El choque entre Celsa y sus acreedores deja en el aire el rescate de la SEPI

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, está dispuesta a dejar 550 millones de euros de deuda a Celsa Group, el mayor rescate de los que habría aprobado por motivo de la crisis económica vinculada al coronavirus. Pero para ejecutarlo pone unas condiciones que pasan por que antes la dirección de la compañía y los fondos oportunistas que controlan el grueso de su deuda acuerden la reducción de esta en 1.200 millones de euros. Y esos términos, cuando faltan tres semanas para que se tenga que cerrar la ayuda pública, no se cumplen. Al contrario. Ambas partes mantienen posiciones contrapuestas, según ha quedado de manifiesto tras la reunión celebrada este lunes.

Celsa ha rechazado la propuesta lanzada el domingo por los fondos, consistente en la conversión de 500 millones de euros en el 49% del capital y la transformación de otros 700 millones en un instrumento subordinado a siete años. El paso de la compañía es similar al que ya realizaron los acreedores, entre los que están bancos como Deutsche Bank y Goldman Sachs y fondos como SVP y Cross Ocean, entre otros. En ese caso, se opusieron a la petición de Celsa de que renunciaran a casi la mitad del valor en libros de su deuda, un total de 1.100 millones de euros.

Tras la reunión de este lunes Celsa, que asegura que tiene a su favor a los bancos que mantienen una deuda de unos 500 millones que financia su circulante, se ha reunido con representantes de la SEPI para trasladarles el estado de la situación. Esta semana debería ser clave para cerrar un acuerdo (si lo hay) si se quieren respetar los plazos internos de la empresa pública y la aprobación en el Consejo de Ministros. Los fondos lamentan que ellos no han tenido la posibilidad de reunirse con la SEPI en el año y medio que ha pasado desde que se demandó la ayuda.

Después de analizar la propuesta remitida ayer, Celsa llega a la conclusión de que es inasumible porque es “incompatible” con el marco de la ayuda solicitada. Según su versión, los fondos han solicitado que el grupo metalúrgico controlado por la familia Rubiralta traslade su sede fuera de España --cuestión que los acreedores niegan--, además de transformar 900 millones de euros de deuda en un instrumento subordinado que se pagaría a siete años y con un interés del 10%, lo que para el grupo significa que al final del periodo su valor sería de 1.700 millones de euros, lo que no supondría una reducción de la deuda, tal y como demanda la SEPI.

Celsa sostiene que la rentabilidad que plantean los fondos para la deuda, que llegaron a comprar con descuentos de hasta el 80%, les permitiría lograr múltiplos de rentabilidad del cinco gracias a ayudas públicas. Los fondos plantean que la situación puede llegar a ser la de tomar el 100% del capital a causa de los impagos de la deuda convertible en deuda, aunque ese proceso está judicializado y es de difícil resolución en el corto plazo.

Uno de los interrogantes sobre el futuro de Celsa sin rescate público es si el grupo podría ser desmantelado con ventas parciales para ejecutar los créditos que tienen en sus manos los fondos. La compañía mantiene que el grupo es viable siempre y cuando se mantenga como un todo. Es por ello que la SEPI, si presta los 550 millones de euros, se ha asegurado una posición de veto ante posibles movimientos de gestión del gigante español del acero.