El manoseado, inexistente y necesario pacto de rentas

La inflación crece a un 8,7% anual en el IPC de mayo mientras la subyacente roza el 5%, lo que pone ya de manifiesto efectos de segunda ronda provocados por empresarios no energéticos y productores de alimentos no elaborados. Este efecto de segunda ronda se detecta igualmente en la extensión de las altas subidas a cada vez más artículos de la cesta de la compra. El 46% de las casi 200 subclases de tal cesta crecen al 5% o por encima, y casi el 38% lo hace a un ritmo del 6% o superior.

Las causas de la inflación tenían hasta hace poco un carácter transitorio. Todos los organismos económicos nacionales e internacionales coincidían en que 2022 sería un año de inflación extraordinariamente alta, pero que en 2023 se volvería a una inflación en el entorno del 2%. Cabe recordar que el alza de los precios ya se inició en el último cuatrimestre del año 2021: el fuerte resurgir de la demanda tras la pandemia, la capacidad oligopolista de los productores de energías fósiles para recuperar los beneficios perdidos durante la caída de la movilidad y los cuellos de botella en las cadenas de suministros eran las causas transitorias que explicaban el alza de los precios.

La invasión de Ucrania elevó la incertidumbre presionando más los precios al alza. En particular, amplió la raíz de la inflación, que ya no es solo energética, sino que también impacta contundentemente sobre los precios de los alimentos, que han crecido un 10% en el último año, con alzas por encima del 20% en alguno de sus artículos y cuya carestía –al igual que la energía– impacta más en la cesta de los hogares vulnerables por su mayor peso relativo.

El embargo parcial del petróleo ruso decretado por Bruselas ha añadido un factor adicional de presión alimentando la espiral de precios, que ha reforzado, a su vez, el anuncio por el BCE del fin de su política monetaria expansiva, lo que ya ha hecho subir el Euríbor y con él los tipos de interés de las hipotecas, elevando la presión sobre el poder de compra y la situación financiera de los hogares. Cuestión no menor en un país como España, donde el precio de la vivienda en propiedad a precios excesivos determina que para millones de ciudadanos el pago de la hipoteca suponga una importante erosión de sus ingresos mensuales.

Convendría hacer una advertencia teniendo en cuenta el cariz que toman las consecuencias económicas de las medidas respecto a la guerra en Ucrania. Si las instituciones europeas y los países miembros persisten en la estrategia de guerra económica, deben tomar asimismo medidas de control y alivio propias de una economía de guerra. En concreto, deben habilitarse desde el presupuesto comunitario recursos supranacionales para compensar a los hogares más vulnerables, así como establecerse controles europeos sobre el precio de los bienes y servicios básicos, que eviten el aprovechamiento de la situación por algunas empresas para obtener sobre-beneficios.

Para afrontar el contexto de alta inflación, al tiempo que se terminan de recuperar todas las constantes vitales de la economía española tras la pandemia, es necesario afrontar la travesía de manera colectiva. El Gobierno ha cosechado grandes éxitos de la mano de los agentes sociales, afrontando con políticas eficaces los momentos de elevada incertidumbre que han atravesado recientemente la economía y la sociedad española. Ahora no debiera ser diferente. La suscripción de un pacto de rentas que reparta el aumento de los costes de manera equilibrada podría ser el instrumento adecuado para encarar la incertidumbre y evitar una espiral de precios, pero también para hacer frente a un retraimiento de la demanda de consumo que conduciría a la economía española a un escenario no deseado de estanflación.

Sin embargo, no hay negociación alguna para la consecución de tal pacto. Es más, observamos, por un lado, en las organizaciones empresariales una actitud alejada de la corresponsabilidad apreciada en la pandemia, que nos condujo a una docena de acuerdos sociales. Por otro lado, a un Gobierno que se limitó a sugerir el pacto de rentas, pero se desentendió del mismo, en una actitud poco comprensible.

El Gobierno debe darse prisa en actuar. Y hacerlo con determinación y con sentido político. El mercado gestiona de manera ineficiente e injusta este tipo de situaciones, y dejarle actuar a su albedrío elevará el malestar social y decepcionará a ciudadanos, personas trabajadoras, jubiladas, hogares vulnerables, etc. Complica la situación la citada irresponsabilidad en la que se han instalado las organizaciones patronales. Como es conocido, han rechazado la firma de un acuerdo nacional de negociación colectiva que sirviera para organizar de manera coordinada y equilibrada el reparto del aumento externo de los precios de la energía y materias primas entre los salarios y los altos márgenes de beneficios (situados por encima de los de la Eurozona, recordemos los millonarios excedentes acumulados por las empresas no financieras: 211.000 millones de euros desde 2016).

La falta de compromiso empresarial ya es perceptible en la citada inflación subyacente. Si además nos fijamos en la descomposición del deflactor del PIB por fuentes de renta, los beneficios aparecen como los únicos responsables del aumento de los precios en el cuarto trimestre del año pasado y el primer trimestre de este. Asimismo, el consumo de los hogares se ha recortado un 3,7% a principios de año y el de bienes duraderos un 11,3%, lo que supone un primer indicio de que a la elevada inflación se podría sumar una desaceleración de la demanda superior a la esperada.

Los sindicatos hemos decidido tensionar los procesos de negociación colectiva para tratar de alcanzar acuerdos que garanticen que no sean los salarios los paganos de esta crisis. Determinados conflictos empiezan a tener un importante seguimiento, aunque estén fuera del foco mediático (por citar uno, la huelga del metal de Cantabria está teniendo un seguimiento sin precedente en décadas). Pero la dimensión del problema trasciende el ámbito de la negociación colectiva y debe inspirar una actuación integral por parte del poder público.

El Gobierno tiene instrumentos fiscales para producir una redistribución equilibrada de los costes de la crisis, sosteniendo el consumo mediante transferencias y recortando los márgenes empresariales. Lo puede hacer, por ejemplo, subiendo la fiscalidad de las grandes corporaciones y de las empresas energéticas que están obteniendo sobre beneficios, como ya han hecho gobiernos conservadores europeos como el de Italia y el Reino Unido.

CC OO ha mostrado su voluntad de negociar un pacto amplio de rentas que evitase la espiral de precios y el desinflamiento de la demanda de consumo de los hogares, así como el reparto injusto y desequilibrado de los costes de la crisis de precios, siempre que este se conjugue en plural y no se confunda con un pacto de devaluación salarial, como se está pretendiendo colar.

En esta línea, CC OO entiende que debieran establecerse al menos: un pacto energético que ataque las verdaderas causas de la inflación, arreglando las ineficiencias del sector eléctrico y acelerando la transición verde.

Un pacto de negociación colectiva que detenga el efecto de segunda ronda sobre los precios que ya están provocando los márgenes de beneficios y que preserve el poder de compra de los salarios para evitar el hundimiento de la demanda de consumo de los hogares y, con ella, de la actividad económica y la creación de empleo. No olvidemos que la inflación erosiona, es cierto que sobre todo los bolsillos de quien menos recursos tiene, pero erosiona todos los bolsillos. No se trata solo de proteger las situaciones de pobreza severa, sino del conjunto de rentas de las clases populares, que son millones de personas trabajadoras y pensionistas.

Un pacto fiscal. De esta crisis no se sale bajando impuestos ni siquiera temporalmente, sino más bien al contrario, cerrando la brecha en la contribución fiscal que tiene España con Europa y que explica el permanente déficit público estructural (-68.000 millones se dejan de recaudar anualmente). Con un 118% del PIB de deuda pública acumulada tras el rescate bancario y la pandemia, no asumir esa corresponsabilidad fiscal necesaria supone trasladar a las generaciones futuras el coste de la inacción fiscal actual. No hay una pugna intergeneracional entre trabajadores activos y pensionistas; en todo caso habrá una pugna entre quienes no asumen normalizar fiscalmente España respecto a la eurozona, y los damnificados de esa política, es decir, quienes sufren recortes y privatizaciones de servicios públicos en la actualidad, y/o quienes asuman el exceso de deuda futura.

Y, por último, es necesario un pacto sobre las rentas de alquiler de viviendas y locales para el desarrollo de la actividad empresarial de las pymes. Que evite subidas excesivas de los alquileres y que ponga las bases para ubicarlos en niveles acordes con los salarios que se pagan, evitando la extracción de rentas, en particular de las personas jóvenes.