Cepyme critica la nueva ley de impulso de empresas por dificultar el acceso a las subvenciones

El Congreso ha aprobado este viernes la ley de creación y crecimiento de empresas, más conocida como Ley crea y crece, con la que se pretende mejorar las condiciones de financiación de las empresas, facilitar la constitución de las sociedades y perseguir la morosidad. La norma ha incorporado nuevos requisitos para aquellas empresas que soliciten una subvención superior a 30.000 euros, como que ahora deberán presentar una cuenta de pérdidas y ganancias abreviada que justifique su situación de solvencia. En el caso de aquellas que no puedan hacerlo ―por ser muy pequeñas y no disponer de recursos, por ejemplo—, deberán recurrir a un auditor externo para que emita un certificado que acredite su situación en cuanto al cumplimiento en los pagos. Esta modificación, denuncian fuentes de la patronal Cepyme, sitúa en “presunción de morosidad” a todas las sociedades, y “dificulta aún más” el camino burocrático para acceder a estas vías de financiación.

La patronal de las pymes viene denunciado que una de las heridas principales que ha provocado la pandemia sobre la pequeña y mediana empresa tiene que ver con el aumento de la morosidad. Un problema que se ha acrecentado aún más con el aumento desbocado de la inflación. Por ello, la captación de recursos financieros resulta imprescindible para la supervivencia de muchos negocios, aseguran. “En esta situación y ante un escenario económico sombrío para los próximos años, si bien la norma incluye algunos aspectos positivos, incorpora medidas de dudosa eficacia que suponen nuevas cargas para las pymes, dificultando aún más su acceso a los fondos europeos y subvenciones en un momento delicado”, ha indicado Cepyme a través de un comunicado.

Desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), por su parte, han considerado satisfactoria esta futura ley, puesto que “contiene elementos importantes que van a ayudar a consolidar y fomentar la creación de empresas”. En cuanto a las vías por las que la norma transita para atajar la morosidad, desde Uatae califican como “normal” que aquellas empresas que “pagan mal y tarde” no puedan acceder a fondos públicos.

Fuentes de este órgano empresarial, que forma parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), señalan que con esta nueva redacción de la norma —se ha incorporado por medio de un nuevo apartado dentro del artículo 13 de la Ley General de subvenciones— se exige a aquellas empresas con menos recursos que “un auditor certifique que no son morosas”. Una circunstancia que, en opinión de estas mismas fuentes, las sitúa bajo “principio de culpabilidad a todas”, algo que eleva la incertidumbre de estas sociedades, que ya cuentan con “bastantes dudas” en cuanto a sus posibilidades de acceder a los fondos europeos.

A pesar de que pudiera resultar paradójico que quienes más afectados se ven por el incremento de la morosidad —y que en el caso de los autónomos, por ejemplo, tienen a la Administración como su mayor deudora— critiquen el aumento de filtros para combatirla, Cepyme recalca en su nota la necesidad de contar con “una estrategia eficaz y realista de lucha contra la morosidad”, pero que al tratarse “de un problema complejo” necesita “un marco integral que la reduzca, en el que se incluyan acciones pertinentes que mejoren el acceso de liquidez a las empresas”. De ahí que considere que “la pérdida de acceso a subvenciones públicas y también a los fondos europeos resulta totalmente desproporcionada en esta coyuntura”.

Apoyo mayoritario

El proyecto de ley ha sido aprobado —y enviado al Senado— en el pleno del Congreso de este viernes después de que el Gobierno haya obtenido los votos favorables del PSOE, PP, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís, Coalición Canaria, Foro Asturias, PRC y Teruel Existe y las abstenciones de Vox, Ciudadanos, PNV, EH-Bildu, Juntos, Más País-Equo y BNG. La CUP ha sido la única formación política que ha posicionado en contra.

A pesar de que dentro del proyecto no se ha incluido finalmente un régimen sancionador con el que combatir la morosidad —como demandaba gran parte de la Cámara—, sí que se han incorporado algunos incentivos como la exigencia de un certificado de pagos a los contratistas por parte del adjudicatario, la retención de las garantías una vez se inicien acciones legales contra un contratista por incumplir los plazos de pago o la prohibición de acceder a la contratación pública. Del mismo modo, independientemente de si se recogen en los pliegos o no, se aplicarán sanciones que podrían llegar hasta el 50% del importe del contrato cuando haya una resolución firme y, en el momento de pedir una subvención, se exigirá acreditar que todo gasto subvencionable esté pagado en plazo.