Zumosol exprime su fábrica de Palma del Río

La fábrica exprimidora que Zumosol tiene en Palma del Río (Córdoba) sería una planta fantasma de no ser por la vigilancia constante que sus 38 trabajadores tienen montada en el aparcamiento. Apostados en tiendas de campaña —ahora refrescándose como pueden de los más de 30 grados; antes ateridos y calentados con candelas—, llevan ya 159 días al acecho para evitar que la empresa venda la maquinaria. “Si no, lo habría hecho ya”, como denuncia Fernando Trujillo, presidente del comité de empresa. El desmantelamiento industrial de la marca, dependiente de un fondo de inversión turco, les ha dejado en un limbo legal sin trabajo y ahora amenaza la continuidad de otros 60 empleados de unas instalaciones de embotellado anexas, cuya carga de trabajo también estaba vinculada a la que fue una reputada firma allá por los años noventa.

Las inmensas instalaciones que Zumos Palma S.L. —la empresa tras la que se oculta el nombre comercial de Zumosol— están bien lejos de los años dorados de actividad que llegó a tener después de que se construyese en los años 2000. Por aquel entonces, la zona de exprimido y de embotellado aún estaban unidas bajo el paraguas del Grupo Pascual, eran capaz de exprimir 1.100 toneladas al día y generaban 200 puestos de trabajo directos en una localidad de 20.900 vecinos, “en la que el 50% de su población activa trabaja en la agricultura”, como apunta su alcaldesa, Esperanza Caro. Este martes, las máquinas paradas en ambas fábricas dibujan un panorama mucho menos halagüeño.

“Zumosol es como Atila: donde pasa, no crece la hierba”, denuncia indignado Trujillo. Los 38 empleados de la exprimidora sufren con impotencia los seis meses que llevan dados de baja de la empresa, pese a no haber sido despedidos oficialmente. “Ni trabajamos, ni hemos sido despedidos”, resume su representante sindical. Los 60 de la envasadora, dependientes hoy de la empresa LGC Fruit, iniciaron el pasado 16 de mayo una huelga indefinida ante la falta de carga de trabajo que su empresa dice sufrir después de que Zumosol trasladase su producción a Murcia en noviembre de 2021 —pese a que en sus envases aún aparece la dirección de Palma del Río— y le dejase una deuda de tres millones de euros. “Son dos temas que han ido en paralelo y todo viene de la intención de la firma de deshacerse de la planta industrial”, denuncia Sergio Marín, presidente del comité de LGC Fruit.

Pero no fue esa la intención que el holding turco Toksöz —dedicado principalmente a negocios farmacéuticos— declaró cuando se hizo con la planta completa en 2013 por unos 40 millones de euros y prometió expandir el negocio internacional de la firma. Pero pocos años después, los números dejaron de cuadrar, así que el inversor decidió dividir las zonas de exprimido y envasado. La primera la arrienda en 2017 con opción a compra a una gran multinacional brasileña del sector, Citrosuco, que acabaría por marcharse en 2020 sin ejercer su derecho de tanteo. La segunda, acaba adquirida por LGC Fruit en 2019, una empresa nacional vinculada al negocio del granel en alimentación en cuyas manos continúa esa mitad despiezada de la fábrica. “Zumosol nunca ha hecho marca blanca y esa fábrica necesita unos volúmenes muy grandes para sostenerla”, asegura Alberto Ribas, gestor de Zumos Palma.

Con la marcha de Citrosuco, comienzan los problemas para los 38 trabajadores de la exprimidora. Mientras busca un comprador, Zumos Palma decide consensuar con los empleados un expediente de regulación de empleo (ERTE) de septiembre de 2020 a marzo de 2021, en los que la firma incluso completó la pérdida de masa salarial mensual. Ese mes, vuelve a plantear un nuevo ERTE que, un mes y medio de empezar a correr, acaba tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya que dijo que “no cumplía los requisitos”, como recuerda Trujillo. La empresa optó entonces por recurrir la decisión, hasta que al fin del expediente en noviembre de 2021, los empleados vuelven a ser asumidos por la compañía.

El entuerto se hace más enrevesado entonces, después de que Zumosol anunciase ese mismo mes que había encontrado a un misterioso comprador, Cegeplast, una firma andaluza que, según la empresa, estaba dispuesta a pagar los más de 16,6 millones de euros que piden por la compraventa, aunque con unos meses de prueba a modo de alquiler. Apenas diez días después de subrogar a los trabajadores, sin embargo, la empresa compradora mandaba una carta aduciendo incumplimientos de contrato, no pagaba el primer abono de alquiler, y daba de baja a los trabajadores sin ni siquiera mediar despido e indemnización.

“Somos los mayores perjudicados. Es un proceso legal en el que nos han engañado”, aduce Ribas. Por el contrario, Agustín Jiménez Morante, secretario de Industria CC OO en Córdoba ve la supuesta artimaña de una forma muy distinta: “A un potente fondo de inversión no le engaña una empresa sevillana con capital inicial de 3.000 euros. Pensamos que ha habido un posible despido improcedente y una subrogación ilegal, que es un artificio entre un Zumosol y Cegeplast para no hacerse cargo de los trabajadores”. EL PAÍS ha intentado ponerse en contacto con Cegeplast, pero no ha recibido respuesta.

Después de quedarse el mes de diciembre sin cobrar nada, los empleados de Zumos Palma consiguieron que la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía les reconociese el desempleo, aunque ya mermado, después haber consumido buena parte de la prestación en los ERTE anteriores. En paralelo, los afectados han iniciado procesos legales contra Zumos Palma y Cegeplast que sentarán en el banquillo a ambas empresas en unos juicios que ya han comenzado a señalarse para el mes de junio. Ribas abunda en su inocencia, “en su compromiso con la subrogación de los trabajadores” y en asegurar que el trance que atraviesan ahora es culpa del nuevo comprador al que, según él, compete ahora la fábrica, pese a que el gestor es el que ha acudido a la planta a enseñarla a posibles compradores, según denuncia Jiménez.

Sin embargo, no es el único quebradero de cabeza que la empresa está ocasionando a los trabajadores de Palma del Río. Aunque la zona envasadora de las instalaciones depende desde 2019 de LGC Fruit, los 60 empleados en huelga ven a Zumos Palma como responsable directo de su delicada situación. “Cuando llegaron al acuerdo de compraventa, el principal cliente era Zumosol, nuestra empresa alega que esta le debe cuatro millones —tres, según Ribas—. En esa disputa, la compañía deja de fabricar y perdemos nuestro principal cliente. Se han buscado nuevos, pero no ha llegado”, razona Marín. Con esos mimbres, LGC Fruit —con quien este medio se ha puesto en contacto sin éxito— parece calcar los pasos de su antigua cliente, ya suma dos ERTE a sus trabajadores mientras busca un comprador y ya ha intentado un tercer expediente que la Administración andaluza le ha rechazado.

Ante la falta de perspectivas de negocio claras y los retrasos en los pagos de las nóminas, los trabajadores de LGC han comenzado una huelga indefinida que ni saben cómo acabará. Por ahora, la empresa ni ha acudido a las mesas de negociación convocadas. Marín lamenta su realidad y la de sus compañeros de la zona aledaña despiezada: “Esta era una de las plantas más grandes del pueblo y mira ahora”. Mientras, en Palma del Río comparten el disgusto, mientras ven marchitarse a uno de los buques insignias que, además, era la única planta que exprimía y envasaba todas esas hectáreas de naranjos que pueblan los alrededores del pueblo. “Es muy doloroso contemplar este proceso”, reconoce apesadumbrada la alcaldesa Caro.