Todas las sanciones a Rusia, de un vistazo: así actúa la UE para estrangular la economía de Putin

La Unión Europea ha aprobado cuatro paquetes de sanciones contra Rusia en una especie de guerra económica. Se suman a las que existían desde 2014, tras la anexión ilegal de Crimea por parte del Kremlin, con el objetivo de golpear la moneda rusa, sus finanzas, su tecnología, cada sector económico, y a sus principales políticos y oligarcas.

A continuación, se enumeran y se explican todas las sanciones, ordenadas en ocho ejes de la ofensiva europea.

A los dos días de invasión llegó la sanción que muchos juzgan como la más severa: se actuó para impedir que el banco central de Rusia pudiese usar sus reservas de divisas en el extranjero. Fue una decisión conjunta de las grandes jurisdicciones mundiales, de la UE, EE UU, el Reino Unido, Canadá, Japón, Australia y Suiza.

En palabras del ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire: “Vamos a provocar el colapso de la economía rusa”.

¿Cómo funciona? El banco central de Rusia tiene una reserva de divisas extranjeras para dar estabilidad al rublo y ser el último recurso de bancos y corporaciones rusas. Esas reservas, que ascienden a 640.000 millones de dólares (582.000 millones de euros), eran consideradas el escudo ruso contra las sanciones económicas. Sin embargo, la mayoría no es efectivo en dólares o euros, sino en forma de documento, un apunte contable electrónico en un banco occidental.

Esa digitalización ha sido clave, como explica Michael S. Bernstam, de la Universidad de Stanford, en el Financial Times: “Rusia posee [sus reservas], pero los emisores occidentales controlan el acceso a ellas”. El 28 de febrero, se cerró el acceso de Rusia a estos activos, los congelaron y prohibieron todas las transacciones con su banco central, que no puede vender valores ni retirar efectivo de bancos occidentales. Según sus cálculos, “el banco central ruso y los rusos perdieron el acceso al 60% de sus reservas de divisas”.

Como han recalcado Joshua Kirschenbaum y Nicolas Véron, del Peterson Institute, no hay precedentes de una acción coordinada de todo el G-7 contra un banco central.

El 23 de febrero, tras el mensaje de Putin reconociendo la independencia de Donetsk y Lugansk, y un día antes de la invasión, la UE reactivó su política de sanciones a personas ligadas a Rusia. En la lista, vigente desde 2014 como respuesta a la crisis de Crimea, había hasta ese día 190 personas que tenían prohibida la entrada en la Unión y cuyos activos en los Estados miembros debían ser congelados.

Los primeros en ser sancionados fueron los 351 miembros de la Duma, el Parlamento ruso, que votaron a favor de la independencia de las regiones separatistas de Donbás. Después, la lista se ha ido engrosando hasta incluir a 877 personas y a 62 entidades asociadas.

En ella figuran destacados oligarcas y miembros de las élites próximas a Putin, empresarios de sectores económicos que contribuyen de manera importante a los ingresos del régimen, militares que han colaborado en la invasión y propagandistas acusados de difundir desinformación. Las entidades sancionadas incluyen compañías dedicadas a la aviación, fabricantes de armas o navieras, entre otras.

Las autoridades de países europeos han inmovilizado activos de personas de la lista, como mansiones, yates, empresas y aviones.

Se han impuesto algunas sanciones al sector energético ruso, que es su principal motor económico. Con el propósito de lastrar su capacidad de innovación, se ha prohibido exportar a Rusia tecnología para el refinado de petróleo, y del sector energético en general, con la excepción de la industria nuclear.

Sin embargo, la Unión Europea no ha interrumpido de momento la compra de gas y petróleo llegado de Rusia, como sí ha hecho EE UU. Es una de las medidas adicionales que todavía podrían tomarse más adelante. Sería grave para la economía rusa, porque esas exportaciones le suponen grandes ingresos, pero también para los países europeos que dependen de esos flujos para sus hogares y empresas.

La primera sanción del ámbito financiero se impuso el 23 de febrero: una restricción a la inversión en entidades rusas. Ese día la Unión Europea dejó clara su disposición a adoptar más sanciones económicas “de gran alcance”, que llegaron pronto. Tras la invasión, se limitó el acceso de las entidades rusas a los principales mercados de capitales, y se prohibió el suministro de billetes de euro a esta economía.

La desconexión de siete bancos rusos del sistema internacional de pagos SWIFT ha sido la acción más mediática de este bloque, puesto que inicialmente se consideró poco probable. El Kremlin había advertido de que esta medida sería considerada una “declaración de guerra”.

Antes de la invasión se restringió la actividad de empresas europeas en las regiones separatistas del Donbás. La UE prohibió el comercio de bienes y tecnologías de transporte, telecomunicaciones, petróleo, gas y recursos minerales para su uso en estas regiones, y también importar mercancías salidas de allí. El objetivo era inequívoco: “Garantizar que las personas responsables de las acciones ilegales y agresivas sufran las consecuencias económicas de dicha actuación”.

Más tarde, en la cuarta ronda de sanciones, se impusieron limitaciones a la industria siderúrgica rusa. Se prohibió importar, comprar y transportar productos como tuberías, chapas y alambres. La restricción golpea de lleno a un gigante como Severstal, una compañía pilotada por el oligarca Alexei Mordashov, que vende cada año tres millones de toneladas de acero a la Unión Europea.

Desde el 15 de marzo, tampoco se permite exportar ni vender productos de lujo para su uso en Rusia. Eso incluye, entre otros, bebidas alcohólicas, cosméticos, relojes y piedras preciosas (cuyo valor supere los 300 euros); dispositivos electrónicos (de más de 1.000) o vehículos (de más de 50.000).

Las restricciones al sector militar ruso intentan, además de bloquear el comercio de armas con el país, frenar la exportación de material de doble uso, es decir, tecnologías que tienen uso civil, pero que también son útiles a un ejército. Eso incluye objetos como radares o aparatos de geolocalización.

La UE menciona directamente empresas como Rosoboronexport, una filial del gigante estatal Rostec que produce entre otras armas el fusil Kalashnikov. La compañía, controlada por el magnate Serguéi Chemezov, supervisa la investigación y el desarrollo militar en Rusia. Según cifras de la UE, ha vendido armas a clientes de todo el mundo por valor de 180.000 millones de dólares (163.673 millones de euros) entre 2000 y 2020.

Varias sanciones han golpeado el transporte ruso por aire y mar, claves para su abastecimiento desde el exterior y su conectividad. Se ha prohibido vender aviones, recambios y equipamiento a las compañías aéreas rusas (25 de febrero), que es relevante porque tres cuartas partes de su flota comercial se construyó en la UE, EE UU y Canadá, según el Consejo de Europa.

Los Veintisiete también acordaron cerrar el espacio aéreo a los aviones rusos, tanto comerciales como privados. La principal aerolínea rusa, Aeroflot, volaba hasta febrero a destinos como Milán, Berlín, Múnich o París varias veces por semana. Ha cancelado todos sus vuelos en Europa y las conexiones con países de América Latina.

Otras medidas tienen poco impacto económico, pero un importante significado político: la UE ha limitado los visados diplomáticos y la maquinaria mediática rusa.

La Unión suspendió los privilegios para las personas con pasaportes diplomáticos, un primer paso para limitar los movimientos de los ciudadanos rusos en suelo europeo. Una semana después, mandó desconectar en la UE las cuentas en redes sociales y los canales de televisión de Sputnik y RT (antes Russia Today), financiados y controlados por el Kremlin. Según explicó el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, la difusión de desinformación suponía una amenaza “importante y directa contra el orden público y la seguridad de la Unión”. Se trata de una decisión inédita en la historia de la Unión.