Celsa mejora su oferta en 400 millones para contentar a los fondos

No hay todavía atisbo de acuerdo entre Celsa Group y los ocho fondos que controlan 2.400 millones de euros de su deuda. La pelota descansaba la madrugada de este viernes sobre el tejado de los representantes de los acreedores, que recibieron una nueva oferta de Celsa que suma un bonus de hasta 400 millones de euros si aceptan la quita de la mitad de los préstamos que controlan, en torno a 1.100 millones.

Mientras tanto, la SEPI sigue esperando para poder tramitar la ayuda de 550 millones a la compañía de la familia Rubiralta, inyección que sigue corriendo el riesgo de saltar por los aires si no hay acuerdo entre ambas partes: ya sea por la negativa de la sociedad dependiente del Ministerio de Hacienda a arriesgar esa cantidad de fondos públicos si no hay sacrificios desde el otro lado o porque la falta de tiempo material para preparar toda la documentación haga del rescate un imposible. El 28 de junio el Consejo de Ministros tendría que aprobar el acuerdo, pero antes este tiene que recibir el beneplácito de la Comisión Europea.

La incertidumbre de la situación ha provocado que los comités de empresa del grupo hayan convocado manifestaciones este viernes a las 12 del mediodía en Barcelona, Bilbao, A Coruña y Santander para intentar forzar a los fondos a asumir el acuerdo. Los sindicatos acusan a los fondos de “afán especulador”.

En plena reunión, Celsa ha hecho pública a través de un comunicado su segunda y última propuesta, que vuelve a considerar como inamovible. En ella mencionaba el “bonus de rentabilidad” que ofrece ahora a los fondos, que se pagará dentro de siete años condicionado al éxito del plan estratégico y a la consecución de un nivel de ebitda que, fuentes próximas a Celsa, consideran que casi aseguran el pago de esos 400 millones.

El comunicado del Celsa Group, sin embargo, no gustó a los representantes de Deutsche Bank, Goldman Sachs, Golden Tree, Trinity, Cross Ocean, SVP, Sculptor y Anchorage, a quienes tildaba de fondos buitre y acusaba de pretender ganancias “usurarias” con su propuesta. Los fondos habían reclamado quedarse el 49% de la empresa con la conversión de 500 millones de euros de su deuda y, el resto, cobrarla también dentro de siete años. “El futuro de 30.000 puestos de trabajo está ahora en manos de Deutsche Bank, Goldman Sachs, SVP y Cross Ocean”, señala la empresa, que está centrando en esas cuatro entidades toda la presión de la negociación, a la que ha conseguido unir a gobiernos autonómicos, patronales y sindicatos.

La posición que Celsa defiende es que mientras que la familia propietaria ha reinvertido todos los recursos en el conglomerado acerero y no ha repartido dividendos, los fondos quieren sacar importantes réditos de la deuda que adquirieron a la banca en 2018 con importantes descuentos. Los Rubiralta proponen hacer un pago de 450 millones en cuanto llegue la inyección de la SEPI y amortizar el resto de la deuda, le reconocería 662 millones, entre 2023 y 2030.

El grupo catalán considera que juegan a su favor los procesos judiciales que pesan sobre la deuda que controlan los fondos, punto de incertidumbre que podría jugar a su favor en la negociación. Asimismo, recuerda que ha iniciado otras demandas judiciales al considerar que las pretensiones de sus acreedores son contrarias a la Ley de Represión de la Usura.