en el envío de comida y paquetes a domicilio después de que los tribunales hubieran considerado que había una relación laboral. Para ello, introdujo en el Estatuto de los Trabajadores la “presunción de laboralidad” para las personas que distribuyan “cualquier producto de consumo o mercancía” para una empresa que organice el trabajo “a través de una plataforma digital”.

Sobre la firma

Lluís Pellicer

Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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