Trabajo lanza una consulta para regular la participación de sindicatos y patronales en las instituciones públicas

La importancia que ha adquirido el diálogo social, singularmente durante los dos últimos años, exige el reconocimiento de los derechos y las obligaciones de aquellas organizaciones que participan en la toma de decisiones tan relevantes como la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o la subida del salario mínimo interprofesional. Sobre la base de este planteamiento, el Ministerio de Trabajo se encuentra inmerso en la elaboración de una Ley de Participación Institucional con la que busca regular la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en los organismos integrados en la Administración General del Estado que tengan funciones de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, como la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) o el Consejo Económico y Social (CES). Para ello, ha decidido convocar una consulta pública con la que recabar la opinión tanto de personas físicas u organismos que se vean afectados o no por la nueva norma. Esta consulta tendrá lugar entre el 28 de mayo y el 11 de junio, ambos inclusive, a través de la página web del ministerio.

La nueva ley se nutre del derecho a la participación institucional que otorga el artículo 129 de la constitución a sindicatos y patronales, y en donde se determina que “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa”. Sin embargo, según Trabajo, la falta de desarrollo de este artículo “ha motivado que la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales se produzca de modo informal”, lo que ha provocado que “no quede establecido de modo concreto y heterogéneo el marco de derechos y obligaciones que corresponde a las organizaciones sindicales y empresariales”.

Junto con la puesta en marcha de esta ley, desde el departamento que dirige Yolanda Díaz barajan la elaboración de un articulado que haga referencia a la participación institucional de estas organizaciones en los acuerdos tripartitos y acuerdos marco.

Entre 2020 y 2021 se cerraron más de una docena de acuerdos en el marco del diálogo social entre el Gobierno, los sindicatos mayoritarios (UGT y CC OO), y las patronales CEOE y Cepyme. Sin embargo, hace un mes la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para ser reconocida como organización representativa de las pequeñas y medianas empresas, y hacerse con una silla en las distintas mesas de negociación.

No es la primera vez que sucede un enfrentamiento en cuanto a qué organización debe ostentar la representatividad de un colectivo de empresas. En Cataluña, las patronales Pimec y Fomento del Trabajo ―la principal organización empresarial´en esa comunidad, y adscrita a CEOE―, acordaron en 2019 que ambas ejercerían labores de interlocución en las mesas de negociación durante los siguientes diez años.