La SEPI aprueba una inyección de 550 millones a Celsa, el mayor rescate por la pandemia

El Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha aprobado la ayuda financiera solicitada por el grupo metalúrgico Celsa por valor de 550 millones de euros, según ha comunicado la sociedad estatal este viernes. Cuando el Consejo de Ministros de luz verde, antes del 30 de junio, este será el mayor rescate por la pandemia aprobado por el Gobierno. El estudio se había concluido a mitad de marzo y estaba desde entonces a expensas de un acuerdo de la compañía con sus acreedores, pacto que todavía no se ha cerrado pero ambas partes han aceptado los términos establecidos por la SEPI.

La inyección pública puede continuar así con los trámites antes de que expire el plazo para estos rescates el 30 de junio. La cuantía será canalizada a través de la concesión de un préstamo participativo por importe de 280,5 millones y otro ordinario de 269,5 millones a devolver ambos en siete años. Dado que el primero de los créditos es superior a 250 millones de euros, es necesaria la autorización por parte de la Comisión Europea antes de su elevación al Consejo de Ministros, de ahí la celeridad de la sociedad estatal para proseguir con los trámites a tiempo.

De esta forma, esta operación continúa su camino tras el análisis de la situación económica y jurídica de la siderúrgica, del impacto que ha sufrido por la pandemia y de su plan de viabilidad, así como de la reestructuración de la deuda con sus acreedores. “Se han aceptado todas las condiciones, tanto la empresa como los acreedores”, confirman fuentes de la compañía. Pese a ello, persisten algunas incógnitas. “Ya han aceptado los términos, aunque todavía tienen que seguir negociando cómo lo hacen efectivo”, explican fuentes empresariales conocedoras de las negociaciones.

Sin embargo, puede llegar un escenario en el que no se respeten estas condiciones en un pacto entre las partes posterior. Para evitar eso, según las mismas fuentes, la sociedad estatal no entregará la ayuda hasta que todo esté firmado respetando el acuerdo entre las tres partes (consejo gestorI, empresa y acreedores): “Se tiene que garantizar que el rescate se hace en las condiciones que ha marcado la SEPI, que la empresa es viable, así como un plan de viabilidad creíble para la devolución de la ayuda”.

El acuerdo llega tres meses después de que la SEPI diera el visto bueno preliminar al expediente de Celsa para su rescate, solicitado a mediados de 2020. El hólding concluyó el 15 de marzo el análisis de la solicitud de Celsa, quien aceptó los términos y condiciones fijados para la concesión de la ayuda. Desde entonces ha estado a la espera de un pacto con los acreedores, cuya negociación se ha alargado más de lo previsto. Sus acreedores, una veintena de fondos oportunistas —entre los cuales están Attestor, Golden Tree, Sculptor o Cross Ocean—, debían aceptar una quita de cerca del 50% de su deuda, algo que sigue sin suceder y el tiempo aprieta: quedan menos de dos semanas para cerrar el trámite antes de que el fondo no pueda otorgar más ayudas por la pandemia.

Casi 3.000 millones de deuda

El grupo cuenta con una deuda de 2.819 millones de euros y la reestructuración que plantea la SEPI es que pase a 1.587 millones de euros. En esto hay acuerdo entre empresa y acreedores. Las diferencias están en qué ocurre después de que se devuelva la inyección pública: “Si a la compañía le va bien, la duda está en quien recibe el valor adicional que se pueda generar: el accionista o los acreedores”, explican fuentes de los fondos.

Celsa cerró 2021 con una facturación de 5.300 millones y un Ebitda de alrededor de los 600 millones a nivel global. Cuenta con 4.500 trabajadores en España y cerca de 10.000 en toda Europa (cuenta con 120 centros de trabajo en nueve países). Para Celsa España, la crisis ocasionada por la pandemia generó caídas en sus mercados naturales del 25% en 2020, año que arrojó un resultado negativo de 364 millones de euros. La siderúrgica, fundado por la familia Rubiralta en 1967, tiene presencia en siete comunidades autónomas.

El fondo gestionado por la SEPI ha aprobado desde su formalización 24 expedientes por un importe de 3.052,62 millones de euros, según los datos facilitados por el hólding público. Es decir, se han aprobado ayudas por un 30,5% de los 10.000 millones con los que estaba dotado el fondo.