La aerolínea Plus Ultra, imputada por su rescate por el Gobierno

La titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid ha citado para el próximo 15 de junio al representante legal Plus Ultra para que responda por la aerolínea en calidad de investigada en la causa sobre las presuntas irregularidades en la concesión de 53 millones de euros de ayudas públicas por parte del Gobierno del fondo de rescate a empresas estratégicas afectadas por la pandemia.

En una providencia fechada el pasado 25 de mayo, adelantada por Vozpópuli, la jueza Esperanza Collazos ha fijado el 15 de junio para tomar declaración como imputada a la aerolínea, para esclarecer si la compañía cometió un presunto delito de malversación y prevaricación, atendiendo así la solicitud de Vox, que figura en la causa como acusación popular, junto al PP y el sindicato Manos Limpias.

La magistrada ha tomado esta decisión tras tomar declaración el pasado 29 de marzo a los peritos de ambas partes, cuyos informes previos diferían en sus conclusiones sobre si la aerolínea cumplía o no con los requisitos para acceder a estas ayudas en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Así, mientras los expertos designados por el juzgado señalaban que Plus Ultra era una empresa con visos de insolvencia a cierre de 2019, lo que le imposibilitaba optar a los fondos de rescate, el dictamen de la SEPI y de las consultoras Deloitte y DC Advisors, avalaban que la aerolínea no estaba en causa de disolución en el momento en el que obtuvieron las ayudas.

El principal punto de controversia, tal y como se pudo comprobar en los careos, es dilucidar por qué parte de las ayudas públicas concedidas se destinaron a un pago realizado a Petróleos de Venezuela (PDVSA). El equipo de peritos que asesoró a la SEPI defendía ese desembolso porque la deuda con PDVSA no se había podido pagar antes por motivo del embargo y las sanciones internacionales y que la petrolera estatal venezolana es la proveedora de combustible de todas las compañías que operan en Caracas, no solo de Plus Ultra, por lo que el problema con los pagos afectaba a todas las aerolíneas que vuelan a Venezuela. Por el contrario, los peritos independientes del juzgado observaron que no era muy habitual que la aerolínea hubiera priorizado ese pago, cuando debía atender a gastos operacionales más urgentes.

La juez no ha entrado a considerar las peticiones las peticiones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía Provincial de Madrid, que solicitaron el archivo al considerar que no consta indicio alguno de la comisión de ningún hecho presuntamente delictivo. La abogada del Estado Rosa María Seoane aseguró que se podía “concluir que el informe pericial no aporta ningún elemento que pudiera, siquiera indiciariamente, conducir a dudar de la situación de ‘empresa no en crisis’ de Plus Ultra al cierre de 2019, y mucho menos indicios remotos de elemento constitutivo de tipo penal alguno”. Por su parte, la Fiscalía de Madrid concluyó que no existían “elementos contundentes” que permitieran cambiar el criterio expuesto por el Ministerio Público en sus escritos anteriores.

Reacciones de la aerolínea y del PP

La aerolínea ha asegurado a través de un comunicado tras conocerse la decisión de la juez de imputar a la compañía, que el 15 de junio prestará declaración en el juzgado y ha asegurado estar “satisfecha” por la posibilidad de exponer su postura, con el “pleno convencimiento que tiene de la legalidad de la ayuda y de poder demostrar, una vez más que cumplía con todos los requisitos para acceder a los préstamos de la SEPI”.

Plus Ultra expresa además su deseo de que “este sea un paso más hacia la necesaria finalización de un procedimiento que se ha convertido en muy mediático por razones puramente políticas”. También asegura que el juzgado ha sido “favorable a la no necesidad de que se aporten en el procedimiento los informes que está presentando Plus Ultra Líneas Aéreas a la SEPI”, como solicitaba Vox como parte demandante.

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha resaltado que la petición de la juez refuerza las dudas sobre el rescate a Plus Ultra, unas ayudas que fueron negadas a compañías españolas clave para la economía nacional. En ese sentido, desde el PP consideran que la imputación a Plus Ultra supone “uno de los mayores ejemplos” de la “ineficacia” e “incompetencia” del Gobierno a la hora de repartir las ayudas a las empresas estratégicas.