Merlin Properties quiere ser el mayor casero español de centros de datos

Merlin Properties, la mayor compañía inmobiliaria de la Bolsa española, ya tiene el primer inquilino para sus futuros centros de datos, un negocio en el que está a punto de entrar (ha obtenido la licencia para la construcción de un inmueble de este tipo en Bilbao) y que espera que en cinco años le aporte un 15% de su facturación. “Nuestra intención es convertirnos en líderes del mercado”, ha dicho el consejero delegado de la compañía, Ismael Clemente, en la junta general de accionistas que se ha celebrado este miércoles en Madrid.

La reunión ha servido para repasar los planes de la socimi (sociedad cotizada de inversión inmobiliaria) en este segmento del mercado que se está abriendo camino en España. Los centros de datos son naves que alojan los servidores donde se almacena la ingente cantidad de datos que requieren las compañías tecnológicas, necesarios para llevar a buen término una operación bancaria o para reproducir un vídeo en plataformas de streaming. Los planes de Merlin pasan por desarrollar cuatro centros en la Península Ibérica (además del de Bilbao, otros tres pendientes de licencia que se ubicarán en las inmediaciones de Barcelona, Madrid y Lisboa) que sumarán en sus dos primeras fases 70 megavatios de capacidad (en estos inmuebles, los alquileres no se basan en metros cuadrados, sino en esta medida) y le reportarán unos 75 millones en rentas de alquiler. Aunque en la presentación a los accionistas no se especifica, Clemente ha detallado en un encuentro posterior con la prensa que estos objetivos se plantean aproximadamente cuando finalice el actual plan quinquenal de la empresa; es decir, entre finales de 2026 y principios de 2027.

La inmobiliaria lleva tres años trabajando en estos planes, ha indiciado el primer ejecutivo, y pese a que todavía no tiene ningún centro (la construcción del primero se espera terminar el año que viene) ya tiene un acuerdo de prealquiler con un inquilino. Como los centros de datos están rodeados de grandes medidas de seguridad, la confidencialidad es obligada y la socimi solo ha desvelado que se trata de un inquilino “de la máxima calidad”. No obstante, la firma plantea una apuesta escalable en la que los 70 megavatios de las primeras fases podrían ampliarse hasta 236 megavatios en ampliaciones sucesivas de capacidad en esas mismas localizaciones.

Las socimis con compañías cuyo negocio viene del alquiler de activos inmobiliarios. Se trata de una figura societaria que existe en muchos otros países (internacionalmente se conocen por las siglas REIT) con ventajas fiscales relativamente parecidas. En España, tributan por el impuesto de sociedades a tipo cero (es decir, no lo pagan) a cambio de repartir anualmente un 80% de su beneficio en dividendos, lo que sí tiene repercusión fiscal sobre sus perceptores. En el caso de Merlin, su foco son tres mercados de la península Ibérica (Madrid, Barcelona y Lisboa) y lo que más alquila son edificios de oficinas (57%), centros comerciales (20%) y naves logísticas (16%). Como resultado del florecimiento de los centros de datos en su negocio, para 2026 espera que las oficinas y los centros comerciales pierdan peso en su cartera (para representar un 50% y un 15%, respectivamente), mientras la logística crecerá ligeramente (hasta el 20%).

La junta de accionistas de este miércoles ha servido además para ratificar las cuentas del año pasado, cuando la empresa ganó 512 millones, y todos los puntos que se sometían a votación. Estos incluían la nueva política de remuneraciones de la compañía, un asunto que en el pasado generó voto de castigo en las juntas y zozobra en el consejo de administración. El pasado diciembre, la firma afrontó una crisis insólita en la que el primer accionista (Banco Santander) convocó al consejo de urgencia para destituir a Clemente. Aunque se alegaban desencuentros entre el consejero delegado y el presidente (Javier García-Carranza, nombrado a propuesta del Santander), fuentes próximas al consejo también aludían a diferencias sobre las retribuciones.

La crisis se saldó con el respaldo unánime a la renovación de Clemente y de todos los consejeros que cesaban este año y con la elaboración de una nueva política de remuneraciones que limita considerablemente lo que pueden percibir los dos consejeros ejecutivos (Clemente y su mano derecha, Miguel Ollero). Estos ganaron el año pasado 6,9 y 6,4 millones, respectivamente. Con la nueva política, su salario base se fija en un millón, con variables que en el caso del consejero delegado no pueden superar los dos millones (por cada concepto, a corto y largo plazo) y, en el caso del director general operativo, tienen como tope otro millón en el variable a corto y 1,5 millones en el de largo plazo. Las acciones de la socimi, la única que cotiza en el Ibex-35 junto con Colonial, han perdido en la jornada de este miércoles un 1,08% de su valor (hasta los 10,10 euros), en línea con el retroceso que ha experimentado el principal selectivo español (-1,04%).