La Audiencia Nacional abre juicio oral a Iberdrola por manipular el precio de la luz

La Audiencia Nacional ha ordenado la apertura de juicio oral contra Iberdrola Generación España y cuatro de quienes fueran sus directivos por un supuesto delito contra el mercado y los consumidores tras el presunto encarecimiento artificial de la luz en el invierno de 2013. El titular del juzgado central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, ha impuesto una fianza de 192,3 millones de euros a la filial de la energética, y 107,5 millones a cada una de las personas físicas para garantizar una futura responsabilidad civil derivada del proceso.

El caso se deriva de una petición de la Fiscalía Anticorrupción que concluyó que Iberdrola Generación, una filial del grupo Iberdrola, manipuló supuestamente el mercado en 2013 para disparar el precio de la energía eléctrica y obtener un beneficio millonario. Una operación irregular que, según los cálculos del ministerio público, provocó un perjuicio de más de 107 millones de euros, que fue “soportado” por los consumidores, empresas comercializadoras y aseguradoras.

A tenor de su escrito de acusación y remitido al magistrado el pasado junio, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba una multa de casi 84,9 millones de euros para Iberdrola Generación España, así como dos años de prisión e inhabilitación y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para los entonces cuatro directivos.

La Audiencia ha atendido esta petición de la Fiscalía de abrir juicio oral contra Iberdrola Generación y cuatro de sus altos cargos: Ángel Chiarri, director de Gestión de la Energía; Gregorio Relaño, responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; José Luis Rapún, encargado de Gestión de Activos; y Javier Paradinas, a cargo de Mercados a Corto Plazo y Generación Global. El ministerio público los consideraba autores de un delito relativo al mercado y a los consumidores. Según un auto que ha adelantado El Confidencial, el magistrado ordena la celebración de juicio oral por un delito “relativo al mercado y a los consumidores”.

El relato de la Fiscalía resultaba contundente. El documento detalla cómo Iberdrola “ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda”. Su objetivo era alterar el precio y “perjudicar a los consumidores”. Y, para ello, entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, “sin causa legítima que lo justificara”, alteró al alza el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo.

Iberdrola maniobró “a un nivel por encima del precio de mercado diario, que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad”. “Esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas. Esto es, dejaron de producir energía”, subraya Anticorrupción en su escrito, donde califica la operación de la compañía como un “artificio” que le supuso un beneficio superior a los 21 millones de euros.

Iberdrola se encuentra en el punto de mira de los tribunales en diferentes instrucciones. La compañía es el epicentro de una línea de investigación del caso Villarejo, donde el magistrado Manuel García-Castellón mantiene que la energética contrató al comisario José Manuel Villarejo para cinco presuntos proyectos de espionaje. Unas pesquisas donde declaró el propio Sánchez Galán, que ha permanecido imputado hasta la pasada semana, cuando el juez decidió archivar la causa contra él al considerar que los delitos habrían prescrito.