Sterling Jewelers, la cadena de joyerías de EE UU, paga 175 millones para evitar una demanda por discriminación de género

Discriminar por razón de género sale caro en Estados Unidos, el país de las querellas y las multas millonarias y donde la judicialización de cualquier aspecto de la vida cotidiana (un resbalón en la calle, la quemadura por un café demasiado caliente) es ley. Sterling Jewelers, la firma de diamantes propietaria de las tiendas de joyería Jared y Kay Jewelers, ha accedido a pagar 175 millones de dólares para zanjar una demanda colectiva por la prolongada discriminación salarial y profesional sufrida por miles de empleadas, ha informado este jueves el diario The Washington Post.

La cuantía no resulta excesiva en un país donde los acuerdos extrajudiciales millonarios son moneda común, pero sí el contexto que rodea al caso y, sobre todo, la forja de la resolución. La causa, que se presentó en 2008, se convirtió en un emblema del movimiento #MeToo una década después, en 2017, cuando algunas de las mujeres marginadas por Sterling revelaron al diario capitalino que habían sido empujadas a satisfacer los requerimientos sexuales de sus jefes para lograr un ascenso o incluso para conservar su puesto de trabajo.

Las víctimas de la discriminación fueron unas 68.000, en su mayoría comerciales, entre 2004 y 2018. Una de las quince demandantes identificadas con nombre y apellidos ha muerto mientras aguardaba la resolución del caso. Los abogados de las mujeres argumentaron que la compañía les pagaba menos que a sus compañeros varones de igual rango, y también que eran promocionadas a un ritmo sensiblemente inferior a sus méritos.

Sterling, que gestiona algunas de las mayores cadenas minoristas de joyería del país, muy populares por su reclamo aspiracional (palabro que connota el anhelo de consumir y poseer para alcanzar la felicidad), ha gastado millones en anuncios publicitarios en televisión, así que el pago de 175 millones apenas supone un revés en sus cuentas. Máxime cuando la demanda sólo enfoca a la discriminación salarial y profesional, no a los supuestos casos de acoso sexual que muchas de las víctimas relatan. No obstante, como parte de la causa, las mujeres presentaron declaraciones juradas en las que afirmaban haber sido manoseadas, acosadas y presionadas regularmente para conceder favores sexuales a sus jefes, con frecuencia en el marco de convenciones corporativas en las que reinaban el alcohol y una equívoca camaradería.

“Si no hacías lo que él quería, no accedías a tu tienda [preferida] ni lograbas un aumento de sueldo”, dijo una exagente comercial en una declaración de 2012, según recordaba en su edición de hoy el diario.

Gina Drosos, directora ejecutiva de la empresa matriz desde la revelación de los casos de acoso en 2017, ha declarado este jueves en un comunicado, recogido por el diario de Washington, que la compañía ha trabajado durante los últimos cuatro años en la transformación del “modelo comercial y la cultura” empresarial para crear una “ambiente acogedor e inclusivo donde todos están invitados a mostrarse como son”.

Del monto del acuerdo, que corrobora la obligada actualización de culturas empresariales añejas, tóxicas en muchos casos, 125 millones irán a parar a las demandantes, y el resto, a cubrir las costas judiciales y los honorarios de los abogados. Un acuerdo que cierra un caso de casi 15 años de antigüedad, durante los cuales la impunidad empresarial y masculina -sinónimas entonces- ha sido sustituida cada vez más por palabras como diversidad e igualdad. En teoría.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.